Juan Manuel Mendez Sanchez
Expediente 180/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Mendez Sanchez
Actuaciones
- Principal
III. Agréguese sin mayor acuerdo el oficio enviado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, por el cual devuelve diligenciado el despacho 85/2018 C.O. 597/2018 del índice de este juzgado, enviado a efecto de notificar al quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, el proveído de trece de abril del año en curso, sin que sea necesario emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de diecisiete del referido mes se acordó lo conducente, al haberse recibido dicha comunicación oficial vía electrónica.
- Principal
III. Agréguese únicamente como antecedente¸ el telegrama enviado por el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano del acto reclamado, decretada en acuerdo de trece de abril del año en curso, al quejoso Juan Manuel Méndez Sánchez; lo anterior, toda vez que en proveído de diecisiete de abril mencionado, se tuvo por no presentada la demanda, al no haber ratificado el citado quejoso el escrito presentado por Martha Alicia Mendoza Espinoza.
- Principal
III. Téngase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, a través del oficio de cuenta, devolviendo debidamente diligenciado el despacho 85/2018 C.O. 597/2018 del índice de este juzgado, enviado a efecto de notificar al quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, el proveído de trece de abril del año en curso. Dése de baja en el libro respectivo la comunicación que se recepciona; acúsese recibo. Ahora, como se advierte del acta de notificación de trece de abril que transcurre, levantada por la Actuaria adscrita al juzgado Primero Penal despachado, se advierte que al constituirse en el domicilio de Juan Manuel Méndez Sánchez, éste le manifestó que "., y no es mi deseo ratificar la demanda de amparo promovida a mi favor toda vez que ya me encuentro libre y ya no me encuentro incomunicado, así como tampoco sufrí tortura alguna hacia mi persona y no firmo por no considerarlo necesario." Por tanto, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS, por Martha Alicia Mendoza Espinoza en favor del quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez; quedando sin efectos las providencias dictadas en auto de trece de abril de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno.
- Principal
Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase por recibido el oficio 205/2018-JL, suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, al que anexa la demanda de amparo promovida por Martha Alicia Mendoza Espinoza, en favor del quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, contra actos del Fiscal Regional y otras autoridades, residentes en aquélla ciudad, la que recibió en auxilio de la Justicia Federal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Acúsese recibo de estilo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 180/2018-III. La promovente manifiesta en su demanda que les asiste el carácter de autoridades responsables a las siguientes: Fiscal Regional. Director Regional de Carpetas de Investigación. Director Regional de Litigación. Comandante y/o Encargado de la Policía Michoacana. Agente del Ministerio Público en atención Temprana. Agente del Ministerio Público de Alto Impacto. Primer Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Todas con sede en Apatzingán, Michoacán. A QUIENES SE LES RECLAMA: La privación ilegal de la libertad e incomunicación de que está siendo objeto el quejoso. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126, en relación con el 164 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE PLANO los actos tendientes a la detención del aquí quejoso, para el efecto de que si el acto reclamado consiste en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese su detención poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público; de igual manera, si la detención del quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión surte efectos para que sea puesto en inmediata libertad. Asimismo, con apoyo en el artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención del mismo, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Y por lo que hace a la incomunicación y la privación de la libertad de que fue objeto, según lo precisa la promovente, con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a mantener incomunicado al agraviado directo y hacerlo objeto de tortura física o moral, o de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten su integridad personal; esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que dén cumplimiento a la suspensión que ahora se concede, precisando, en su caso, la fecha y hora exacta de la detención del quejoso directo, así como su puesta en libertad, en caso de que proceda; o bien, indiquen la fecha y hora en que haya sido puesto a disposición de las autoridades competentes; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, párrafo tercero, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables, para que rindan su informe, por vía fax, al teléfono 52 8 01 58 o bien al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se emita vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Atendiendo a que la promovente del amparo indica que el quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, fue privado de la libertad por elementos de la Policía Michoacán, por lo que al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía Regional, instalaciones de la Procuraduría General de la Republica y Centro de Reinserción Social de Apatzingán, Michoacán, le indicaron que no tenían ningún detenido. Por tanto, a efecto de no violar los derechos fundamentales del quejoso, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, vía fax, gírese atento despacho al Juez Primera Instancia en Materia Penal, en turno, con residencia en Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene al Actuario Judicial de su adscripción, se constituya en las instalaciones de la Policía Michoacán; la Ministerial del Estado, además de la Federal Ministerial, y en cualquier otra instalación relativa a diversa corporación policiaca, así como en las casas de arraigo ubicadas en aquella ciudad, o en cualquier dependencia en las que se advierta que cuenten con separos; a efecto de localizar al quejoso directo y lo requiera para que en ese mismo momento ratifique la demanda o bien, lo haga por escrito dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que quede legalmente notificado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, el Actuario encargado de la diligencia, deberá requerir al quejoso directo, para que en el mismo término manifieste si es su deseo en designar como autorizada a la promovente de la demanda; apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna al respecto, dicha persona no podrá actuar en este juicio de garantías de propio derecho, pues su actuación queda limitada a la promoción de la demanda inicial. En caso de que no localice al agraviado, deberá investigar el lugar en que pudiera encontrarse, relacionado con las instalaciones de las responsables o en cualquier dependencia en la que existan lugares de reclusión, de todo ello, deberá realizar la debida constancia pormenorizada para los efectos legales conducentes; y de encontrar al quejoso en alguno de estos lugares deberá proceder en los términos arriba indicados. Asimismo, el servidor público designado a la búsqueda del quejoso directo deberá cerciorarse si éste se encuentra o no privado de su libertad, incomunicado o en una situación que lo ponga en riesgo de ser privado de la vida; de estas circunstancias deberá asentar razón detallada. De igual manera, deberá levantar constancia del estado físico en que se encuentre, esto es, si presenta huellas de violencia, cuestionándole en qué consiste la incomunicación de que está siendo objeto. Igualmente, deberá hacer del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el peticionario de garantías, de los términos bajo los cuales le fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto, lo cual deberá asentar en la constancia que se levante en cumplimiento de lo ordenado y remita a la brevedad posible las constancias correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables bajo cuya custodia se encuentren el quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, que deberán permitir al Actuario el acceso a todos los lugares y dependencias a que acuda y que sean idóneos para reclusión de personas; de no ser así, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, ya que la violación del presente mandamiento equivale a la comisión de un delito, como lo establece el citado numeral. Sin que sea necesario, ordenar la apertura de los incidentes de suspensión, en razón a lo acordado en párrafos precedentes. Por otra parte, en atención a la razón de seis de abril del año en curso, levantada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, donde manifiesta la imposibilidad para entregar los comunicados dirigidos al Primero y Segundo y Comandante de la Policía Ministerial, Agente del Ministerio Público de Alto Impacto y Director de Carpetas de Investigación, toda vez que al constituirse, en las oficinas que ocupa la Agencia de Investigación y Análisis, fue informado por Alejandra Escamilla García, secretaria de guardia, que no tienen primer ni segundo comandante ni tampoco Agente del Ministerio Público de Alto Impacto Por tanto, con apoyo en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de la inexistencia de dichas autoridades; apercibidas que de no hacer manifestación alguna, se les dejará de tener como responsables y se ordenará suspender toda comunicación que les resulte. Por otra parte, agréguense a los autos sin mayor acuerdo, los oficios enviados por el Coordinador Regional de la Policía Michoacán y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana II de la Fiscalía Regional de Justicia, todos con residencia en Apatzingán, Michoacán, mediante los cuales rinden informe previo y justificado, toda vez que no se les han solicitado. Para estar en condiciones de proveer lo conducente, respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de detención dictada en contra del quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, con fundamento en el artículo 108, fracción I, además del numeral 10, ambos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la promovente del amparo, para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Acredite con el documento idóneo la personalidad con la que promueve en el presente asunto; toda vez que, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, pero sólo en aquellos casos que establecen los artículos 15 y 109 de la ley de la materia, lo que en el caso no acontece, respecto del acto reclamado consistente en la orden de detención y su ejecución. Lo anterior, en atención a que la orden de detención es dictada por una autoridad ministerial dentro de un procedimiento penal y el invocado artículo 15 de la Ley de Amparo, indica que el juicio de garantías, podrá promoverlo cualquier persona en nombre del quejoso directo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; circunstancia que como ya se indicó, no ocurre en el juicio de amparo en que se actúa. En apoyo a la anterior consideración, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, Materia Común, que dispone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido que de no hacerlo, por lo que ve a tal acto reclamado, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, únicamente respecto de dicho acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por designado como domicilio para recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el ubicado en la Paseo de la Cima esquina con calle Jardín local 1, colonia Lomas del Valle Norte; asimismo, se tiene como persona autorizada para tales efectos, con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Pasaya Bences, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, bajo el consecutivo 14377. Y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con el párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Mendoza Villaseñor toda vez que no cumple con dicho requisito y Gonzalo Isidoro Agustín, toda vez que refiere es pasante en derecho. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a la promovente del amparo y mediante oficio y telegrama a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Mario Alvez Cuevas, secretario que autoriza y da fe.MAC*lecmSECC. AMPARO PRAL. 180/2018-III. OFICIOS 4619 FISCAL REGIONAL. DIRECTOR REGIONAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN. DIRECTOR REGIONAL DE LITIGACIÓN. COMANDANTE Y/O ENCARGADO DE LA POLICÍA MICHOACANA. 4623 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ATENCIÓN TEMPRANA. TODAS CON SEDE EN APATZINGÁN, MICHOACÁN. EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 180/2018-III, PROMOVIDO POR MARTHA ALICIA MENDOZA ESPINOZA, EN FAVOR DEL QUEJOSO DIRECTO JUAN MANUEL MENDOZA ESPINOZA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Uruapan, Michoacán, trece de abril de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase por recibido el oficio 205/2018-JL, suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, al que anexa la demanda de amparo promovida por Martha Alicia Mendoza Espinoza, en favor del quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, contra actos del Fiscal Regional y otras autoridades, residentes en aquélla ciudad, la que recibió en auxilio de la Justicia Federal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Acúsese recibo de estilo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 180/2018-III. La promovente manifiesta en su demanda que les asiste el carácter de autoridades responsables a las siguientes: Fiscal Regional. Director Regional de Carpetas de Investigación. Director Regional de Litigación. Comandante y/o Encargado de la Policía Michoacana. Agente del Ministerio Público en atención Temprana. Agente del Ministerio Público de Alto Impacto. Primer Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Todas con sede en Apatzingán, Michoacán. A QUIENES SE LES RECLAMA: La privación ilegal de la libertad e incomunicación de que está siendo objeto el quejoso. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126, en relación con el 164 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE PLANO los actos tendientes a la detención del aquí quejoso, para el efecto de que si el acto reclamado consiste en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese su detención poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público; de igual manera, si la detención del quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión surte efectos para que sea puesto en inmediata libertad. Asimismo, con apoyo en el artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención del mismo, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Y por lo que hace a la incomunicación y la privación de la libertad de que fue objeto, según lo precisa la promovente, con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a mantener incomunicado al agraviado directo y hacerlo objeto de tortura física o moral, o de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten su integridad personal; esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que dén cumplimiento a la suspensión que ahora se concede, precisando, en su caso, la fecha y hora exacta de la detención del quejoso directo, así como su puesta en libertad, en caso de que proceda; o bien, indiquen la fecha y hora en que haya sido puesto a disposición de las autoridades competentes; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, párrafo tercero, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables, para que rindan su informe, por vía fax, al teléfono 52 8 01 58 o bien al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se emita vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Atendiendo a que la promovente del amparo indica que el quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, fue privado de la libertad por elementos de la Policía Michoacán, por lo que al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía Regional, instalaciones de la Procuraduría General de la Republica y Centro de Reinserción Social de Apatzingán, Michoacán, le indicaron que no tenían ningún detenido. Por tanto, a efecto de no violar los derechos fundamentales del quejoso, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, vía fax, gírese atento despacho al Juez Primera Instancia en Materia Penal, en turno, con residencia en Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene al Actuario Judicial de su adscripción, se constituya en las instalaciones de la Policía Michoacán; la Ministerial del Estado, además de la Federal Ministerial, y en cualquier otra instalación relativa a diversa corporación policiaca, así como en las casas de arraigo ubicadas en aquella ciudad, o en cualquier dependencia en las que se advierta que cuenten con separos; a efecto de localizar al quejoso directo y lo requiera para que en ese mismo momento ratifique la demanda o bien, lo haga por escrito dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que quede legalmente notificado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, el Actuario encargado de la diligencia, deberá requerir al quejoso directo, para que en el mismo término manifieste si es su deseo en designar como autorizada a la promovente de la demanda; apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna al respecto, dicha persona no podrá actuar en este juicio de garantías de propio derecho, pues su actuación queda limitada a la promoción de la demanda inicial. En caso de que no localice al agraviado, deberá investigar el lugar en que pudiera encontrarse, relacionado con las instalaciones de las responsables o en cualquier dependencia en la que existan lugares de reclusión, de todo ello, deberá realizar la debida constancia pormenorizada para los efectos legales conducentes; y de encontrar al quejoso en alguno de estos lugares deberá proceder en los términos arriba indicados. Asimismo, el servidor público designado a la búsqueda del quejoso directo deberá cerciorarse si éste se encuentra o no privado de su libertad, incomunicado o en una situación que lo ponga en riesgo de ser privado de la vida; de estas circunstancias deberá asentar razón detallada. De igual manera, deberá levantar constancia del estado físico en que se encuentre, esto es, si presenta huellas de violencia, cuestionándole en qué consiste la incomunicación de que está siendo objeto. Igualmente, deberá hacer del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el peticionario de garantías, de los términos bajo los cuales le fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto, lo cual deberá asentar en la constancia que se levante en cumplimiento de lo ordenado y remita a la brevedad posible las constancias correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables bajo cuya custodia se encuentren el quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, que deberán permitir al Actuario el acceso a todos los lugares y dependencias a que acuda y que sean idóneos para reclusión de personas; de no ser así, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, ya que la violación del presente mandamiento equivale a la comisión de un delito, como lo establece el citado numeral. Sin que sea necesario, ordenar la apertura de los incidentes de suspensión, en razón a lo acordado en párrafos precedentes. Por otra parte, en atención a la razón de seis de abril del año en curso, levantada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, donde manifiesta la imposibilidad para entregar los comunicados dirigidos al Primero y Segundo y Comandante de la Policía Ministerial, Agente del Ministerio Público de Alto Impacto y Director de Carpetas de Investigación, toda vez que al constituirse, en las oficinas que ocupa la Agencia de Investigación y Análisis, fue informado por Alejandra Escamilla García, secretaria de guardia, que no tienen primer ni segundo comandante ni tampoco Agente del Ministerio Público de Alto Impacto Por tanto, con apoyo en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de la inexistencia de dichas autoridades; apercibidas que de no hacer manifestación alguna, se les dejará de tener como responsables y se ordenará suspender toda comunicación que les resulte. Por otra parte, agréguense a los autos sin mayor acuerdo, los oficios enviados por el Coordinador Regional de la Policía Michoacán y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana II de la Fiscalía Regional de Justicia, todos con residencia en Apatzingán, Michoacán, mediante los cuales rinden informe previo y justificado, toda vez que no se les han solicitado. Para estar en condiciones de proveer lo conducente, respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de detención dictada en contra del quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, con fundamento en el artículo 108, fracción I, además del numeral 10, ambos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la promovente del amparo, para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Acredite con el documento idóneo la personalidad con la que promueve en el presente asunto; toda vez que, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, pero sólo en aquellos casos que establecen los artículos 15 y 109 de la ley de la materia, lo que en el caso no acontece, respecto del acto reclamado consistente en la orden de detención y su ejecución. Lo anterior, en atención a que la orden de detención es dictada por una autoridad ministerial dentro de un procedimiento penal y el invocado artículo 15 de la Ley de Amparo, indica que el juicio de garantías, podrá promoverlo cualquier persona en nombre del quejoso directo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; circunstancia que como ya se indicó, no ocurre en el juicio de amparo en que se actúa. En apoyo a la anterior consideración, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, Materia Común, que dispone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido que de no hacerlo, por lo que ve a tal acto reclamado, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, únicamente respecto de dicho acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por designado como domicilio para recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el ubicado en la Paseo de la Cima esquina con calle Jardín local 1, colonia Lomas del Valle Norte; asimismo, se tiene como persona autorizada para tales efectos, con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Pasaya Bences, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, bajo el consecutivo 14377. Y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con el párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Mendoza Villaseñor toda vez que no cumple con dicho requisito y Gonzalo Isidoro Agustín, toda vez que refiere es pasante en derecho. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a la promovente del amparo y mediante oficio y telegrama a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Mario Alvez Cuevas, secretario que autoriza y da fe. LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CORRESPODIENTES. ATENTAMENTE URUAPAN, MICHOACÁN, 13 DE ABRIL DE 2018. EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. MARIO ALVEZ CUEVAS. Uruapan, Michoacán, trece de abril de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase por recibido el oficio 205/2018-JL, suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, al que anexa la demanda de amparo promovida por Martha Alicia Mendoza Espinoza, en favor del quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, contra actos del Fiscal Regional y otras autoridades, residentes en aquélla ciudad, la que recibió en auxilio de la Justicia Federal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Acúsese recibo de estilo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 180/2018-III. La promovente manifiesta en su demanda que les asiste el carácter de autoridades responsables a las siguientes: Fiscal Regional. Director Regional de Carpetas de Investigación. Director Regional de Litigación. Comandante y/o Encargado de la Policía Michoacana. Agente del Ministerio Público en atención Temprana. Agente del Ministerio Público de Alto Impacto. Primer Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Todas con sede en Apatzingán, Michoacán. A QUIENES SE LES RECLAMA: La privación ilegal de la libertad e incomunicación de que está siendo objeto el quejoso. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126, en relación con el 164 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE PLANO los actos tendientes a la detención del aquí quejoso, para el efecto de que si el acto reclamado consiste en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese su detención poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público; de igual manera, si la detención del quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión surte efectos para que sea puesto en inmediata libertad. Asimismo, con apoyo en el artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención del mismo, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Y por lo que hace a la incomunicación y la privación de la libertad de que fue objeto, según lo precisa la promovente, con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a mantener incomunicado al agraviado directo y hacerlo objeto de tortura física o moral, o de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten su integridad personal; esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que dén cumplimiento a la suspensión que ahora se concede, precisando, en su caso, la fecha y hora exacta de la detención del quejoso directo, así como su puesta en libertad, en caso de que proceda; o bien, indiquen la fecha y hora en que haya sido puesto a disposición de las autoridades competentes; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, párrafo tercero, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables, para que rindan su informe, por vía fax, al teléfono 52 8 01 58 o bien al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se emita vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Atendiendo a que la promovente del amparo indica que el quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, fue privado de la libertad por elementos de la Policía Michoacán, por lo que al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía Regional, instalaciones de la Procuraduría General de la Republica y Centro de Reinserción Social de Apatzingán, Michoacán, le indicaron que no tenían ningún detenido. Por tanto, a efecto de no violar los derechos fundamentales del quejoso, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, vía fax, gírese atento despacho al Juez Primera Instancia en Materia Penal, en turno, con residencia en Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene al Actuario Judicial de su adscripción, se constituya en las instalaciones de la Policía Michoacán; la Ministerial del Estado, además de la Federal Ministerial, y en cualquier otra instalación relativa a diversa corporación policiaca, así como en las casas de arraigo ubicadas en aquella ciudad, o en cualquier dependencia en las que se advierta que cuenten con separos; a efecto de localizar al quejoso directo y lo requiera para que en ese mismo momento ratifique la demanda o bien, lo haga por escrito dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que quede legalmente notificado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, el Actuario encargado de la diligencia, deberá requerir al quejoso directo, para que en el mismo término manifieste si es su deseo en designar como autorizada a la promovente de la demanda; apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna al respecto, dicha persona no podrá actuar en este juicio de garantías de propio derecho, pues su actuación queda limitada a la promoción de la demanda inicial. En caso de que no localice al agraviado, deberá investigar el lugar en que pudiera encontrarse, relacionado con las instalaciones de las responsables o en cualquier dependencia en la que existan lugares de reclusión, de todo ello, deberá realizar la debida constancia pormenorizada para los efectos legales conducentes; y de encontrar al quejoso en alguno de estos lugares deberá proceder en los términos arriba indicados. Asimismo, el servidor público designado a la búsqueda del quejoso directo deberá cerciorarse si éste se encuentra o no privado de su libertad, incomunicado o en una situación que lo ponga en riesgo de ser privado de la vida; de estas circunstancias deberá asentar razón detallada. De igual manera, deberá levantar constancia del estado físico en que se encuentre, esto es, si presenta huellas de violencia, cuestionándole en qué consiste la incomunicación de que está siendo objeto. Igualmente, deberá hacer del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el peticionario de garantías, de los términos bajo los cuales le fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto, lo cual deberá asentar en la constancia que se levante en cumplimiento de lo ordenado y remita a la brevedad posible las constancias correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables bajo cuya custodia se encuentren el quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, que deberán permitir al Actuario el acceso a todos los lugares y dependencias a que acuda y que sean idóneos para reclusión de personas; de no ser así, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, ya que la violación del presente mandamiento equivale a la comisión de un delito, como lo establece el citado numeral. Sin que sea necesario, ordenar la apertura de los incidentes de suspensión, en razón a lo acordado en párrafos precedentes. Por otra parte, en atención a la razón de seis de abril del año en curso, levantada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, donde manifiesta la imposibilidad para entregar los comunicados dirigidos al Primero y Segundo y Comandante de la Policía Ministerial, Agente del Ministerio Público de Alto Impacto y Director de Carpetas de Investigación, toda vez que al constituirse, en las oficinas que ocupa la Agencia de Investigación y Análisis, fue informado por Alejandra Escamilla García, secretaria de guardia, que no tienen primer ni segundo comandante ni tampoco Agente del Ministerio Público de Alto Impacto Por tanto, con apoyo en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de la inexistencia de dichas autoridades; apercibidas que de no hacer manifestación alguna, se les dejará de tener como responsables y se ordenará suspender toda comunicación que les resulte. Por otra parte, agréguense a los autos sin mayor acuerdo, los oficios enviados por el Coordinador Regional de la Policía Michoacán y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana II de la Fiscalía Regional de Justicia, todos con residencia en Apatzingán, Michoacán, mediante los cuales rinden informe previo y justificado, toda vez que no se les han solicitado. Para estar en condiciones de proveer lo conducente, respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de detención dictada en contra del quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, con fundamento en el artículo 108, fracción I, además del numeral 10, ambos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la promovente del amparo, para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Acredite con el documento idóneo la personalidad con la que promueve en el presente asunto; toda vez que, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, pero sólo en aquellos casos que establecen los artículos 15 y 109 de la ley de la materia, lo que en el caso no acontece, respecto del acto reclamado consistente en la orden de detención y su ejecución. Lo anterior, en atención a que la orden de detención es dictada por una autoridad ministerial dentro de un procedimiento penal y el invocado artículo 15 de la Ley de Amparo, indica que el juicio de garantías, podrá promoverlo cualquier persona en nombre del quejoso directo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; circunstancia que como ya se indicó, no ocurre en el juicio de amparo en que se actúa. En apoyo a la anterior consideración, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, Materia Común, que dispone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido que de no hacerlo, por lo que ve a tal acto reclamado, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, únicamente respecto de dicho acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por designado como domicilio para recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el ubicado en la Paseo de la Cima esquina con calle Jardín local 1, colonia Lomas del Valle Norte; asimismo, se tiene como persona autorizada para tales efectos, con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Pasaya Bences, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, bajo el consecutivo 14377. Y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con el párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Mendoza Villaseñor toda vez que no cumple con dicho requisito y Gonzalo Isidoro Agustín, toda vez que refiere es pasante en derecho. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a la promovente del amparo y mediante oficio y telegrama a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Mario Alvez Cuevas, secretario que autoriza y da fe.SEC AMPARO PRAL. 180/2018-III. TELEGRAMA OFICIAL URGENTE FISCAL REGIONAL. DIRECTOR REGIONAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN. DIRECTOR REGIONAL DE LITIGACIÓN. COMANDANTE Y/O ENCARGADO DE LA POLICÍA MICHOACANA. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ATENCIÓN TEMPRANA. TODAS CON SEDE EN APATZINGÁN, MICHOACÁN. EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 180/2018-III, PROMOVIDO POR MARTHA ALICIA MENDOZA ESPINOZA, EN FAVOR DEL QUEJOSO DIRECTO JUAN MANUEL MENDOZA ESPINOZA, SE DICTÓ EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Uruapan, Michoacán, trece de abril de dos mil dieciocho. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase por recibido el oficio 205/2018-JL, suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, al que anexa la demanda de amparo promovida por Martha Alicia Mendoza Espinoza, en favor del quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, contra actos del Fiscal Regional y otras autoridades, residentes en aquélla ciudad, la que recibió en auxilio de la Justicia Federal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Acúsese recibo de estilo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 180/2018-III. La promovente manifiesta en su demanda que les asiste el carácter de autoridades responsables a las siguientes: Fiscal Regional. Director Regional de Carpetas de Investigación. Director Regional de Litigación. Comandante y/o Encargado de la Policía Michoacana. Agente del Ministerio Público en atención Temprana. Agente del Ministerio Público de Alto Impacto. Primer Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Todas con sede en Apatzingán, Michoacán. A QUIENES SE LES RECLAMA: La privación ilegal de la libertad e incomunicación de que está siendo objeto el quejoso. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126, en relación con el 164 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE PLANO los actos tendientes a la detención del aquí quejoso, para el efecto de que si el acto reclamado consiste en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese su detención poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público; de igual manera, si la detención del quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión surte efectos para que sea puesto en inmediata libertad. Asimismo, con apoyo en el artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención del mismo, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. Y por lo que hace a la incomunicación y la privación de la libertad de que fue objeto, según lo precisa la promovente, con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a mantener incomunicado al agraviado directo y hacerlo objeto de tortura física o moral, o de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten su integridad personal; esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que dén cumplimiento a la suspensión que ahora se concede, precisando, en su caso, la fecha y hora exacta de la detención del quejoso directo, así como su puesta en libertad, en caso de que proceda; o bien, indiquen la fecha y hora en que haya sido puesto a disposición de las autoridades competentes; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, párrafo tercero, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables, para que rindan su informe, por vía fax, al teléfono 52 8 01 58 o bien al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se emita vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Atendiendo a que la promovente del amparo indica que el quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, fue privado de la libertad por elementos de la Policía Michoacán, por lo que al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía Regional, instalaciones de la Procuraduría General de la Republica y Centro de Reinserción Social de Apatzingán, Michoacán, le indicaron que no tenían ningún detenido. Por tanto, a efecto de no violar los derechos fundamentales del quejoso, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, vía fax, gírese atento despacho al Juez Primera Instancia en Materia Penal, en turno, con residencia en Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene al Actuario Judicial de su adscripción, se constituya en las instalaciones de la Policía Michoacán; la Ministerial del Estado, además de la Federal Ministerial, y en cualquier otra instalación relativa a diversa corporación policiaca, así como en las casas de arraigo ubicadas en aquella ciudad, o en cualquier dependencia en las que se advierta que cuenten con separos; a efecto de localizar al quejoso directo y lo requiera para que en ese mismo momento ratifique la demanda o bien, lo haga por escrito dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que quede legalmente notificado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, el Actuario encargado de la diligencia, deberá requerir al quejoso directo, para que en el mismo término manifieste si es su deseo en designar como autorizada a la promovente de la demanda; apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna al respecto, dicha persona no podrá actuar en este juicio de garantías de propio derecho, pues su actuación queda limitada a la promoción de la demanda inicial. En caso de que no localice al agraviado, deberá investigar el lugar en que pudiera encontrarse, relacionado con las instalaciones de las responsables o en cualquier dependencia en la que existan lugares de reclusión, de todo ello, deberá realizar la debida constancia pormenorizada para los efectos legales conducentes; y de encontrar al quejoso en alguno de estos lugares deberá proceder en los términos arriba indicados. Asimismo, el servidor público designado a la búsqueda del quejoso directo deberá cerciorarse si éste se encuentra o no privado de su libertad, incomunicado o en una situación que lo ponga en riesgo de ser privado de la vida; de estas circunstancias deberá asentar razón detallada. De igual manera, deberá levantar constancia del estado físico en que se encuentre, esto es, si presenta huellas de violencia, cuestionándole en qué consiste la incomunicación de que está siendo objeto. Igualmente, deberá hacer del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el peticionario de garantías, de los términos bajo los cuales le fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto, lo cual deberá asentar en la constancia que se levante en cumplimiento de lo ordenado y remita a la brevedad posible las constancias correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables bajo cuya custodia se encuentren el quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, que deberán permitir al Actuario el acceso a todos los lugares y dependencias a que acuda y que sean idóneos para reclusión de personas; de no ser así, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, ya que la violación del presente mandamiento equivale a la comisión de un delito, como lo establece el citado numeral. Sin que sea necesario, ordenar la apertura de los incidentes de suspensión, en razón a lo acordado en párrafos precedentes. Por otra parte, en atención a la razón de seis de abril del año en curso, levantada por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, donde manifiesta la imposibilidad para entregar los comunicados dirigidos al Primero y Segundo y Comandante de la Policía Ministerial, Agente del Ministerio Público de Alto Impacto y Director de Carpetas de Investigación, toda vez que al constituirse, en las oficinas que ocupa la Agencia de Investigación y Análisis, fue informado por Alejandra Escamilla García, secretaria de guardia, que no tienen primer ni segundo comandante ni tampoco Agente del Ministerio Público de Alto Impacto Por tanto, con apoyo en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de la inexistencia de dichas autoridades; apercibidas que de no hacer manifestación alguna, se les dejará de tener como responsables y se ordenará suspender toda comunicación que les resulte. Por otra parte, agréguense a los autos sin mayor acuerdo, los oficios enviados por el Coordinador Regional de la Policía Michoacán y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana II de la Fiscalía Regional de Justicia, todos con residencia en Apatzingán, Michoacán, mediante los cuales rinden informe previo y justificado, toda vez que no se les han solicitado. Para estar en condiciones de proveer lo conducente, respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de detención dictada en contra del quejoso directo Juan Manuel Méndez Sánchez, con fundamento en el artículo 108, fracción I, además del numeral 10, ambos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la promovente del amparo, para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Acredite con el documento idóneo la personalidad con la que promueve en el presente asunto; toda vez que, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, pero sólo en aquellos casos que establecen los artículos 15 y 109 de la ley de la materia, lo que en el caso no acontece, respecto del acto reclamado consistente en la orden de detención y su ejecución. Lo anterior, en atención a que la orden de detención es dictada por una autoridad ministerial dentro de un procedimiento penal y el invocado artículo 15 de la Ley de Amparo, indica que el juicio de garantías, podrá promoverlo cualquier persona en nombre del quejoso directo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; circunstancia que como ya se indicó, no ocurre en el juicio de amparo en que se actúa. En apoyo a la anterior consideración, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 48 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, Materia Común, que dispone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido que de no hacerlo, por lo que ve a tal acto reclamado, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, únicamente respecto de dicho acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por designado como domicilio para recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el ubicado en la Paseo de la Cima esquina con calle Jardín local 1, colonia Lomas del Valle Norte; asimismo, se tiene como persona autorizada para tales efectos, con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Pasaya Bences, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, bajo el consecutivo 14377. Y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con el párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Mendoza Villaseñor toda vez que no cumple con dicho requisito y Gonzalo Isidoro Agustín, toda vez que refiere es pasante en derecho. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; personalmente a la promovente del amparo y mediante oficio y telegrama a las autoridades responsables.
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