Juan Manuel Lugo Serrano
Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Lugo Serrano
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************DEFENSORA ACEPTA CARGO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, enviado vía electrónica por la licenciada ********************por medio del cual, acepta y protesta el cargo de Defensora Pública Federal del quejoso ********************para representarlo en el juicio de amparo en que se actúa.****************************************ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, atento a su solicitud, se autoriza la consulta vía electrónica del expediente en que se actúa y para ello, proporciona el nombre de usuario "********************", para tal efecto, de conformidad con el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************Por tanto, instrúyase al Oficial Judicial A, para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva.****************************************De igual forma, como lo refiere, se autoriza que las notificaciones personales que surjan en el presente asunto se practiquen a dicha defensora por vía electrónica mediante el referido usuario; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la Defensora Pública está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación.****************************************MEDIOS DE CONTACTO. Asimismo, téngasele proporcionando como medio de contacto la dirección de correo electrónico hsolisc@cjf.gob.mx; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por dicho medio, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé.************************************************************NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que el quejoso ********************se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; comisiónese a los actuarios adscritos a este juzgado, conforme al rol establecido, para que por su conducto, se constituya en el referido centro de reclusión y realice lo siguiente:****************************************Le notifique al agraviado ********************el presente proveído. ****************************************Se precisa que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario adscrito deberá especificar que se notifica el proveído de que se trata a la indicada persona.****************************************En razón de que las funciones del actuario se constriñen única y exclusivamente a comunicar a las partes las determinaciones dictadas dentro del juicio de amparo en que se actúa, y no a recibir peticiones por escrito de las partes que son notificadas, salvo que en la misma actuación que se notifique se ordene implícitamente a recabar alguna manifestación en atención a un requerimiento o a una vista otorgada con motivo a la tramitación normal del juicio de amparo.****************************************Por ende, se exhorta al justiciable que evite hacer manifestaciones de cualquier naturaleza en las constancias de notificación; que le son practicadas, pues cualquier tipo de petición la deberá realizar por escrito y presentarla ante esta autoridad, por los medios que consideren idóneos o a través de su defensor, quien como conocedor de la materia instara de la manera adecuada la misma y así estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda, aspectos con los que no se contraviene el derecho de petición a que alude el artículo 8 Constitucional (antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho).****************************************En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************NOTIFÍQUESE, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Lugo Serrano, por propio derecho, contra actos de la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 866/2023-III; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de dar celeridad al trámite del juicio de amparo indirecto número 336/2021, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, a fin de que concluyan cada una de sus fases y se dicte la sentencia respectiva. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. Ahora, en relación con dicho acto reclamado, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" Del precepto legal transcrito se desprenden dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: a) Contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo; y, b) Contra las resoluciones dictadas en ejecución de las mismas. El propósito de dicho supuesto consiste en evitar que lo decidido en un juicio de amparo sea sujeto a un nuevo medio de control de la misma naturaleza, debido a que -en consideración de la Primera Sala del Alto Tribunal- los procesos de garantías constitucionales se rigen por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que lo resuelto en definitiva no puede ser objeto de un nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, habida cuenta que no es posible supeditar una decisión que se encuentra firme a la promoción de un número interminable de juicios de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, por los motivos que expone la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." De este modo, el hecho de que el juicio constitucional sea improcedente contra las resoluciones dictadas en tales juicios o en ejecución de las mismas pretende garantizar que la decisión pronunciada en un medio extraordinario de defensa no sea sometida nuevamente a un diverso medio de control, toda vez que uno de los elementos que garantiza la seguridad jurídica de los gobernados es el establecimiento de una última instancia para deducir sus pretensiones y la salvaguarda de la inmutabilidad de las decisiones judiciales que adquieran firmeza. Establecido lo anterior, para considerar actualizada la causal de improcedencia en análisis, esta Juzgadora considera necesario desentrañar los elementos que la integran. Así, la primera hipótesis que contempla la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que en el caso interesa, es la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones dictadas en el mismo. Al respecto, la Primera Sala ha establecido que el concepto "resoluciones" no sólo se refiere a la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, sino también a las resoluciones emitidas en el incidente de suspensión, en cualquier otro incidente que se tramite y las dictadas después de concluido, ya sea en aclaración de sentencia o en los recursos que prevé la Ley de Amparo. Por tanto, el sentido de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo no debe encontrarse bajo la literalidad del concepto "resoluciones" -como si únicamente se tratara de la resolución definitiva del juicio de amparo-, toda vez que lo que busca la norma es evitar someter a un nuevo medio de control las decisiones adoptadas en un mecanismo de defensa de la misma naturaleza, lo que se logra interpretando que ninguna resolución emitida dentro de un juicio de amparo, cualquiera que sea su naturaleza, puede ser impugnada a través de un procedimiento del mismo orden. En efecto, dentro del juicio de amparo es posible emitir tanto resoluciones de trámite como resoluciones de fondo; sin embargo, el hecho de que tales determinaciones puedan ser combatidas a través de los medios de impugnación que establece la Ley de Amparo -una vez cumplidos los requisitos de procedencia de que se traten-, en modo alguno implica que puedan ser reclamadas a través de un nuevo juicio de amparo, ya que lo que tutela la fracción en análisis no es limitar los medios de impugnación o de defensa, sino evitar que se promueva un diverso juicio de amparo dentro del mismo juicio constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXX/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Entonces, como se precisó el acto aquí reclamado deriva de un juicio de amparo, de ahí que no pueda entrarse al análisis del mismo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." ASISTENCIA DE ABOGADO. En ese orden de ideas, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente Juan Manuel Lugo Serrano, requiérase al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que en el término de tres días contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído, designe Defensor Público Federal en favor del citado quejoso, o en su defecto manifieste su imposibilidad. Lo anterior, es acorde con los lineamientos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J.43/2019 (10ª, con registro 2020495 de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." DOMICILIO. Ahora, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a), téngase como domicilio del quejoso, el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; ello, por ser éste el lugar en que guarda reclusión. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. En ese contexto, como se advierte que el quejoso Juan Manuel Lugo Serrano, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; comisiónese a los actuarios adscritos a este juzgado, conforme al rol establecido, para que por su conducto, se constituya en el referido centro de reclusión y realice lo siguiente: Le notifique al agraviado Juan Manuel Lugo Serrano, el presente proveído. Se precisa que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario adscrito deberá especificar que se notifica el proveído de que se trata a la indicada persona. En razón de que las funciones del actuario se constriñen única y exclusivamente a comunicar a las partes las determinaciones dictadas dentro del juicio de amparo en que se actúa, y no a recibir peticiones por escrito de las partes que son notificadas, salvo que en la misma actuación que se notifique se ordene implícitamente a recabar alguna manifestación en atención a un requerimiento o a una vista otorgada con motivo a la tramitación normal del juicio de amparo. Por ende, se exhorta al justiciable que evite hacer manifestaciones de cualquier naturaleza en las constancias de notificación; que le son practicadas, pues cualquier tipo de petición la deberá realizar por escrito y presentarla ante esta autoridad, por los medios que consideren idóneos o a través de su defensor, quien como conocedor de la materia instara de la manera adecuada la misma y así estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda, aspectos con los que no se contraviene el derecho de petición a que alude el artículo 8 Constitucional (antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho). En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad requerida.
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