Juan Manuel Marin Gonzalez

Expediente 23/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
23/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Juan Manuel Marin Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    MESA VI Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que se inconformara con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a ésta conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión, además este expediente es susceptible de depuración, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por lo que encuadra en el supuesto de la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto. Por otra parte, devuélvase al Director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mérida, las copias certificadas de las constancias que remitió como justificación a su informe de ley, solicitándole acuse recibo de las mismas. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA VI. Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término que se le concedió a las partes en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, ejercitando únicamente ese derecho el quejoso Juan Manuel Marín González, con sus escritos de treinta de septiembre y uno de octubre, ambos del año dos mil diecinueve; este Juzgador procede a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro y texto siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85-98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85-98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, causo ejecutoria la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de julio de la presente anualidad, en la que se concedió el amparo al quejoso Juan Manuel Marín González, para efecto de que se realizara lo siguiente: "Para que el Jefe del Departamento de Inspección Ambiental dependiente de la Subdirección de Residuos Sólidos de la Dirección de Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Mérida, cumpla con el exhorto que le fue realizado por la Titular de la Unidad de Contraloría del Ayuntamiento de Mérida, en resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente MCO-044 SERSIA 12; y, Debiendo para tal efecto, realizar y verificar que la Dirección de Finanzas y Tesorería del Municipio de Mérida, realice, salvo que en su momento se emita determinación de imposibilidad legal para tal efecto, realice el cobro coactivo de la multa impuesta el ocho de marzo de dos mil trece, al ciudadano infractor del expediente MCO-044 SERSIA 12 y, Una vez resuelto dicho expediente, en caso de detectarse reincidencia del responsable del templo "Fiesta Pentecostal Internacional, imponga la sanción correspondiente en los términos precisados por la Unidad de Contraloría, debiendo notificar su determinación definitiva o la resolución dada al asunto a la parte quejosa. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, actuando como autoridad vinculada en sustitución del Jefe del Departamento de Inspección Ambiental dependiente de la Subdirección de Supervisión de Residuos Sólidos Urbanos, adscrito a la Subdirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Mérida, mediante su oficio de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, informó lo siguiente: Que mediante el oficio DDU SJ DAC 201 2019, de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, solicitó a la Directora de Finanzas y Tesorería Municipal, realice el cobro coactivo de la multa, precisada en los oficios IA0219 2019 y IA 0352 2019, de fechas seis de julio de dos mil dieciocho, y catorce de agosto de dos mil diecinueve, emitidos respectivamente, en autos del expediente administrativo MCO-044 SERSIA 12, iniciado en la Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mérida. Que atento a lo anterior, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, mediante el oficio S.I. OFICIO 2019 166, hizo del conocimiento que respecto al cobro coactivo de la multa requerida, resultó imposible realizarlo, ya que el crédito fiscal se extinguió, tal como lo dispone el artículo 190 del Código Fiscal de la Federación. Que, en fechas diecinueve y veinte de septiembre de dos mil diecinueve, procedió a ejecutar la orden de inspección DDU SJ DIU 4.1. 078 19, a fin de verificar los efectos de sonorización en el predio ubicado con el número ochocientos ochenta y dos de la calle sesenta y siete letra B, por las calles ciento ocho, y ciento diez, de esta ciudad de Mérida, de conformidad con el Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, siendo que dichos días encontró cerrado el referido inmueble, por lo que, hasta el veintiuno de septiembre de la presente anualidad, cuando se encontraba en funcionamiento, realizó la inspección relativa y señaló que no se detectó contaminación por ruido, ni fuentes emisoras de sonido que sobrepasaran los límites máximos permitidos. Por ende, este Juzgador con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, determina que se tiene por cumplida la sentencia concesoria a la parte quejosa dictada en el presente asunto, pues en el caso, la autoridad cumplió en su cabalidad los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en el sentido de que hasta la presente fecha, no se ha realizado el cobro de la multa a la parte infractora, así como de que la autoridad tiene poco interés en resolver el problema de ruido, ya que a su parecer debió detectar reincidencia por lo que hace al templo pentecostal. Sin embargo, dichas argumentaciones van encaminadas a controvertir cuestiones que no son materia de análisis respecto de los efectos de la sentencia concesoria del presente asunto. Pues debe recordarse que en este estudio, únicamente pueden analizarse los efectos concesorios de la sentencia definitiva, en la cual no se estudió tema alguno relacionado con los puntos esgrimidos por la parte quejosa en sus escritos. Lo anterior, pues si bien el suscrito no es insensible ante la exposición del ocursante ante el actuar de la autoridad, lo cierto es que este estudio no puede extralimitarse del fondo y efectos precisados en la sentencia definitiva. Por lo que se reitera, la responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, sin exceso o defecto. Sustenta lo anterior, por analogía la tesis de jurisprudencia 2ª. J. 14 2016 10ª, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, bajo el rubro y texto siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a. J. 60 2014 10a. , sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ ST 4248 2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito del quejoso Juan Manuel Marín González, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista que se diera a las partes en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, sin embargo, se reserva acordar lo conducente, hasta que fenezca el término otorgado en dicho proveído, a fin de resolver lo conducente en el estudio de cumplimiento respectivo.

  4. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el escrito del quejoso Juan Manuel Marín González, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista que se diera a las partes en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, sin embargo, se reserva acordar lo conducente, hasta que fenezca el término otorgado en dicho proveído, a fin de resolver lo conducente en el estudio de cumplimiento respectivo.

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