Juan Manuel Gómez Chan

Expediente 423/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
423/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Gómez Chan
  • Karla Maribel Manrique Buendia
  • JUAN MANUEL GÓMEZ CHAN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; doce de abril de dos mil veintitrés Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA II. Agréguense a estos autos el oficio del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe de ley; sin que haya lugar a dictar mayor providencia en relación a su contenido, toda vez que en proveído de diecisiete de marzo del año en cuso se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios signados por Encargado del Despacho de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Yucatán y Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la Republica en Yucatán, con los que rinden informe en relación a la situación de los quejosos. Asimismo, glósese a los presentes autos el oficio del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y anexo que acompaña, del que se desprende que los quejosos ********************, fueron puesto en libertad el quince y dieciséis de marzo en curso, respectivamente, tal como lo acreditan con las constancias que adjunta. Ahora bien, se trae a colación que ******************** solicitó a favor de los directos quejosos ********************, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y de otras autoridades consistente en la privación de la libertad y desaparición forzada por parte de las autoridades señaladas como responsables. De los informes de las autoridades, se advierte que las responsables negaron el acto reclamado consistente en la desaparición forzada de que aduce fueron objeto los quejosos; sin que exista prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, aunado a que en diligencia de quince de marzo del año que transcurre, el Actuario adscrito a este Juzgado, dio fe de haberlos localizado. En ese sentido, como se ha señalado, los quejosos no aportaron prueba alguna a fin de acreditar la existencia de tal acto, ni de las constancias que obran en autos, se advierte la certeza del mismo, cuenta habida que su detención fue con motivo de la comisión de un hecho posiblemente constitutivo de delito. Motivo por el que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en este juicio de amparo, únicamente por lo que corresponde al referido acto. Sirve de apoyo al caso, la tesis jurisprudencial 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tanto que, respecto a su detención o privación de libertad fuera de procedimiento, la autoridad responsable informó que los quejosos ********************, se encontraban bajo resguardo en calidad de imputados de los hechos denunciados en la carpeta de investigación radicada con el número ********************. Ahora bien, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la detención que realizaron en su contra el catorce de marzo de dos mil veintitrés, que dio origen a la carpeta administrativa radicada con el número ********************. Ahora bien, del oficio del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, señalaron que los quejosos ********************, fueron puestos en libertad el quince y dieciséis de marzo del año en curso. Circunstancias que se corroboran con las constancias remitidas en los oficios de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Por tanto, con dicho acto cesaron los efectos de la detención reclamada, pues se destruyeron de forma total sus efectos. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta de la responsable cesó en sus efectos, el quince y dieciséis de los corrientes, en los que se notificó a los quejosos los acuerdos respectivos por medio de los cuales ordenó ponerlos en libertad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por consiguiente, esta Juzgadora Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos se advierte la constancia levantada por el Actuario de la adscripción, de fecha quince de marzo del año que transcurre, de cuyo contenido se constata que los directos quejosos JUAN MANUEL GÓMEZ CHAN y KARLA MARIBEL MANRIQUE BUENDÍA, ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor por Gaspar Manuel Lara Quintal; en consecuencia, se tiene por ratificada la misma, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguense a estos autos los oficios signados por Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la Republica en Yucatán; Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación; Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado; Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos comunes; Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación especializada en Delitos de Robos del Ministerio Público del Fuero Común; Vicefiscal de Investigación y Control de procesos por suplencia del Fiscal General y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación especializada en Delitos de Narcomenudeo, todos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, mediante los cuales rinden su correspondiente informe sobre la suspensión de plano; en consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista de dichos documentos a las partes en este juicio. Ahora bien, toda vez que el Actuario adscrito, en su razón asentó que los directos quejosos fueron detenidos con motivo de hechos posiblemente delictuosos y que la autoridad responsable, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en su informe manifestó que Juan Manuel Gómez Chan y Karla Maribel Manrique Buendía se encuentran a su disposición en el área de seguridad de la Fiscalía, bajo el resguardo de la Policía Estatal de Investigación en calidad de imputados con motivo de los hechos denunciados en la Carpeta de Investigación N1-052/2023; en consecuencia, requiérase a la citada autoridad, para que INMEDIATAMENTE después de que concluya el plazo previsto en el artículo 16 constitucional, informe si procedió a poner a los quejosos a disposición de la autoridad judicial competente o, en su caso, decretaron su inmediata libertad (informen la situación jurídica de los quejosos) debiendo adjuntar las constancias relativas con las que acrediten su dicho. Lo anterior, con el apercibimiento de que de no cumplir con requerido se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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