Juan Manuel López Diaz

Expediente 1713/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1713/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel López Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del proveído dictado en los presentes autos, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración documental. Este expediente es destruible, una vez cumplidos tres años de que se emite el presente acuerdo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que el secretario de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acuerda y firma la licenciada Ma Elena Samaniego Carnero, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, encargada del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada mediante oficio CCJ/ST/1960/2023, por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, asistida del licenciado Jerson Roberto Jara Flores, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que no obra constancia de la notificación practicada al quejoso, respecto del auto de veintinueve de mayo del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Acuerdo. Ahora bien, a fin de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario, a fin de que notifique a la parte quejosa personalmente el presente auto y el diverso de veintinueve de mayo del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe con justificación, remitió la constancia de notificación del auto relativo a la incompetencia planteada por una de las autoridades responsables; cuya omisión constituye el acto reclamado en este controvertido constitucional. En consecuencia, este juzgado federal advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se advierte que dentro del sumario laboral ******************** de su índice, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo a través del cual aceptó la competencia planteada por la diversa Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Torreón Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, asimismo, radicó dicho juicio con el número ******************** de su índice, y en ese mismo auto, requirió al actor (aquí quejoso) para que compareciera personalmente y ratificará la firma estampada en la demanda laboral, además de advierte que dicha determinación se notificó a la parte actora a través de su apoderado jurídico, mediante cédula de notificación de doce de diciembre de dos mil veintidós, practicada por el actuario de la junta responsable, e incluso, la parte actora compareció a la diligencia de catorce de marzo de este año. Las documentales referidas adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 199 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento, al tener la calidad de documento público. Por tanto, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la omisión atribuida a las autoridades responsables, de notificar el auto relativo a la incompetencia que la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Torreón Coahuila de Zaragoza, planteó a la diversa Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, ha cesado al haber dejado de surtir sus efectos, al grado de haber obtenido una concesión de la protección de la justicia federal, en razón que la autoridad responsable Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dentro del juicio laboral ******************** de su índice, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo a través del cual aceptó la competencia planteada y realizó la notificación del mismo a la parte actora a través de su apoderado jurídico, mediante cédula de notificación, e incluso, la parte actora compareció a determinada diligencia con posterioridad a la referida notificación. Así, es indiscutible que existe una situación jurídica diversa que destruyó a la que dio motivo al presente juicio de amparo, por lo que no es factible entrar al análisis de un acto que ya no está surtiendo sus efectos desde el mismo momento en que la junta responsable determinó lo relativo a la incompetencia planteada y realizó la notificación correspondiente a la parte quejosa. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe con justificación, remitió la constancia de notificación del auto relativo a la incompetencia planteada por una de las autoridades responsables; cuya omisión constituye el acto reclamado en este controvertido constitucional. En consecuencia, este juzgado federal advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se advierte que dentro del sumario laboral ******************** de su índice, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo a través del cual aceptó la competencia planteada por la diversa Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Torreón Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, asimismo, radicó dicho juicio con el número ******************** de su índice, y en ese mismo auto, requirió al actor (aquí quejoso) para que compareciera personalmente y ratificará la firma estampada en la demanda laboral, además de advierte que dicha determinación se notificó a la parte actora a través de su apoderado jurídico, mediante cédula de notificación de doce de diciembre de dos mil veintidós, practicada por el actuario de la junta responsable, e incluso, la parte actora compareció a la diligencia de catorce de marzo de este año. Las documentales referidas adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 199 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento, al tener la calidad de documento público. Por tanto, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la omisión atribuida a las autoridades responsables, de notificar el auto relativo a la incompetencia que la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Torreón Coahuila de Zaragoza, planteó a la diversa Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, ha cesado al haber dejado de surtir sus efectos, al grado de haber obtenido una concesión de la protección de la justicia federal, en razón que la autoridad responsable Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dentro del juicio laboral ******************** de su índice, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo a través del cual aceptó la competencia planteada y realizó la notificación del mismo a la parte actora a través de su apoderado jurídico, mediante cédula de notificación, e incluso, la parte actora compareció a determinada diligencia con posterioridad a la referida notificación. Así, es indiscutible que existe una situación jurídica diversa que destruyó a la que dio motivo al presente juicio de amparo, por lo que no es factible entrar al análisis de un acto que ya no está surtiendo sus efectos desde el mismo momento en que la junta responsable determinó lo relativo a la incompetencia planteada y realizó la notificación correspondiente a la parte quejosa. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese únicamente para efectos de control el oficio signado por el Encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad; lo anterior, toda vez que el cuatro de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio en el mismo sentido, y se acordó lo conducente. Notifíquese.

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