Juan Manuel Gracia Lozano

Expediente 707/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
707/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Gracia Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído dictado en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado estado para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No lo solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Se tiene por recibido el oficio del encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS Durango, con residencia en Gómez Palacio, Durango, por el cual remite las constancias relativas a la situación jurídica del quejoso Juan Manuel Gracia Lozano, en las cuales aparece que conforme a lo ordenado por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Bravos, en la carpeta de ejecución 435/2016, el cinco de noviembre de dos mil veinte, el quejoso egresó por libertad de ese ese centro penitenciario, conforme al acta de egreso por compurgación 133/2020. Sobreseimiento fuera de audiencia. Atento a lo anterior se estima, que esa circunstancia actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, de las constancias existentes en el sumario, se advierte que el cinco de noviembre de dos mil veinte, el quejoso Juan Manuel Gracia Lozano, conforme a lo ordenado por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Bravos, en la carpeta de ejecución 435/2016, el quejoso egresó por libertad de ese ese centro penitenciario, conforme a la boleta de libertad 133/2020, respecto de la cual se advierte que el quejoso no cuenta con registro de sentencias, ni procesos pendientes de cumplir, así como tampoco está a disposición de autoridad alguna por delito diverso. Esas documentales adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, al tener la calidad de documento público. Por tanto, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, dictada en los autos de la carpeta de ejecución 435/2016, por el citado juzgador responsable en la que concedió al quejoso el beneficio de libertad anticipada, consistente en remisión parcial de la pena, y determinó como fecha de probable compurgación de la pena de prisión el cinco de noviembre de dos mil veinte, ha cesado al haber dejado de surtir sus efectos, con motivo que obtuvo su libertad, precisamente, el cinco de noviembre de dos mil veinte, por compurgación de la pena de prisión que le fue impuesta. Así, es indiscutible que existe una situación jurídica diversa que destruyó a la que dio motivo al presente juicio de amparo, por lo que no es factible entrar al análisis de un acto que ya no está surtiendo sus efectos desde el mismo momento en que el citado quejoso obtuvo su libertad por compurgación de la pena de prisión que le fue impuesta. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista al quejoso y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como al asesor jurídico.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Razón Actuarial. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que al actuario de la adscripción no le fue posible notificar al quejoso Juan Manuel Gracia Lozano, toda vez que, fue informado que el cinco de noviembre de dos mil veinte, éste compurgó la condena que le fue sentenciado. Acuerdo. En ese sentido, al tomar en cuenta que este asunto se encuentra subjudice y que las causales de improcedencia son de orden público para el órgano que conozca del juicio de amparo, por lo que debe indagarse cualquier indicio de su actualización; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al que quede notificado del presente proveído, informe si el quejoso Juan Manuel Gracia Lozano egresó de ese centro penitenciario, por libertad, y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Apercibimiento. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no manifestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de cuatro mil treinta pesos, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículo 238 en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª.J/163/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, cuyo texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a sus antecedentes, el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acompaña copia certificada del testimonio de la resolución dictada por la superioridad, con motivo del recurso de revisión penal 688/2019, interpuesto por el la parte quejosa, en contra de la sentencia de tres de septiembre de dos mil diecinueve dictada en el presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que al resolver dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió: "PRIMERO. Se revoca sentencia impugnada. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo". Acuse y anotaciones. Acúsese el recibo de estilo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, para los efectos legales conducentes. Así, la resolución que revocó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, emitida por el tribunal de alzada, fue para los efectos siguientes: ".En consecuencia, al advertirse trastocadas las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo, con apoyo en el numeral 93, fracción IV de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para efecto de que el Juzgado de Distrito deje insubsistente su sentencia y, al tenor de los lineamientos expuestos en la presente ejecutoria, prevenga al quejoso conforme a lo que ordena la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), y continúe con el juicio como corresponda.". En consecuencia, en cumplimiento a la resolución que revocó la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 93, fracción IV de la Ley de Amparo, se repone el procedimiento y se deja sin efectos la sentencia dictada en el mismo. Asesor jurídico. Ahora, con fundamento en los artículos 14, 17 y 20, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en términos de lo ordenado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la resolución que revocó la sentencia recurrida, requiérase al quejoso Juan Manuel Gracia Lozano, para que al momento de la notificación, o bien dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede debidamente notificado, designe abogado que lo represente; apercibido que en caso que no quiera o no pueda nombrar uno, o sea omiso en manifestar al respecto, este juzgado federal requerirá al Instituto Federal de Defensoría Pública para que proporcione de inmediato un asesor jurídico federal, y éste, previa protesta del cargo conferido, le sea designado por este juzgado federal a fin que lo represente en el presente juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 69, agosto de 2019, tomo II, página 1301, que señala lo siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPAROINDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Señalamiento de audiencia. Se fijan las once horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En la inteligencia que una vez que se tenga conocimiento de la persona que fungirá como asesor jurídico del quejoso, se otorgará la vista correspondiente a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, según los efectos de la ejecutoria de amparo antes aludida. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

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