Juan Manuel Hernández Frías
Expediente 913/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Manuel Hernández Frías
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintidós. ANOTACIONES. Agréguese la promoción de la parte quejosa por la cual desahoga en sus términos la prevención que le fuera formulada por auto de cinco de agosto del año en curso. DESECHAMIENTO En el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación, actos que de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" (Décima Época, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), Página 39, Registro 2006589); se estableció que para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo anterior, son dos las condiciones que se dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, antes o después del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En consecuencia, debe entenderse por actos de imposible reparación a aquellos que afectan de forma directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que México es parte, lo que significa que excluyó a todos aquellos actos intraprocesales que vulneren prerrogativas procedimentales con independencia del estadio en que esto ocurra. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido el criterio de que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto admita o dicte providencias tendentes a conocer la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, esto es, aquellos en que las partes tienen derecho a obtener respuesta completa a sus pretensiones. Por tanto, estableció que por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta cuando se promueva contra actos de esta naturaleza intermedia, a menos que se advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o una paralización total de éste, pues en tal caso el juicio será procedente por excepción. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia que dispone lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente" (Décima Época, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), Página 1086, Registro 2011580). Respecto a los temas en cita, relativos a determinar qué es una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización de éste, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, estableció que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva, que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto; por lo que para proporcionar un estándar mínimo objetivo para que exista una abierta dilación en el dictado de proveídos, laudos o cualquier diligencia, deben de haber transcurrido cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (Jurisprudencia 2a./J. 33/2019, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el uno de marzo del año en curso, Registro 2019400). Ahora, al analizarse la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que la parte quejosa reclama: ( De la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Tlalnepantla, la omisión de calificar las pruebas ofrecidas por las partes en la Audiencia de Conciliación, Depuración Procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, celebrada el veinte de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral SAT37/2022. Por su parte el artículo 234, fracción IV de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, dispone que una vez concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal o la Sala resolverán inmediatamente sobre las pruebas que admitan y las que desechen; y, en caso contrario, se podrán reservar para resolver dentro de los tres días hábiles siguientes. Entonces, la autoridad debió calificar las pruebas ofrecidas por las partes el día de la celebración de la audiencia, esto es, el veinte de junio del año en curso, y en caso de que se reservara su acuerdo, tenía que hacerlo dentro de los tres días hábiles siguientes, esto es, hasta el veintitrés de junio siguiente. Ahora, si bien ya transcurrió el plazo para que se acordaran las pruebas, lo cierto es que el acto reclamado no es un acto de imposible reparación, ya que los efectos que produce son meramente adjetivos, al no existir una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de agosto de dos mil veintidós), sólo han transcurrido cuarenta días (naturales) desde su interposición ante la responsable. Es así, ya que para la procedencia del amparo es necesario que cuando menos hayan transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse el acto procesal respectivo, en términos de la jurisprudencia arriba citada, lo que en el caso no acontece. De ahí que la omisión reclamada no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar afectación a un derecho sustantivo de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, SE DESECHA la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Tomando en cuenta que la parte quejosa informa que no tiene un domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) o dentro de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en los términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la ley de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por...por propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Tlalnepantla, Estado de México; fórmese expediente con el número 913/2022-III que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. PREVENCIÓN De inicio, debe indicarse que el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está facultado para requerir al promovente, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma que impiden a este órgano federal proveer lo que en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: Señale que los antecedentes de la demanda lo hace bajo protesta de decir verdad, por ser un requisito que debe precisarse en la demanda de amparo, en términos del artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo; en el entendido que dicha prevención sólo podrá ser desahogada por el quejoso. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de incumplir la prevención precisada se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la normatividad de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) o dentro de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en los términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la ley de amparo. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."
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