Juan Manuel Hernández Frías
Expediente 1232/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Manuel Hernández Frías
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Juan Manuel Hernández Frías, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso; por lo tanto, se provee: ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar el informe emitido por la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del ISSEMYM, presentado ante la responsable el dos de agosto de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO Al respecto, el suscrito considera que se actualiza de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que nuestro país es parte, no así contra violaciones procesales, como en el caso es la omisión que aquí se combate. Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Con el propósito de analizar esta última consideración, conviene precisar que existe por interpretación legal distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y, aquellos que únicamente transgreden derechos adjetivos o procesales. En el primer supuesto, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en el segundo, solamente pueden alegarse en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio respectivo, siempre y cuando hayan transcendido al resultado del fallo. Ahora, en el caso concreto, la omisión de la que se duele la parte quejosa no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, porque la conducta omisiva de la autoridad responsable no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental o sustantivo del gobernado, en atención a que, de lo manifestado por el promovente, éste se duele de la omisión de acordar el informe emitido por la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del ISSEMYM, presentado ante la responsable el dos de agosto de dos mil veintitrés, en el expediente SAT37/2022, por parte de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Tlalnepantla, Estado de México, por lo que es claro que la dilación que reclama en el presente juicio únicamente ocasiona efectos formales o procesales. En efecto, no se advierte paralización total o una abierta dilación si se tiene en cuenta que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el dos de agosto de dos mil veintitrés, la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del ISSEMYM, presentó el informe en cuestión, por lo que la autoridad responsable, conforme al numeral 838 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir acuerdo; es decir, hasta el cuatro de agosto del año en curso; además, a la fecha de presentación de la demanda -dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés-, únicamente han transcurrido cuarenta y cuatro días naturales, sin que la autoridad haya emitido el acuerdo correspondiente; sin embargo, para la procedencia del amparo es necesario que cuando menos hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse el acto procesal respectivo. De ahí que, la omisión reclamada no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar afectación a un derecho sustantivo de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, página 1643, de registro digital 2019400, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Así como la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, con registro digital 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." No se soslaya que a la fecha del presente acuerdo, ya transcurrió el plazo de cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho alusión; sin embargo, ese plazo debe computarse a la fecha de la presentación de la demanda, lo cual en el caso concreto no aconteció, puesto que el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, aún no transcurría en su totalidad el lapso de tiempo exigido para asumir que existió una evidente dilación al procedimiento, pues en esa fecha -dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés- fenecía el plazo para que la autoridad emitiera la actuación correspondiente. Al respecto, se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver Contradicción de criterios 171/2022, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 63/2022 (11a.), registro digital 2025625, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, diciembre de 2022, Tomo II, página 1456, Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales." En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el precepto 113 de la legislación de la materia. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Juan Manuel Hernandez..., por propio derecho, regístrese bajo el número de juicio de amparo 1232/2023-VI. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por lo tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computados, realice lo siguiente: 1.- Señalar de manera concreta el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que el quejoso en el apartado de acto reclamado refiere lo siguiente: ". la omisión de emitir el acuerdo que en derecho corresponda derivado del informe rendido por parte de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del ISSEMYM, ello derivada de la prueba ofertada por el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México." Y en sus conceptos de violación señala lo siguiente: ". la omisión de la junta responsable de emitir el acuerdo que en derecho corresponda respecto de la prueba ofrecida por la demandada, consistente en el multicitado informe mismo que ya fue presentado por la dependencia a la que se le solicitó." Por lo que la parte quejosa deberá precisar si se duele de la omisión de la responsable de dictar el acuerdo que corresponda, respecto del informe rendido por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ISSEMyM y/o la omisión de la responsable de proveer, respecto a la prueba documental ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen, consistente en dicho informe. Lo anterior se requiere conocer para un mejor proveer y a efecto de no dejarle en estado de indefensión; pues, en caso de que este órgano jurisdiccional se pronunciara al respecto, estaría realizando suplencia en tal señalamiento, mediante la interpretación de lo esgrimido en el escrito, lo que no está contemplado en la Ley de Amparo, además que resulta imperativo para fijar la litis constitucional, en términos de la carga procesal de la parte quejosa señalada en el artículo 108 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, página cincuenta y cuatro, Tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.". 2.- Precisar el número del juicio de origen, toda vez que primeramente señala el expediente SAT 37/2022, y posteriormente en el capítulo de suspensión señala expediente laboral 1049/2019. 3.- Exprese bajo protesta de decir verdad, si ha promovido diverso juicio de amparo para combatir el acto que aquí precise como reclamado, o bien, algún otro que derive del mismo expediente de origen; en caso de ser afirmativa su respuesta, es necesario que proporcione el número de expediente, el órgano jurisdiccional ante el cual se radicó y el estado procesal que guarda. 4- Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, la parte quejosa deberá allegar copias suficientes del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación, a fin de correr traslado a cada una de las partes. En el entendido de que ello no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica; caso en el cual, de hacer llegar pruebas documentales certificadas u originales, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que las documentales que en su caso adjunte, son copia íntegra e inalterada de los documentos originales o certificados que ahí se reproducen. Lo que resulta necesario toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 12, segundo párrafo, inciso f), del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, cuando el promovente ingrese documentos públicos mediante el uso de la FIREL deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que éstos son copia íntegra o inalterada del documento impreso. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de las prevenciones que se le formulan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo, de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, incluso de carácter personal, la lista que se publica en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el ordinal 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los numerales 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y 02/02/24 18:15:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.01.52 AMALIA BORJA TORIBIO trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por lo tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las bases siguientes: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
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