Juan Manuel García Cedeño

Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
504/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel García Cedeño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO ARCHIVO Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que el auto de quince de julio de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible, de conformidad con el diverso 21, inciso b), del acuerdo general citado, porque se tuvo por desechada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIÓN EN LA CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE GIRA DESPACHO PARA NOTIFICAR EL PRESENTE AUTO AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU INTERNAMIENTO Toda vez que el quejoso manifestó en su demanda de amparo encontrarse interno en el Centro de Reinserción Social de Acatlán de Osorio, Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente, gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio Puebla, para que En auxilio de las labores de este juzgado, por conducto del diligenciario que al efecto designe les comunique el presente auto a Juan Manuel García Cedeño. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el lugar de su reclusión y el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, once de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO ARCHIVO Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que el auto de quince de julio de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible, de conformidad con el diverso 21, inciso b), del acuerdo general citado, porque se tuvo por desechada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIÓN EN LA CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE GIRA DESPACHO PARA NOTIFICAR EL PRESENTE AUTO AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU INTERNAMIENTO Toda vez que el quejoso manifestó en su demanda de amparo encontrarse interno en el Centro de Reinserción Social de Acatlán de Osorio, Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente, gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio Puebla, para que En auxilio de las labores de este juzgado, por conducto del diligenciario que al efecto designe les comunique el presente auto a Juan Manuel García Cedeño. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el lugar de su reclusión y el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, quince de julio de dos mil veintiuno. DESPACHO DILIGENCIADOO Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, con dos anexos por el que devuelve diligenciado el despacho 545/201, número de orden 648/2021 por el que se ordenó comunicar al quejoso Juan Manuel García Cedeño el auto de quince de junio del año en curso, así como ratificar como su autoría y firma del escrito presentado en este juzgado el catorce de junio del año en curso. En consecuencia se da de baja la comunicación oficial y se acusa de recibido a la autoridad despachada. EL QUEJOSO RATIFICÓ EL ESCRITO PRESENTADO EL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINITUNO Y CUMPLIÓ CON LA PREVENCIÓN QUE SE LE FORMULÓ POR AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINITUNO Ahora bien, de la diligencia de mérito se advierte que la parte quejosa Juan Manuel García Cedeño ratificó como de su autoría el escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, a través del cual cumple con el requerimiento que se le formuló por auto de veintiocho de mayo del presente. De la lectura de dicho escrito el quejoso manifiesta que una vez que transcurrió el plazo de dos años de prisión preventiva que le fijó el juez que señaló como responsable, no le solicitó en dicho proceso lo pusiera en inmediata libertad, pues refiere que la Constitución no indica que así se lo deba solicitar y que por ende, el juez responsable debió actuar de manera oficiosa. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa cumplió dentro del plazo que le fue requerido con la prevención que se le formuló por auto de veintiocho de mayo del año en curso se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte de manera notoria y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia que motiva desecharla. Lo anterior, debido a que, si este órgano jurisdiccional analizara el acto planteado por el quejoso, infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes , en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Así, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, se advierte que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, el quejoso reclama la prisión preventiva oficiosa que dice le mantiene privado de la libertad, pues refiere que es excesiva porque hasta la fecha se ha prolongado por más de dos años, ya que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el dieciséis de enero de dos mil diecinueve fue privado de su libertad, mediante una orden de aprehensión emitida por el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, emitida dentro de la Carpeta de Judicial Administrativa número 135/2018/MATAMOROS, y que con motivo de ello se ha continuado en su contra el proceso penal. Alega que la autoridad judicial ha sido omisa en dar cumplimiento al mandato Constitucional, pues debió ponerlo en libertad una vez que se cumplieran los dos años de prisión preventiva, desde que fue detenido hasta el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, sin que a la fecha haya emitido un pronunciamiento al respecto. Esto es, el acto que reclama es que aún continúa en prisión preventiva y han transcurrido en demasía dos años a partir de que se le instruyó el proceso en su contra. Sin embargo, conforme a lo relatado, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa de los detenidos. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75 de la Ley de Amparo que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Con esta consideración no se deja en indefensión al quejoso porque el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que el quejoso pueda formular su planteamiento y pretensiones en cuanto a que alega que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que le fue impuesta de tal manera que la misma carece de justificación. Sin que pase inadvertido que en el escrito de cuenta el quejoso refiera que no hay disposición expresa en la Constitución que exija que trascurrido el plazo de dos años una persona se encuentre en prisión preventiva, lo deba solicitar por escrito ante el juez de la causa, pues tal alegación resulta insuficiente para que de oficio el juez del proceso deba actuar oficiosamente, lo anterior por los razonamientos expuestos en el presente acuerdo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO EN EL LUGAR DE SU INTERNAMIENTO Toda vez que el quejoso manifestó en su demanda de amparo encontrarse interno en el Centro de Reinserción Social de Acatlán de Osorio, Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente, gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado, por conducto del diligenciario que al efecto designe les comunique el presente auto a Juan Manuel García Cedeño. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el lugar de su reclusión y el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, quince de julio de dos mil veintiuno. DESPACHO DILIGENCIADOO Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, con dos anexos por el que devuelve diligenciado el despacho 545/201, número de orden 648/2021 por el que se ordenó comunicar al quejoso Juan Manuel García Cedeño el auto de quince de junio del año en curso, así como ratificar como su autoría y firma del escrito presentado en este juzgado el catorce de junio del año en curso. En consecuencia se da de baja la comunicación oficial y se acusa de recibido a la autoridad despachada. EL QUEJOSO RATIFICÓ EL ESCRITO PRESENTADO EL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINITUNO Y CUMPLIÓ CON LA PREVENCIÓN QUE SE LE FORMULÓ POR AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINITUNO Ahora bien, de la diligencia de mérito se advierte que la parte quejosa Juan Manuel García Cedeño ratificó como de su autoría el escrito de catorce de junio de dos mil veintiuno, a través del cual cumple con el requerimiento que se le formuló por auto de veintiocho de mayo del presente. De la lectura de dicho escrito el quejoso manifiesta que una vez que transcurrió el plazo de dos años de prisión preventiva que le fijó el juez que señaló como responsable, no le solicitó en dicho proceso lo pusiera en inmediata libertad, pues refiere que la Constitución no indica que así se lo deba solicitar y que por ende, el juez responsable debió actuar de manera oficiosa. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa cumplió dentro del plazo que le fue requerido con la prevención que se le formuló por auto de veintiocho de mayo del año en curso se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte de manera notoria y manifiesta la actualización de una causal de improcedencia que motiva desecharla. Lo anterior, debido a que, si este órgano jurisdiccional analizara el acto planteado por el quejoso, infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes , en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Así, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, se advierte que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, el quejoso reclama la prisión preventiva oficiosa que dice le mantiene privado de la libertad, pues refiere que es excesiva porque hasta la fecha se ha prolongado por más de dos años, ya que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el dieciséis de enero de dos mil diecinueve fue privado de su libertad, mediante una orden de aprehensión emitida por el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, emitida dentro de la Carpeta de Judicial Administrativa número 135/2018/MATAMOROS, y que con motivo de ello se ha continuado en su contra el proceso penal. Alega que la autoridad judicial ha sido omisa en dar cumplimiento al mandato Constitucional, pues debió ponerlo en libertad una vez que se cumplieran los dos años de prisión preventiva, desde que fue detenido hasta el dieciséis de enero de dos mil veintiuno, sin que a la fecha haya emitido un pronunciamiento al respecto. Esto es, el acto que reclama es que aún continúa en prisión preventiva y han transcurrido en demasía dos años a partir de que se le instruyó el proceso en su contra. Sin embargo, conforme a lo relatado, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa de los detenidos. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75 de la Ley de Amparo que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Con esta consideración no se deja en indefensión al quejoso porque el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que el quejoso pueda formular su planteamiento y pretensiones en cuanto a que alega que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que le fue impuesta de tal manera que la misma carece de justificación. Sin que pase inadvertido que en el escrito de cuenta el quejoso refiera que no hay disposición expresa en la Constitución que exija que trascurrido el plazo de dos años una persona se encuentre en prisión preventiva, lo deba solicitar por escrito ante el juez de la causa, pues tal alegación resulta insuficiente para que de oficio el juez del proceso deba actuar oficiosamente, lo anterior por los razonamientos expuestos en el presente acuerdo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO EN EL LUGAR DE SU INTERNAMIENTO Toda vez que el quejoso manifestó en su demanda de amparo encontrarse interno en el Centro de Reinserción Social de Acatlán de Osorio, Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente, gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado, por conducto del diligenciario que al efecto designe les comunique el presente auto a Juan Manuel García Cedeño. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el lugar de su reclusión y el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo.

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