Juan Manuel Flores Cabrera
Expediente 520/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JUAN MANUEL FLORES CABRERA y Otros.
- Juan Manuel Flores Cabrera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009. Finalmente, se ordena girar despacho vía ordinaria al Juez de lo Penal de Tepexí de Rodríguez, Puebla, a fin de que notifique personalmente el presente proveído al quejoso Juan Manuel Flores Cabrera, esto es, en el CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXÍ DE RODRÍGUEZ, PUEBLA, lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I inciso a), en relación con el diverso 27, fracción II, de la Ley de Amparo, debiendo el Juez de lo Penal remitir a este Juzgado Federal de forma inmediata la correspondiente constancia de notificación. Se solicita al aludido Juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar el emplazamiento que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituirse en el citado centro en distintos días y horas inhábiles.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el cual devuelve sin diligenciar el original del despacho número 226/2019 del índice de este Juzgado. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Juez oficiante se advierte que la funcionaria encargada de practicar la diligencia de notificación respecto del impetrante de amparo, no se sujetó a lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de la Materia, la cual en lo que interesa ordenan, debe constituirse en el domicilio señalado en autos con la finalidad de buscar a la persona que deba ser notificada; una vez que se encuentre cerciorada de su identidad, le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica; No obstante lo anterior, la diligenciaria al llevar acabo la notificación no notificó a la parte quejosa *** si no que lo hizo a ***; en ese contexto con el objeto de obviar en la integración del presente sumario constitucional, gírese nuevamente atento despacho al Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez Puebla para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro de Reinserción Social Regional de Tepexi de Rodríguez, Puebla y se sirva notificar al quejoso *** de manera personal el presente proveído así como el pronunciado en cuatro de junio de la presente anualidad en el domicilio citado para tal efecto, corriéndole traslado con copia autorizada de los citados autos, debiendo el juez de lo penal remitir a este Juzgado de Distrito dentro de los cinco días siguientes la correspondiente constancia de notificación. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que el funcionario al que le designe llevarla a cabo deberá practicar la notificación respectiva de inmediato, ajustándose a lo previsto en la Ley de Amparo y demás ordenamientos legales respectivos; y una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial de inmediato o, en su caso, informar las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Se solicita al aludido Juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por MARGARITA MORALES ALVARADO en representación de JUAN MANUEL FLORES CABRERA, contra los actos del Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 520/2019. DESECHAMIENTO Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que MARGARITA MORALES ALVARADO en representación de JUAN MANUEL FLORES CABRERA, reclama del Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y otra autoridad, la falta de atención médica. Sin embargo, la parte promovente antes de acudir en demanda de amparo se encontraba obligada a agotar el mecanismo de control denominado peticiones administrativas, el cual rige la ejecución penal y se encuentra contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) Efectivamente, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece el procedimiento de ejecución penal, el cual contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, previo acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por los artículos 107, 108, 109, 110, 115, 132 y demás aplicables de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de las cuales se advierte que las peticiones administrativas pueden ser promovidas por las personas privadas de su libertad y aquellas legitimadas por la ley, contra los hechos, actos u omisiones relativas a las condiciones de internamiento. En ese sentido, dicha petición deberá ser elevada por escrito sin formalidad alguna, al Director del Centro de Reinserción Social, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. También la ley de mérito, establece que en caso de que la petición recaiga sobre hechos, actos u omisiones sobre las condiciones de internamiento urgentes, es decir, que de no atenderse quedaría sin materia la petición, entonces, el peticionario o parte legitimada, podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, y en su caso, la citada autoridad, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta que se resuelva. Aunado a lo anterior, es de señalar que en caso de obtener resolución favorable, el peticionario podrá impugnar dicha determinación mediante el recurso de revisión. De lo anterior, se concluye que los actos omisivos atinentes a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, es decir, de las condiciones relativas a cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo entre otros, la prestación de servicio médico o asistencia médica, debe atenerse a un control ordinario, ya sea ante el Director del nosocomio en el cual se encuentra el quejoso privado de su libertad, o como se indicó, tratándose de casos urgentes, ante el Juez de Ejecución. Por lo tanto, la parte quejosa previo acudir al juicio de amparo, debió agotar el mecanismo de control ordinario previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal invocado, pues dicho acto omisivo reclamado puede ser subsanado, ya sea por la autoridad administrativa o por medio de un control judicial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: Época: Décima Época; Registro: 2018548; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I; Materia(s): Común, Penal; Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.); Página: 230. OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte promovente MARGARITA MORALES ALVARADO no acreditó la personalidad con que se ostenta para promover el amparo que nos ocupa, ello en términos del artículo 10 de la ley de la materia; sin embargo, no es obstáculo para llegar a la presente determinación en virtud que a nada práctico conduce prevenir sobre dicho aspecto dado que se arribaría al mismo resultado. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar de reclusión de Juan Manuel Flores Cabrera, por tanto, se ordena girar despacho vía ordinaria al Juez de lo Penal de Tepexí de Rodríguez, Puebla, a fin de que notifique personalmente el presente proveído al mismo, esto es, en el CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXÍ DE RODRÍGUEZ, PUEBLA, lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I inciso a), en relación con el diverso 27, fracción II, de la Ley de Amparo, debiendo el Juez de lo Penal remitir a este Juzgado Federal de forma inmediata la correspondiente constancia de notificación. Se solicita al aludido Juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar el emplazamiento que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituirse en el citado centro en distintos días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- Juan Manuel Espejel Martínez159/2021
- Juan Manuel Espinosa González429/2022
- Juan Manuel Espinosa González656/2022
- Juan Manuel Espinoza González483/2022
- Juan Manuel Espinoza González442/2022
- Juan Manuel Espinoza Hernandez1218/2023
- Juan Manuel Flores Mendez440/2023
- Juan Manuel García Cedeño504/2021
- Juan Manuel Gutierrez Cuate389/2022
- Juan Manuel Gutiérrez Cuate871/2023
- Juan Manuel Hernandez Lopez820/2023
- Juan Manuel Hernandez Lopez844/2023