Juan Manuel Espinoza González y Otros.

Expediente 330/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
330/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinoza González y Otros.
  • Juan Manuel Espinoza González

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 330/2022, que le fue enviado en proveído cinco de abril del año en curso, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de garantías promovido por *** En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica de la Secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 226/2022 (con número de orden 334/2022), enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal notificara a la parte quejosa el auto de cinco de abril del año en curso. Sin que haya lugar a acusar recibo en virtud de que éste se genera automáticamente al momento del envío de la comunicación oficial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinoza González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, por propio derecho, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. No se inadvierte que la demanda de amparo fue presentada mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y que carece de firma electrónica (FIREL), sin embargo, al encontrarse los quejosos privados de la libertad, no resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que para los quejosos que se hallen recluidos, el acceso a la instancia constitucional se reduce sólo a la opción física, no porque así necesariamente sea su voluntad ejercerlo, sino a causa de que el sistema tecnológico no está depurado para facilitar su acceso y operatividad para dicho grupo social; ´por tanto, no pueden requerirse las mismas exigencias a una persona que está en un plano de desigualdad en relación con otras que lo están en uno de igualdad, siendo que conforme a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (como lo son las privadas de la libertad), es obligación de todos los juzgadores adoptar las medidas necesarias para eliminar toda desigualdad y suprimir las barreras que impiden o limitan el acceso a la justicia durante el procedimiento y, la manera en que esto puede ocurrir tratándose de dichos justiciables, es considerar que la falta de firma electrónica en sus escritos de demanda no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia con base en la referida jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, además porque el tópico relativo a la privación de la libertad de quien promueve el juicio de amparo no fue un aspecto que haya sido materia de estudio en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio del Pleno del Alto Tribunal. Al respecto, se comparte el criterio sustentado en la tesis I.1o.P.3 P (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA MEDIANTE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DE PLANO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en razón de que en ésta no obraba la firma electrónica (FIREL) del quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, con lo cual no expresaba su voluntad de darle trámite y no se satisfacía el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, sustentando su decisión en la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". Inconforme con el desechamiento, el quejoso interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en atención al principio de igualdad, tratándose de quejosos privados de la libertad en un centro de reclusión, la falta de firma electrónica (FIREL) en su demanda de amparo indirecto presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia a que refiere la citada jurisprudencia del Alto Tribunal del País para su desechamiento de plano, porque de aplicarse, se estaría dando un trato igual a un desigual. Justificación: El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es una herramienta tecnológica tendente a fortalecer y hacer más cercano y expedito el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, y así poder hacer real el concepto de "e-justicia" o justicia en línea en nuestro país, sobre todo en materia de amparo, por así disponerlo el artículo 3o. de la Ley de Amparo, por lo que para presentar demandas, promociones o interponer recursos por medio del portal -salvo los casos urgentes o de excepción que marca el artículo 15 de la citada ley-, es indispensable que el interesado genere y cuente con una firma electrónica a su nombre, como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual, para generarla requiere, entre otros requisitos, que el interesado suba al sistema en formato PDF documentos en original o en copia certificada de: 1) alguna identificación oficial vigente; 2) acta de nacimiento; 3) comprobante de domicilio; y, 4) la Clave Única de Registro de Población (CURP). En estas condiciones, por lo general, una persona privada de la libertad en un centro de reclusión no se encuentra en igualdad de condiciones que una que no lo está, para que en caso de que carezca de una firma electrónica, pueda generarla y acceder a dicha herramienta de acceso a la justicia, pues además de que no tiene a su libre disposición instrumentos tecnológicos como lo sería una computadora o un dispositivo inteligente con acceso a Internet, para que se genere la firma electrónica es indispensable que el interesado suba al sistema documentos (en formato digital) que difícilmente una persona privada de la libertad podría tener bajo su poder u obtener, por ejemplo, una identificación oficial vigente y, sobre todo, un comprobante de domicilio. Y, en este escenario, el Portal de Servicios en Línea se puede tornar en una herramienta ilusoria o anecdótica para quienes se encuentran en la referida situación jurídica, pues a pesar de su existencia y que constituye un mecanismo creado para fortalecer y hacer más cercano el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, para dicho sector, por sus condiciones de internamiento, resulta inaccesible o, por lo menos, no expedito, como de manera contraria podría ocurrir con quienes no se encuentren restringidos en dicho derecho fundamental. De modo que para los quejosos que se hallen recluidos, el acceso a la instancia constitucional se reduce sólo a la opción física, no porque así necesariamente sea su voluntad ejercerlo, sino a causa de que el sistema tecnológico no está depurado para facilitar su acceso y operatividad para dicho grupo social. Por tanto, no pueden requerirse las mismas exigencias a una persona que está en un plano de desigualdad en relación con otras que lo están en uno de igualdad, siendo que conforme a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (como lo son las privadas de la libertad), es obligación de todos los juzgadores adoptar las medidas necesarias para eliminar toda desigualdad y suprimir las barreras que impiden o limitan el acceso a la justicia durante el procedimiento. Y la manera en que esto puede ocurrir tratándose de dichos justiciables, es considerar que la falta de firma electrónica en sus escritos de demanda no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia con base en la referida jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, pues además de que el tópico relativo a la privación de la libertad de quien promueve el juicio de amparo no fue un aspecto que haya sido materia de estudio en la contradicción de tesis de la que derivó dicho criterio, lo cierto es que debe partirse de la premisa de que si los referidos justiciables estuviesen en aptitud de generar el mencionado requisito, así lo harían, al ser los principales interesados de que sus demandas prosperen, pues de lo contrario se prejuzgaría que sí pudieron hacerlo y que a pesar de ello no exhibieron la firma electrónica; afirmación que no es propia de un auto de desechamiento y que hace palmario que la improcedencia en cuestión no resulte manifiesta ni indudable. Por lo que atendiendo a que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene límites tendentes a demostrar que los justiciables se obligan y comprometen respecto a lo que demandan en su escrito, satisfaciendo con ello el principio de instancia de parte agraviada que rige al amparo, el requisito de la firma electrónica en las demandas presentadas a través del mencionado portal puede satisfacerse con la firma digitalizada que aparezca en el contenido del escrito de demanda, misma que de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, lo expuesto y lo plasmado en ella se hacen bajo protesta de decir verdad para los efectos legales a que haya lugar." Con fundamento en el artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda, regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 330/2022; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial "C", encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Previo a acordar lo que en derecho proceda, en principio se establece que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En este contexto, de la lectura íntegra de la demanda, la suscrita advierte que carece de competencia para conocer de la acción de amparo que se ejercita por este medio, por las consideraciones siguientes: En efecto, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia. Así, de la demanda se advierte que se señala como autoridades responsables a las siguientes. - Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Decimosexto. - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, excepto los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En tanto que como actos reclamados se señalan los siguientes: 1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, al dormitorio Nueve zona Dos, estancia once, que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón, por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. 3) Reubicación de Juan Manuel Espinosa González del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, al dormitorio cuatro zona tres estancia Díez que le genera tortura y tormento psicofísico y afectación emocional y a su dignidad. 4) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once, al dormitorio cuatro, zona uno, estancia cuatro, que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia cinco, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima, del dormitorio cuatro, zona tres, estancia ocho, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez, del dormitorio cuatro, zona tres, estancia nueve, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo, del dormitorio cuatro, zona tres, estancia doce, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de Eduardo Ampudia Fraustro, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia doce, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico. 10) Reubicación de Eduardo Flores Castro, del dormitorio cuatro, zona tres, estancia siete, a otro diverso que genera afectación psicoemocional y psicofísica. 11) Reubicación de Renán Hidalgo Echazarreta, del dormitorio cuatro, zona uno, estancia diez, a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofísica. 12) Reubicación de Hugo Melchor Nieto, del dormitorio diez, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional. 13) Traslado de los quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México, a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad y genera tormento psicoemocional. 14) Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 Ley de Amparo. 15) Intimidación. 16) Discriminación. 17) Violación al principio propersona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. 22) Coacción y actos de Intimidación contra Juan Manuel Espinosa González, para elaborar escrito de catorce de enero del año en curso. 23) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, Intimidación y represalias atribuidos al comité técnico. 24) Realización de estudios y perfiles (inconstitucionales) y entrevistas (ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación. 25) Audiencias del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la Ciudad de México quienes son: Dante Bretón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino y Paula Durán. En esa tesitura, se considera que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente incompetente para conocer de la presente litis constitucional, misma que corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí Ciudad Valles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley de Amparo. Al respecto el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contemplan el presupuesto procesal como una cuestión de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Luego, en cuanto a la cuestión de competencia debe atenderse al contenido de los artículos 37 y 38, de la Ley de Amparo, que establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, que disponen: "articulo 37 Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Articulo 38 Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." De los normativos transcritos, se aprecian los supuestos que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: 1.- Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un Juez de Distrito, en primer lugar, debe atenderse al ámbito de ejecución material o no del acto reclamado. Así, lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. De esta manera, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se hayan realizado o traten de realizarse, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación con la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Del segundo de los normativos transcritos, se aprecian los supuestos que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente del artículo 38 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen además otra regla para fijar esa competencia, siendo la siguiente: Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Este precepto contempla la hipótesis de cuando en la demanda de amparo se promueva contra actos del juez de Distrito al que le haya tocado conocer de la misma. En tales condiciones, en lo que se refiere al asunto que se estudia, se tiene presente que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinoza González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, señalaron que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México; por tanto, es indefectible que los actos reclamados, tiene su ejecución material en la Ciudad de México, así, se obtiene que por cuanto a la ejecución de los actos este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo de mérito. En esta tesitura, la competencia se surtiría en favor de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México, ya sea especializado en materia penal o administrativa. Orienta lo anterior por las razones que en ella se contienen la jurisprudencia con Registro digital: 181369, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a./J. 37/2004, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004, página 90, Tipo: Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si los actos por su naturaleza requieren de ejecución material, y los quejosos se encuentran recluidos en la Ciudad de México, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dichos actos, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual van dirigidos." Lo anterior, como se anticipó, porque los actos reclamados se están ejecutando en el lugar en donde los quejosos se encuentran privados de su libertad; sin que sea dable que la competencia se surta a favor de la suscrita por el sólo hecho de que los solicitantes de la protección constitucional hayan presentado su demanda en esta ciudad. Ilustra lo expuesto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible la página 15, Volumen 65 segunda parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." No obstante de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que también se señalaron como autoridades responsables a los Jueces del Primero al Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal y a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, ambos con sede en la Ciudad de México, lo que impide a la suscrita declinar competencia a favor de los órganos jurisdiccionales de las materias mencionadas en esa sede. De manera, que si los peticionarios en la demanda de amparo señalaron como autoridad responsable a este órgano jurisdiccional, se actualiza también la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo y el impedimento a que se refiere la Tesis Jurisprudencial visible en la página 583 del Tomo V, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 226320, que a la letra dice: "IMPEDIMENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO. CUANDO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE LES PRESENTA. El Juez de control constitucional no puede conocer de un juicio de amparo, en el cual figure como acto reclamado una resolución emitida por el propio juzgador, de conformidad con el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que la existencia de esa circunstancia motiva que tenga que calificarse de legal el impedimento que proponga el Juez de Distrito respectivo." Luego, atento al criterio que precede, resulta obligado considerar lo que dispone el arábigo 38 de la Ley de Amparo: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Entonces, es evidente que éste juzgado Federal también resulta ser incompetente para conocer del juicio promovido contra dicho acto, ya que no es dable que un Juzgado de Distrito pueda tener el doble carácter de juez y parte en un juicio, menos aún analizar la eventual constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que a este Juzgado Federal se le reclaman, pues sostener lo contrario pondría en grave riesgo la imparcialidad de la resolución que se emita. Lo aseverado se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis número P./J. 44/2001, editada en la página 75, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, Registro digital 1900008, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado con mayor proximidad es el Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno, quien de acuerdo con la lectura de la demanda de amparo, no fue señalado como autoridad responsable, por ende, este juzgado declina competencia a ese órgano judicial para conocer de la demanda de que se trata, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 37 y 38, de la ley de la materia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, para que lo turne al órgano jurisdiccional que corresponda y éste determine lo procedente, solicitando el acuse de recibo correspondiente. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, resulta pertinente establecer que el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. A fin de determinar si en el caso procede conceder la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, es necesario tomar en cuenta los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Del análisis de los artículos en cita, se advierte que cuando se reclamen en el juicio de amparo actos que se encuentren relacionados, entre otras cuestiones, con ataques a la libertad fuera de procedimiento, se deberá conceder la suspensión de plano a fin de que no se ejecuten irreparablemente los actos respectivos. De acuerdo a lo anterior, esta juzgadora advierte que los promoventes del amparo buscan con la solicitud de la medida cautelar, que las autoridades se abstengan de llevar a cabo el cambio de dormitorio del que se encuentran dentro del centro penitenciario donde compurgan una sanción, pero, este acto en sí mismo, no constituye una afectación a la vida o la libertad, por lo que no es una cuestión que tenga el carácter de urgente. Luego, no puede catalogarse como un acto de los que refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo y respecto de los cuales procede la suspensión de plano. En esta virtud, la reubicación de dormitorio y las consecuencias que el mismo pueden provocar en la esfera jurídica de los promoventes, no se encuentran catalogados en lo dispuesto por los artículos 15, 125, 126, 128, 129 y 160 de la Ley de Amparo, por tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, SOLICITADA. No obsta a lo anterior que los quejosos señalan que están siendo objeto de actos de intimidación, represión, discriminación y violencia socioeconómica y psicofísica además de agresión por servidores públicos; sin embargo no es factible para esta juzgadora tener certeza de que los mismos se estén llevando a cabo toda vez que del escrito de demanda no se advierte dicha circunstancia ni la existencia de los mismos. De igual forma, no se inadvierte que los quejosos también solicitan la suspensión de los actos reclamados, para efecto de que no sean trasladados del centro penitenciario donde actualmente se encuentran recluidos a uno diverso, sin embargo, Tampoco se soslaya que la parte quejosa reclama una orden de traslado penitenciario, que atribuye a autoridades administrativas. Pero ese acto tampoco es de aquéllos sobre los que deba concederse la suspensión de plano, pues ésta solo procede respecto de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y no respecto de afectaciones a la libertad dentro de algún procedimiento. En ese sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el recurso de queja 36/2020, determinó que la orden de traslado penitenciario, aun ordenada por autoridades administrativas, ya no constituye una afectación a la libertad personal fuera de procedimiento, sino que se realiza dentro de la fase del procedimiento penal de ejecución de sentencias que imponen penas privativas de la libertad, regulado por la Ley de Ejecución Penal. En efecto, dicho Tribunal resolvió: "En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 461/2012,4 determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." En mérito de lo expuesto, no es viable pronunciarse sobre la medida suspensional, respecto de la orden de traslado penitenciario, al ser un acto de autoridad que afecta la libertad personal dentro de un procedimiento. A igual pronunciamiento se arriba respecto de los actos reclamados identificados como "omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos" y "omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos", toda vez que tales actos no se encuentran contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como actos que atenten contra la vida y dignidad humana o de los previstos en el artículo 22 Constitucional. En otro aspecto, dado que Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinoza González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, se encuentran internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción I, y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado; arábigos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en el lugar de reclusión de los quejosos y les notifique el presente acuerdo. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17 constitucional y con apoyo además en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento a la parte tercera interesada, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De igual forma se le instruye para que al realizar las notificaciones que surjan de este asunto, se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23, del citado Acuerdo General 21/2020. De conformidad con el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Finalmente, hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Haydeé Guadalupe Rodríguez Hernández, Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Guadalupe Cervantes Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.

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