Juan Manuel Espinosa González y Otros.

Expediente 68/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 55 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2021
Año
2021
Actuaciones
55
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Gobernador del Estado de Chiapas
  • Gobernador del Estado de Estado de México
  • Juan Manuel Espinosa González y Otros.
  • Juan Manuel Espinosa González
  • Gobernador del Estado de Guanajuato
  • Juzgado Primero de Distrito de Amparo En Materia Penal En San Andrés Cholula
  • Gobernador del Estado de Chihuahua
  • Gobernador del Estado de Guerrero
  • Gobernador del Estado de Aguascalientes
  • Gobernador del Estado de Oaxaca
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 55.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante los cuales, por una parte, acusa recibo del juicio de amparo 68/2021, y anexos que se acompañaron, que le fue enviado en proveído de uno de marzo del año en curso, y por la otra, informa que se avocó al conocimiento del juicio promovido por ******************** En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco; en atención a su contenido, téngasele informando que declaró firme el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por el que desechó el recurso de queja interpuesto por el Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado de Guerrero, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que los peticionarios del amparo señala como acto reclamado lo siguiente: "las represalias, amenazas, actos de molestia e intimidación, así como los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional." Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esa jurisdicción, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que los promoventes del amparo, bajo protesta de decir verdad, refieren en su demanda que el acto reclamado esencialmente las represalias, amenazas, actos de molestia e intimidación, así como los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; lo que se ejecutará en la Penitenciaria de la Ciudad de México. En ese contexto, si la determinación combatida indefectiblemente tendrá una ejecución material en la Ciudad de México, es dable concluir que ello se debe contemplar para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. No es óbice a lo anterior, que la parte quejosa promovió vía electrónica su demanda de amparo ante el Vigésimo Primer Circuito, en la que señalo como autoridades responsables a todos los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo y Toluca; por lo que, no es dable remitir el presente juicio al primer circuito, al encontrarse impedidos para conocer del presente juicio, por tanto atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación, se considera oportuno remitir el asunto que nos ocupa, al circuito más próximo a la localidad de las responsables, siendo así al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, EN TURNO, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, de la ley de la materia; por tanto, es éste el que se estima debe de conocer el trámite del presente juicio. Al respecto, es aplicable la Tesis I.1o.P.2 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página 604, Registro digital: 202376, que indica: "COMPETENCIA. CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNA MATERIA DETERMINADA EN UN CIRCUITO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el artículo 42 de ese mismo ordenamiento, también en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. Ante ese contexto, aun cuando el segundo numeral no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable; luego, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito que, aunque pertenezcan a un mismo circuito, residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías. Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residan otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia." Por lo anteriormente expresado, se considera que al tener el acto reclamado un efecto positivo porque se ejecutará en la Ciudad de México, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se tiene que se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, esta Juzgadora es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto; con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, y atendiendo al circuito más próximo a la localidad de las autoridades responsables, se ordena remitir el original del expediente en que se actúa, al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO con residencia en NAUCALPAN, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa sede, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio. Con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del juicio principal. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Finalmente, en relación a proveer en relación a los autos de once, doce, trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y treinta y uno de mayo, uno, dos, ocho, nueve, dieciocho, veinticinco, veintiocho y treinta de junio, uno, siete, nueve, trece, catorce, quince y veintiséis de julio, once de agosto todos de dos mil veintiuno y dieciocho de mayo de dos mil veintidós, una vez sea informado respecto a la incompetencia planteada en párrafos que preceden, se proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora Técnica de la Penitenciaría de la Ciudad de México; ahora bien, toda vez que en el juicio de amparo en que se actúa, se encuentra pendiente por resolver la queja interpuesta por la autoridad responsable Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado de Guerrero, en contra del auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno; por tanto, resérvese a acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto se resuelva dicho medio de impugnación. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco; en atención a su contenido, téngasele informando lo solicitado por auto de nueve de noviembre del año en curso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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