Juan Manuel Espinosa González
Expediente 1005/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Juan Manuel Espinosa González
- José Othón Ramiro Hernández Lima
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA. Al haber trascurrido la temporalidad prevista en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya impugnado dicho proveído, se declara que el mismo ha causado ESTADO. ARCHIVO. Al no existir actuación alguna pendiente por realizar o promoción por acordar en este expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro y se ordena remitir esta pieza de autos al archivo definitivo, como asunto totalmente concluido. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los puntos décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f 07/09/22 17:16:44 transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se hace constar que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo..M-II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de junio de dos mil veintidós. AUTORIDAD VINCULADA MANIFIESTA IMPOSIBILIDAD. Se tiene al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, informando la imposibilidad con la que cuenta para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que, el exhorto 18/2022, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, fue registrado bajo el número de expediente 1724/2021 y radicado en la Cuarta Sala de ese órgano colegiado; por lo tanto, el trámite así como la diligenciación del mismo, es competencia exclusivamente de la citada sala, de conformidad con el artículo 124-B, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En ese sentido, cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo. Asimismo, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días; asimismo, como lo prevé el diverso 194 de la misma ley, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última, cumplir con el fallo protector. Además, del contenido del numeral 197 de la Ley de Amparo, se colige que cuando el debido cumplimiento de la sentencia concesoria necesite que diversas autoridades emitan, en el ámbito de su respectiva competencia regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos indispensables para el dictado de los posteriores, el juez de distrito está facultado para vincular a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, para decretar los apercibimientos respectivos. Igualmente, la Ley de Amparo prevé un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de que se logre el eficaz cumplimiento. En primer lugar, la imposición de una multa; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, al tratarse de un juicio de amparo indirecto, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo y la consignación ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Es preciso recalcar que dichas sanciones y responsabilidades son aplicables tanto a las autoridades responsables, como a aquellas que tengan el carácter de superiores jerárquicos y a las que sean vinculadas al cumplimiento; lo anterior, conforme a los preceptos 192, 194 y 197 de la legislación antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, cuyo contenido es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En esas condiciones, con fundamento en el numeral 197 de la ley en cita, se vincula a la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en el procedimiento de ejecución iniciado en el presente asunto. Por tanto, se le requiere para que, de manera inmediata, informe el estado procesal que guarda el exhorto 18/2022, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, radicado con el número 1724/2021 de sus registros, y en caso de que se encuentre diligenciado, lo devuelva inmediatamente a la autoridad exhortante; o bien, manifieste el motivo que le impida diligenciarlo. Bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le aplicará una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo.
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