Juan Manuel Espinosa González

Expediente 410/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
410/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Renan Hidalgo Echazarreta
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Juan Manuel Espinosa González
  • Eduardo Flores Castro
  • Eduardo Ampudia Fraustro
  • José Antonio Contreras Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de siete de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinoza González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....VIII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los que se advierte que los quejosos no dieron cumplimiento a los requerimientos contenidos en el citado proveído de nueve de junio del año en curso, a pesar de estar debidamente notificados; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y este juzgado procede a resolver lo conducente. DESECHAMIENTO. Ahora bien, en principio, debe decirse que los quejosos reclaman de las autoridades responsables, lo siguiente: "1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTI. 3) Reubicación de Juan Manuel Espinosa González del dormitorio 4 zona 1 estancia 11, a otro diverso que le genera tortura y tormento psicofísico y afectación emocional a su dignidad. 4) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 5, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 8, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de Eduardo Ampudia Frauatro, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 12, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico. 10) Reubicación de Eduardo Flores Castro, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 7, a otro diverso que le genera afectación psicoemocional y psicofísica. 11) Reubicación de Renán Hidalgo Echazarreta, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 10, a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofísica. 12) Reubicación de Hugo Melchor Nieto, del Dormitorio 10 a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional. 13) Traslados de los quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y genera tormento psicoemocional. 14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. 15) Intimidación. 16) Discriminación. 17) Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar el escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. 23) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación, represalias atribuidos al Comité Técnico. 24) Realización de estudios y perfiles (inconstitucionales) y entrevistas (ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación. 25) Audiencias del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la Ciudad de México, quienes son: Dante Betrón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino y Paula Durán". Una vez asentado lo anterior, es necesario establecer que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito de demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que, aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que en el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo , por los siguientes motivos. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo con el contexto constitucional, el principio de instancia de parte agraviada que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercerla. Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. En relación con lo anterior, de los artículos 5 y 6 de la ley de la materia, se aprecia, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Lo anterior, debe relacionarse con el artículo 3 de la Ley de Amparo, pues dispone que en el juicio constitucional, por regla general, las promociones deberán hacerse por escrito y será optativo para el promovente presentar el escrito respectivo en forma impresa o electrónicamente, cuando el promovente decide presentarla en forma electrónica, deberá hacerlo mediante el empleo de la firma electrónica, la cual se obtendrá conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Asimismo, el referido numeral dispone no se requerirá de la firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Además, conforme el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o, en los casos previstos en la propia ley de la materia, como son los contemplados en su artículo 15, podrá promoverse por cualquier persona. El artículo 109 de la Ley de Amparo establece que en aquellos casos que se promueva el amparo en términos del artículo 15 de ese ordenamiento jurídico por medios electrónicos, no se requerirá de firma electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de doce de junio de dos mil veinte, regula las reglas y mecánica de los servicios electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal, para la presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, esto es, regula, entre otros aspectos, la operatividad del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el sistema electrónico para la presentación de las demandas. Luego, de la interpretación sistemática de lo previsto en los numerales 9, 14, 16, 17, 42 y 45 del citado Acuerdo General 12/2020, en relación con la Ley de Amparo, se advierte que la regla general para la promoción del juicio de amparo, realizada a través del Portal de Servicios en Línea -electrónicamente-, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad para el Control de Certificación de Firmas del Consejo de la Judicatura Federal. Que el Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar, entre otros, las demandas de amparo. Esto, porque se prevé como excepción para el registro en el Portal de Servicios en Línea, tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, los promoventes que estén en dicho supuesto, no se les exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo se firme electrónicamente, para lo cual, dentro del Portal de Servicios en Línea, existe una opción especial para ingresar las demandas de este tipo. Es decir, para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, que no estén en los supuestos de excepción antes señalados, los promoventes ya registrados conforme a las reglas establecidas en el propio Acuerdo General 12/2020, deberán ingresar al Portal de Servicios en Línea, con su nombre de usuario y contraseña, o con su firma electrónica vigente. De lo anterior, se puede concluir que la demanda de amparo puede ser presentada por una persona diversa al quejoso, aun ante la falta de firma -electrónica-, cuando se encuentre imposibilitado para presentarla, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ende, en el caso, también resulta necesario establecer la naturaleza de los actos reclamados, para determinar si los recurrentes se encuentran o no en el supuesto de excepción para que su demanda de amparo pueda ser promovida sin la firma electrónica de este último, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 y 109 de la Ley de Amparo, así como el 17 del Acuerdo General 12/2020, antes transcritos. En el caso, de lo expuesto en la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, si bien refirieron que lo hacían en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, no se advierte los actos reclamados sean de aquellos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Esto, porque expresamente los identifican como: "1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTI. 3) Reubicación de Juan Manuel Espinosa González del dormitorio 4 zona 1 estancia 11, a otro diverso que le genera tortura y tormento psicofísico y afectación emocional a su dignidad. 4) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 5) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 5, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 6) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 8, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 7) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 8) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. 9) Reubicación de Eduardo Ampudia Frauatro, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 12, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico. 10) Reubicación de Eduardo Flores Castro, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 7, a otro diverso que le genera afectación psicoemocional y psicofísica. 11) Reubicación de Renán Hidalgo Echazarreta, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 10, a otro diverso que le genera afectaciones psicoemocional y psicofísica. 12) Reubicación de Hugo Melchor Nieto, del Dormitorio 10 a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y psicoemocional. 13) Traslados de los quejosos de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y genera tormento psicoemocional. 14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. 15) Intimidación. 16) Discriminación. 17) Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar el escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. 23) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación, represalias atribuidos al Comité Técnico. 24) Realización de estudios y perfiles (inconstitucionales) y entrevistas (ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación. 25) Audiencias del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la Ciudad de México, quienes son: Dante Betrón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino y Paula Durán". Aunque fue mencionado por los promoventes que con la ejecución de tales actos reclamados se ponía en riesgo la vida de los directos quejosos, de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara que se llevaron a cabo dichos actos contra aquellos solicitantes de amparo, por lo que se concluye que esa circunstancia la hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamaron. Es decir, de la demanda de amparo se advierte se reclaman actos relacionados con las condiciones de internamiento en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México en el que se encuentran recluidos quienes aparecen como directos quejosos, como parte del sistema penitenciario de ese lugar, el cual, acorde con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del diez de junio de dos mil once, se organizará, entre otros aspectos, en el trabajo como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, tal como se prevé el artículo 18, por lo que no se trata de aquellos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto de la firma electrónica, debe mencionarse que, con motivo de la contingencia por el virus SARS CoV-2 "COVID-19", se emitió el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte. Dicho instrumento señaló en el artículo 1, que tiene por objeto regular la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales en los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la promoción, trámites, consulta, resolución y notificación por vía electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias. De ahí que, la persona que pretenda presentar una demanda de amparo o promoción de manera electrónica, únicamente puede realizarlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello la Firma Electrónica (FIREL). En concordancia con lo expuesto, dado que la demanda de amparo fue presentada a través del Portal de Servicios del Línea del Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, motivo por el cual, debe tenerse en cuenta que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, señaló que se debe desechar de plano cuando carece de la firma electrónica de los quejosos y del quien promueve a su nombre, consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) , de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Cabe destacar la existencia del criterio jurisprudencial que define, específicamente, la consecuencia de que una demanda de amparo presentada en vía electrónica carezca de firma electrónica, es una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, pues es inconcuso que si tal consecuencia ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, no hay ninguna posibilidad de que dicho obstáculo declarado para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. Es así, pues el artículo 217 de la Ley de Amparo, regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por este Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En otras palabras, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa del artículo 217 de la Ley de Amparo, máxime la emitida por el Alto Tribunal, que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales sin distingo alguno, obligatoriedad que se extiende a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, debe considerarse que la existencia de criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento; además, si bien es cierto que los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra los derechos humanos, no menos lo es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando una demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica carece de firma electrónica, pues al ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, no existe ninguna razón lógica para que ésta sea obviada; sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. En el caso, de la interpretación concatenada de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, en relación con la naturaleza de los actos reclamados, se estima indispensable que la demanda contenga firma electrónica, pues los actos reclamados por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, no están en el supuesto de excepción previsto en el artículo 109 con relación al precepto 15, ambos de la Ley de Amparo, lo que debe relacionarse con lo señalado en el artículo 3 de dicho ordenamiento, pues establece las formas en que el juicio de amparo puede promoverse, mismas que resultan ser, de forma oral y, optativamente para la parte quejosa, de manera impresa o electrónica. Incluso, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, que no todos los justiciables tienen las herramientas requeridas para ingresar ha dicho Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como en el caso los quejosos al encontrarse privados de su libertad. Sin embargo, la demanda de amparo no fue presentada por los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, quienes si bien refirieron que lo hacían en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en los términos anotados, no se advierte que los actos reclamados fueran de aquellos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Lo anterior, pues expresamente los identifican como:  Reubicación de dormitorio a uno diverso.  Traslado.  Actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo.  Intimidación.  Discriminación.  Violación al principio pro persona.  Inaplicación de criterios internaciones.  Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los aquí quejosos.  Omisión de suspender de sus funciones a los servidores bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos.  Encubrimiento de actos constitutivos de delitos de tortura.  Restricción de comunicación y de convivencia. Y aunque fue mencionado por los promoventes que con la ejecución de tales actos reclamados se ponía en riesgo la vida de los directos quejosos, de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara que se llevaron a cabo dichos actos contra aquellos solicitantes de amparo, por lo que se concluye que esa circunstancia la hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamaron. Lo anterior, se corrobora pues conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran, incluso, la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto, debe agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad, lo cual pone de manifiesto que al versar los reclamados respecto de las condiciones de internamiento en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México en el que se encuentran recluidos quienes aparecen como directos quejosos, se insiste, no se trata de aquellos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aunque fue mencionado por los promoventes que, con la ejecución de tales actos reclamados se ponía en riesgo la vida e integridad de los directos quejosos, de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara que se llevaron a cabo dichos actos contra aquellos solicitante de amparo, lo que permite concluir que, como en el caso un interno promueva demanda de amparo indirecto, en la que reclame actos u omisiones inherentes a condiciones de internamiento, previo a instar la acción constitucional, debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado peticiones administrativas, así como los medios de impugnación previstos en su contra. Lo anterior se obtiene, del ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO." Luego, si la demanda constitucional planteada por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, no cuenta con la firma electrónica de quienes la promueven, equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, ya que para acceder a los servicios que presta el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el propio Poder Judicial de la Federación. Sin que en el caso el suscrito considere procedente prevenir a los quejosos en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implica soslayar el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, pues con el sólo hecho de invocar los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna, no se puede tener por satisfecha la excepción a que alude el diverso 109 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, tal como se adelantó, en el caso, se desecha de plano la demanda de amparo al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 3, 5, 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquella no contiene firma electrónica de los directos quejosos, lo que se puede corroborar con la impresión de la demanda, al no contener el certificado digital expedido por la Unidad de Certificación. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Por tanto, si la demanda de amparo no fue firmada electrónicamente por los quejosos ni por la persona que promueve a su nombre, debe estimarse no existe instancia de parte agraviada, pues no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía medios electrónicos, ante la falta de firma electrónica de quien la promueve; irregularidad que no puede subsanarse a través de la prevención que prevé el artículo 114 de la Ley de Amparo, por tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención. Lo anteriormente expuesto, es acorde con lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en la sesión ordinaria de siete de octubre de dos mil veintiuno, al resolver el recurso de queja 122/2021 penal de su índice, por similares actos y quejoso. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS. En congruencia con lo antes expuesto, y dado que, en el caso que se analiza no se advirtió la voluntad de promover juicio de amparo de quienes aparecen como promoventes, es decir, no hay instancia de parte, pues la demanda de amparo que dio origen a este asunto carece de firma electrónica, es evidente que no existe parte quejosa, pues no hay quién haya acudido al juicio, de ahí que no deba reconocerse el carácter de quejosos a ninguno de los promoventes y, por ende, tampoco notificarles personalmente la presente determinación. Cabe desatacar que igual determinación adoptó el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, al resolver el recurso de queja 193/2021, en sesión de quince de diciembre de dos mil veintiuno; ejecutoria que se invoca como hecho notorio en términos de la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el número de registro digital: 2017123, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente"....M-VIII

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de junio de dos mil veintidós. INFORME DE INCIDENTE POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO EXTEMPORÁNEO. Téngase al Director, Presidente del Comité Técnico, Subdirector Jurídico, Encargado de la Subdirección de Seguridad, Subdirectora de Apoyo Técnico y Jefe de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento, todos de la Penitenciaría de la Ciudad de México, rindiendo su informe respecto al incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que por resolución de trece de mayo de este año, fue resuelto en definitiva el incidente de referencia....M-VIII

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de junio de dos mil veintidós. SE RECIBE TESTIMONIO DE CONFLICTO COMPETENCIAL. Agréguese a los autos el oficio que remite el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; acúsese el recibo de estilo. Hágase saber a las partes que, mediante ejecutoria de seis de junio de dos mil veintidós, dentro del conflicto competencial 28/2022, la superioridad resolvió: "PRIMERO. No existe conflicto competencial. SEGUNDO. Remítanse los autos, a la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, y copia de esta resolución a la Jueza Décimo Tercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desglósense las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del conflicto competencial suscitado para ser integradas al presente juicio de amparo. SE MANDA A ACLARAR LA DEMANDA DE AMPARO. Atendiendo a los lineamientos planteados por la superioridad, se requiere a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 2 Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, aclaren su demanda en los siguientes términos: a) Aclaren los actos que reclaman de todas las autoridades judiciales señaladas como responsables, considerando que los quejosos únicamente refieren como tales: "violación al principio pro persona" e "inaplicación de criterios internacionales". Sin embargo, debe considerarse que esos señalamientos en sí mismos no constituyen propiamente un acto de autoridad que pueda reclamarse como destacado, a fin de que el órgano de amparo lo analice, pues en realidad se trata de violaciones a principios jurídicos, que se analizan a partir de un acto de autoridad que, en tratándose de autoridades judiciales, se emiten dentro de los cauces de un procedimiento que es de su competencia. Esto es, se trata de actos formales o sustantivos que tienen como finalidad desarrollar el procedimiento o la decisión provisional o definitiva de un derecho, una situación jurídica, una sanción, etcétera. En ese sentido, para que los jueces señalados como responsables estén en posibilidad de rendir sus informes justificados y que pueda integrarse de manera correcta la litis constitucional, los quejosos deberán especificar lo siguiente: Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 3 ? Cuál es la clase, tipo de juicio o procedimiento que se sigue en su contra respecto de cada uno de los jueces de distrito que se señalan como autoridades responsables; ? Cuál es el número de expediente que corresponde al juicio o procedimiento en el que se emitieron los actos reclamados; ? Específica y detalladamente, cuál es el acto procesal por virtud del cual se violó el principio pro persona y se dejaron de aplicar criterios internacionales; es decir, si se trata de un auto, decreto o resolución interlocutoria o definitiva, debiendo citar el sentido de ese acto; ? Además, deberán narrar cronológica y detalladamente los antecedentes de los actos judiciales que especifiquen, a fin de determinar el contexto en el que se emitieron, para que, en su caso, esta autoridad pueda determinar lo relativo a la procedencia del juicio de amparo; y, ? Considerando que los quejosos refieren estar privados de su libertad en un centro de reclusión de la Ciudad de México, es evidente que se encuentran sujetos a un procedimiento penal; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, deberán señalar como tercera interesada a la víctima directa o indirecta; debiendo además señalar su domicilio cierto y actual, con la finalidad de que se le emplace y, si desconocen ese dato, deberán manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad. Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 4 APERCIBIMIENTO. Se apercibe a los quejosos de mérito que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término concedido para ello, se dejarán de tener como autoridades a las autoridades judiciales que se señalan como responsables y se acordará lo conducente. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Toda vez que los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, específicamente en el dormitorio 4, Zonas 1 y 3; es decir fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción para que de inmediato se constituya en dicho centro penitenciario, a fin de buscar a los quejosos de mérito y notificarles personalmente este proveído. Hágase del conocimiento del juez que le corresponda desahogar las diligencias antes mencionadas que se le faculta para que, en caso de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo lo encomendado; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo....M-VIII

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