JUAN MANUEL ESPINOSA GONZÁLEZ y Otros.

Expediente 777/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
777/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • JUAN MANUEL ESPINOSA GONZÁLEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, no recurrieron el auto de desechamiento dictado por este juzgado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Esto, debido a que fueron notificados el veinte siguiente, por lo que dicho plazo transcurrió del veintidós al veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior, se declara que el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la presente demanda.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 3461/2021, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto que originó el conflicto competencial 24/2021 de su índice interno. Así, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que acuse de recibo al tribunal colegiado remitente vía interconexión, a través del módulo "Expediente- Envío de documentos a órganos" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). RADICACIÓN. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 777/2021-II-1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado numeral 113 de la ley de la materia, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sentado lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción I y 3, quinto párrafo, estos últimos interpretados contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.)" Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Del dispositivo transcrito en último orden, se obtiene que, el empleo de las tecnologías de la información para actuar ante el Poder Judicial de la Federación, requieren del uso de la firma electrónica, cuya regulación actual se encuentra inmersa en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, del que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Por consiguiente, la presentación de una demanda de amparo a través de la plataforma informática del Poder Judicial de la Federación, implica necesariamente, que cuente con la firma electrónica de su suscriptor, la cual, como se indicó en párrafos precedentes, producirá los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa, lo que en la especie no ocurre. En efecto, del análisis practicado a la demanda de amparo, se obtiene que el escrito de demanda formulado vía juicio en línea por Carlos González Valencia, en favor de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, no cuenta con la firma electrónica correspondiente, tal y como lo hizo contar la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al radicar dicha demanda presentada vía juicio en línea. Sobre el tema particular, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, sustentó criterio, en el sentido de que la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la firma electrónica (FIREL). En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del promovente, porque la falta de ésta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Criterio anterior, que dio lugar a la jurisprudencia número P./J. 8/2019 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 79, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. La ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Máxime que en la especie no se actualiza el supuesto de excepción previsto en la parte final de la jurisprudencia transcrita, toda vez que los actos reclamados consistentes, en esencia, en la orden de traslado a diverso centro penitenciario y/o orden de reubicación de dormitorio a otro módulo o área, fuera de procedimiento. Sin embargo, contrario a lo que argumentaron los quejosos respecto de los citados actos reclamados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó pronunciamiento en el sentido de que las ordenes de traslado ni el cambio de condiciones de internamiento, no constituyen ataques a la libertad fuera de procedimiento, por lo que no se actualiza el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que es improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano respecto de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa ni sobre el cambio de condiciones de internamiento, ello en virtud de que cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal; de ahí que no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 109, ultima parte, de la Ley de Amparo. Lo cual, encuentra sustento en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, siete de mayo de dos mil veintiuno, con número de registro 2023063, del rubro: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.). En suma, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción I y 3, quinto párrafo, contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO presumiblemente promovida por Carlos González Valencia, en favor de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González. Domicilio y autorizados Ahora bien, toda vez que en el escrito inicial de demanda no se señaló domicilio oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene para tales efectos los estrados de este juzgado, incluyendo las de carácter personal. Uso de medios electrónicos Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Integración del expediente electrónico Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Autorización de copias Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. Devolución de documentos Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Ingreso a las instalaciones En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio 1803/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del testimonio dictado en sesión plenaria de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el conflicto competencial 24/2021 de su índice interno, suscitado entre el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, y el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, la cual se resolvió al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en turno, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por Carlos González Valencia, quien se ostenta como representante legítimo de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, para que efectué el turno correspondiente, a efecto de determinar el Juzgado de Distrito que conocerá del asunto." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que remita el oficio relativo al acuse de recibo al tribunal colegiado oficiante vía interconexión, a través del módulo "Expediente- Envío de documentos a órganos" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En razón de lo expuesto, solicítese de la manera más atenta al Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, que, de estimarlo procedente, remita los autos originales del juicio de amparo indirecto que originó el conflicto competencial 24/2021 de su índice interno; o bien, informe si los mismos obran en poder de alguno de los órganos jurisdiccionales contendientes; lo anterior, a fin de proveer lo relativo a la radicación de la demanda.

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