Juan Manuel Espinosa González

Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
12/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González
  • JESÚS SOLÓRZANO MARTÍNEZ y Otros.
  • Jesús Solórzano Martínez
  • JUAN MANUEL ESPINOSA GONZÁLEZ y Otros.
  • Marcelino Sánchez Segura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto los sobres oficiales que contienen los oficios 3632/2023 y 7580/2023 de uno de marzo y veintiuno de abril del año en curso, dirigidos al licenciado José Eduardo Calderón Arraiga, Defensor Público dependiente de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con sede en la Ciudad de México, los cuales fueron devueltos por ESTAFETA de aquella localidad, con las leyendas "rechazado por el destinatario". En atención a lo anterior, y toda vez que de las constancias que integran el expediente electrónico en que se actúa, se advierte que tanto la denominación como el domicilio donde rehusaron su recepción son correctos, en consecuencia, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación, aunado a que por auto de veintitrés de mayo de la propia anualidad, se ordenó el archivo del presente asunto por encontrarse totalmente concluido.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 1437/2023, remitido vía juicio en línea y firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al juicio de amparo 12/2022, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinoza González, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; en atención a ello, se ordena archivar el presente cuadernillo como asunto concluido. De conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este cuaderno de antecedentes es destruible transcurridos seis meses.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito aclaratorio a la demanda de amparo firmado autógrafamente por el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón -representante especial de los quejosos-, por medio del cual desahoga la prevención que se le formuló en proveído de veintiuno de abril de esta anualidad, ocurso que en atención a su contenido, se ordena agregar a los autos; el Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Los promoventes del amparo señalan como actos reclamados discriminación, tortura física y psicoemocional, intimidación y actos de represalias. INCOMPETENCIA. Este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda en razón de territorio. Se explica. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la interpretación literal de la disposición transcrita se advierte, dentro de lo que interesa, que en caso de que el acto reclamado deba tener ejecución, (i) será competente para conocer el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecute el acto reclamado; (ii) en el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o ya haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, al mismo tiempo, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y (iii) donde el acto reclamado no requiera ejecución material el juez de distrito competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Ahora, en el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que los promoventes, señalaron como reclamado y autoridades responsables las siguientes: ACTOS RECLAMADOS: Órdenes verbales de traslado a otros centros penitenciarios fuera de la Ciudad de México. Órdenes verbales de reubicación del dormitorio cuatro a otros dormitorios o módulos dentro de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Actos de discriminación. Actos de perturbaciones del sueño con la finalidad de generar tortura física y psicoemocional. Actos de violencia, negación de atención médica y dental, intimidación, castigo, restricción de comunicación, contacto y convivencia y agresiones físicas y psicoemocionales como medios de intimidación y represalia. AUTORIDADES RESPONSABLES: Subsecretario del Sistema Penitenciado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Subdirector Ejecutivo de Supervisión a Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Subdirector Ejecutivo de Seguridad de Centros Penitenciarios, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Jefe de la Unidad de Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Jefe de la Unidad Departamental de Jurídico y Normativa de la Penitenciaria de la Ciudad de México. En esa tesitura, se concluye que la ejecución de los actos reclamados, en su caso, solo pueden ejecutarse en la Ciudad de México, pues en primer término, todas las autoridades señaladas como responsables pertenecen a la Penitenciaria de la Ciudad de México, y en segundo, los quejosos Carlos Angelino Barrón y Juan Manuel Espinoza González, se encuentran recluidos en dicha penitenciaria ubicada en esa ciudad, donde aducen ser víctimas de discriminación, tortura psicoemocional, intimidación y actos de represalias, por parte de dichas autoridades penitenciarias. En tales condiciones, de conformidad con el arábigo 48 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional se declara legalmente INCOMPETENTE para conocer del presente asunto promovido por Carlos Angelino Barrón y Juan Manuel Espinoza González, por razón de territorio. En consecuencia, se ordena remitir la demanda de amparo que se provee, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, para que realice el turno correspondiente, a fin de que el juzgado en turno determine si acepta o no el conocimiento del presente asunto, en términos del citado artículo 48 de la ley de la materia. Con motivo de lo anterior, se comisiona a la secretaria actuante a fin de que permita la vinculación del expediente electrónico del presente asunto, para que pueda ser consultado por el órgano que corresponda conocer de la demanda que nos ocupa. Finalmente, con copia del escrito de aclaración de demanda, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones en el libro electrónico de gobierno. Incompetencia sin proveer sobre la suspensión de plano en términos del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Ahora, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que los promoventes atribuyen a las autoridades responsables actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, consistentes en tortura sicofísica y sicoemocional; sin embargo, no refieren cuál es la naturaleza o sobre que versa lo que pretenden ubicar los supuestos actos de tortura que aducen. Ante dicha situación, no puede considerarse que se está ante uno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna "tormento de cualquier especie", y por tanto, que se ubique en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ello es así, pues la solicitud de suspensión de dichos actos debe estar sustentada en hechos ciertos y actuales no probables o hipotéticos, como se consideran en este caso, en el que los promoventes no especifican en qué consiste el tormento de que son objeto o cuál ha sido el actuar de las responsable que ha concluido con esa violación a sus derechos fundamentales, siendo insuficiente que refiera que la tortura es física y psicológica, cuando de la lectura integral de la demanda, como se indicó, no se aprecia la existencia de un acto concreto del que pudieran derivar las vejaciones a que hacen alusión. Máxime, que reclaman actos a autoridades administrativas -Comité Técnico del Centro Penitenciario en el que se encuentra-, y en cuanto a ese tópico, es preciso señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de los cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, ya que esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y sean efectivos. Aunado a ello, la mencionada Sala de Supremo tribunal, recientemente emitió criterio jurisprudencial del que destaca que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, de ahí que, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, tratándose de los aludidos actos, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Se cita por identidad de razón la Jurisprudencia 27/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de seis de octubre de dos mil veintiuno, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. HECHOS: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario este será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. CRITERIO JURÍDICO: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. JUSTIFICACIÓN: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversia judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Por todo lo anterior, los actos de que se trata no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales procede conceder la suspensión de plano al considerarse tormento de cualquier especie, pues no se desprende de qué tipo de determinación derivan, y en su caso, si contra aquella resulta procedente el juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, no procede proveer sobre la suspensión de plano por no actualizase el supuesto de excepción del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, en razón de que como se explicó, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, este juzgador no se pronuncia sobre la suspensión de plano, ni es procedente girar los oficios a las autoridades señaladas como responsables, sino únicamente remitir este asunto al Juez de Distrito a favor del cual se declina su competencia NOTIFIQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Se tiene recibido el oficio 603/2023, remitido electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial E-075/2023-II-A, orden 110/2023, en la que se le encomendó notificar a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, el proveído de veintiuno de abril del año en curso; comunicado y anexos que se ordena agregar en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Sin necesidad de acusar recibo, en virtud de que el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), lo genera al momento de ser enviado. Hágase la anotación que corresponda en el libro de gobierno electrónico relativo, respecto a la diligenciación del preindicado exhorto.

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