Juan Manuel Espinosa González
Expediente 293/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Manuel Espinosa González
Actuaciones
- Principal
Radicación. Vista la certificación que antecede, de la cual se obtiene que en las demandas de amparo 288/2022-III y sus acumulados 289/2022-IV, 290/2022-V, 291/2022-I, 292/2022-II, 293/2022-III y 294/2022-IV, promovidas por 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, (2) Juan Manuel Espinosa González, (3) Edwin Daniel Guerra Córdova, (4) Luis Gabriel Jop Corzo, (5) José Othon Ramiro Hernández Lima, (6) José Antonio Contreras Chávez, (7) Enrique Mejía Bello, (8) Enrique Alvarado Saucillo, (9) Eduardo Ampudia Fraustro, (10) Eduardo Flores Castro, (11) Renán Hidalgo Echazarreta y (12) Hugo Melchor Nieto, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades, se obtiene que reclaman como actos destacados orden de traslado y la reubicación de los quejosos de sus dormitorios a diversos módulos o áreas, los cuales -a consideración de los promoventes- se traducen en ataques a su libertad personal, en actos de intimidación y discriminación, en actos de tortura psicoemocional y psicofísica, coacción, represalias, y en violación al principio pro persona, con fundamento en el artículo 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo en vigor, de oficio se decreta la acumulación de las demandas de amparo 289/2022-IV, 290/2022- V, 291/2022-I, 292/2022-II, 293/2022-III y 294/2022-IV a la 288/2022-V, las cuales se tramitarán bajo este último número. Así, vistas demandas de amparo promovidas por 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, (2) Juan Manuel Espinosa González, (3) Edwin Daniel Guerra Córdova, (4) Luis Gabriel Jop Corzo, (5) José Othon Ramiro Hernández Lima, (6) José Antonio Contreras Chávez, (7) Enrique Mejía Bello, (8) Enrique Alvarado Saucillo, (9) Eduardo Ampudia Fraustro, (10) Eduardo Flores Castro, (11) Renán Hidalgo Echazarreta y (12) Hugo Melchor Nieto, contra actos que reclaman del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades; atento a su contenido fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 288/2022-III y sus acumulados 289/2022-IV, 290/2022-V, 291/2022-I, 292/2022-II, 293/2022-III y 294/2022-IV. Análisis de la demanda. En primer lugar, cabe señalar que los quejosos promueven como urgente la presente demanda por los actos consistentes en: La orden de traslado y la reubicación de los quejosos de sus dormitorios a diversos módulos o áreas. Ataques a su libertad personal. Actos de intimidación y discriminación. Tortura psicoemocional y psicofísica. Coacción y represalias. Afectaciones a la salud y dignidad. Actos prohibidos por el 22 Constitucional. Omisión de investigar actos constitutivos de delito. Omisión de suspender en las funciones a los servidores públicos. Encubrimiento de actos constitutivos de delito de tortura. Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos. Violación al principio pro persona. Realización de estudios y perfiles y entrevistas. Audiencias de Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Así, se estima que la demanda de amparo resulta improcedente, en razón de que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, mismo que en la parte que interesa establece lo siguiente: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" En la norma anterior se establece el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en que, al tratarse el juicio constitucional de un medio extraordinario de defensa, resulta imperioso que, previamente a su interposición, deba agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, resultaría improcedente. En efecto, en atención a tal principio existe la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. Desde luego, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual, si bien admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a los impetrantes de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que los quejosos no pueden, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, que obliga a considerarlo procedente sólo cuando previamente se agota el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio idóneo de defensa para atacar los actos impugnados en la propia vía constitucional. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla la figura denominada "peticiones administrativas" que puede ser promovido por las personas privadas de la libertad en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y también contempla el recurso denominado "controversia judicial", al respecto los artículos 116, 117 y 122 a 127, prevén la procedencia y procedimiento para su ejercicio, tratándose de la duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad, de las condiciones de internamiento, previo agotamiento de la petición administrativa, así como la impugnación de sanciones administrativas, en cuyo caso se podrá interponer dicho recurso en el momento de la notificación, o dentro de los diez días siguientes cuando la persona no fue notificada. Aunado a lo anterior, es de destacar que el artículo 17, fracción II, del ordenamiento legal en cita establece que corresponde al Comité Técnico determinar y aplicar las sanciones disciplinarias, las cuales, en términos del diverso numeral 41, incluyen la amonestación, reubicación temporal, aislamiento temporal, entre otras. Por tanto, los quejosos cuentan con un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. En ese sentido, la Primera Sala refirió que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. De resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer un recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, del mismo ordenamiento, a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Asimismo, consideró que la controversia judicial es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por la autoridad administrativa sin autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, ya que únicamente requiere que el interesado la pida en su escrito inicial, e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha suspensión. Por lo anterior, la Primera Sala determinó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. Dicha determinación adoptada por el Máximo Tribunal del país es aplicable a los demás supuestos establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que, se reitera, establecen la procedencia de dicho medio de impugnación contra las determinaciones del Comité Técnico que impongan sanciones a las personas privadas de su libertad y/o, de las medidas de seguridad que en su caso se implementen, puesto que se ubican dentro del mismo supuesto normativo de tramitación en materia de controversias judiciales. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese sentido, se estima que la parte quejosa previo acudir al amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al tener noticia del cambio de dormitorio y orden de traslado que por esta vía pretende impugnar, tenía la posibilidad de acudir ante el Juez de Ejecución o Control según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Además, dicho mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. De donde se sigue que la suspensión establecida en dicho ordenamiento legal tiene los mismos efectos que la diversa de la Ley de amparo, dado que no exige mayores requisitos ni plazos que los que ésta consigna para concederla; de ahí que en el caso en concreto deba negarse la negarse la suspensión de plano. No ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano, dado que en los términos en que se encuentra redactada la demanda de amparo no se obtienen datos y elementos que permitan establecer ni siquiera indiciariamente que los quejosos pudieran estar expuestos a una situación o condiciones que directa e inmediatamente pongan en riesgo su vida o su salud, como consecuencia de los actos que reclaman. Esto es, no ha lugar a acordar sobre la suspensión de plan, respecto de los diversos actos reclamados consistentes en actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, como penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes, o alguna pena inusitada y trascendental; de igual manera, tampoco encuadran en los supuestos del numeral 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior, pues la naturaleza urgente de la demanda de amparo, no depende de que los quejosos así lo "consideren", sino que del contenido integral de la demanda de amparo, debe advertirse realmente que se está en presencia de alguno de los actos urgentes previstos en los ordinales 15 y 22 antes citados, que amerite su trámite inmediato; lo que no acontece en la especie, porque los impetrantes en modo alguno refieren que estén siendo objeto de alguno de los actos prohibidos contenidos en los numerales referidos. En tal virtud, se descarta el trámite correspondiente a una demanda urgente. Incompetencia. En el caso, la acción constitucional se promueve en contra de este Juzgado, pues se señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en el Estado de México; de ahí que se carece de competencia legal para conocer de la demanda. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de todas las entidades federativas del país con excepción de los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En tales condiciones, de conformidad con los artículos 381 y 482 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. Remisión de los autos al Juez que se estima competente. En ese sentido, y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno -a quien se estima legalmente competente-, pues los circuitos que comprenden los Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, los cuales tampoco fueron señalados como responsables, se encuentran a mayor distancia. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, comunique a este juzgado si acepta o no el conocimiento para la resolución del asunto; y de ser así, remita el acuse de recibo. Sin que se pase por alto que en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, el juez que se declara legalmente incompetente debe abstenerse de decidir sobre la admisión y respecto de la medida suspensional del acto reclamado, salvo que se trate de alguno de los actos previstos en el diverso 15 de la Ley de Amparo. Sin embargo, como se precisó con antelación, los actos reclamados en este juicio no encuentran adecuación con los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al declararse órgano jurisdiccional legalmente incompetente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se encuentra impedida para decidir sobre la medida suspensional. Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa.
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