Juan Manuel Espinosa González y Otros.

Expediente 362/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
362/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González y Otros.
  • Luís Gabriel Jop Corzo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 326/2022-II (orden 336/2022), del índice de este órgano jurisdiccional, dese de baja en el libro correspondiente el exhorto de referencia, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para los efectos estadísticos correspondientes; sin necesidad de acusar recibo dada la naturaleza de su recepción. Atento a lo anterior, se tiene por legalmente notificados a los quejosos, el proveído de cuatro de abril del año en curso, ello conforme a la constancia de notificación de siete de abril pasado, que obra en las constancias devueltas. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista demanda de amparo promovida por 1) Carlos Alberto Angelino Barrón, (2) Juan Manuel Espinosa González, (3) Edwin Daniel Guerra Córdova, (4) Luis Gabriel Jop Corzo, (5) José Othon Ramiro Hernández Lima, (6) José Antonio Contreras Chávez, (7) Enrique Mejía Bello, (8) Enrique Alvarado Saucillo, (9) Eduardo Ampudia Fraustro, (10) Eduardo Flores Castro, (11) Renán Hidalgo Echazarreta y (12) Hugo Melchor Nieto, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; atento a su contenido fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 362/2022-II. Análisis de la demanda. En primer lugar, cabe señalar que los quejosos promueven como urgente la presente demanda por los actos consistentes en: La orden de traslado y la reubicación de los quejosos de sus dormitorios a diversos módulos o áreas. Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución y 15 de la ley de amparo. Intimidación. Discriminación. Violación al principio de pro persona Inaplicación de criterios internacionales. Omisión de investigar actos constitutivos de delitos Cometidos por servidores públicos contra los quejosos. Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. Coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinoza González, para elaborar escrito de 14 de enero de 2022. Restricción de Comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias atribuidos al comité técnico. Realización de estudios y perfiles (inconstitucionales) y entrevistas (ilegales ya que son sin asesores jurídicos de los quejosos), como medio de coacción e intimidación. Audiencias de Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Así, se estima que la demanda de amparo resulta improcedente, en razón de que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, mismo que en la parte que interesa establece lo siguiente: "(.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En la norma anterior se establece el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en que, al tratarse el juicio constitucional de un medio extraordinario de defensa, resulta imperioso que, previamente a su interposición, deba agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, resultaría improcedente. En efecto, en atención a tal principio existe la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. Desde luego, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual, si bien admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a los impetrantes de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que los quejosos no pueden, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, que obliga a considerarlo procedente sólo cuando previamente se agota el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio idóneo de defensa para atacar los actos impugnados en la propia vía constitucional. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla la figura denominada "peticiones administrativas" que puede ser promovido por las personas privadas de la libertad en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y también contempla el recurso denominado "controversia judicial", al respecto los artículos 116, 117 y 122 a 127, prevén la procedencia y procedimiento para su ejercicio, tratándose de la duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad, de las condiciones de internamiento, previo agotamiento de la petición administrativa, así como la impugnación de sanciones administrativas, en cuyo caso se podrá interponer dicho recurso en el momento de la notificación, o dentro de los diez días siguientes cuando la persona no fue notificada. Aunado a lo anterior, es de destacar que el artículo 17, fracción II, del ordenamiento legal en cita establece que corresponde al Comité Técnico determinar y aplicar las sanciones disciplinarias, las cuales, en términos del diverso numeral 41, incluyen la amonestación, reubicación temporal, aislamiento temporal, entre otras. Por tanto, el quejoso cuenta con un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. Ahora bien, el pasado diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se publicó el comunicado de prensa 100/2021, en el que se hace del conocimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Primera Sala refirió que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. De resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer un recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, del mismo ordenamiento, a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Asimismo, consideró que la controversia judicial es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por la autoridad administrativa sin autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, ya que únicamente requiere que el interesado la pida en su escrito inicial, e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha suspensión. Por lo anterior, la Primera Sala determinó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. Dicha determinación adoptada por el Máximo Tribunal del país es aplicable a los demás supuestos establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que, se reitera, establecen la procedencia de dicho medio de impugnación contra las determinaciones del Comité Técnico que impongan sanciones a las personas privadas de su libertad y/o, de las medidas de seguridad que en su caso se implementen, puesto que se ubican dentro del mismo supuesto normativo de tramitación en materia de controversias judiciales. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese sentido, se estima que la parte quejosa previo acudir al amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, pues al tener noticia del cambio de dormitorio y orden de traslado que por esta vía pretende impugnar, tenía la posibilidad de acudir ante el Juez de Ejecución o Control según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Además, dicho mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. De donde se sigue que la suspensión establecida en dicho ordenamiento legal tiene los mismos efectos que la diversa de la Ley de amparo, dado que no exige mayores requisitos ni plazos que los que ésta consigna para conceder la suspensión provisional. En consecuencia, con fundamento en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida promovida por (1) Carlos Alberto Angelino Barrón, (2) Juan Manuel Espinosa González, (3) Edwin Daniel Guerra Córdova, (4) Luis Gabriel Jop Corzo, (5) José Othon Ramiro Hernández Lima, (6) José Antonio Contreras Chávez, (7) Enrique Mejía Bello, (8) Enrique Alvarado Saucillo, (9) Eduardo Ampudia Fraustro, (10) Eduardo Flores Castro, (11) Renán Hidalgo Echazarreta y (12) Hugo Melchor Nieto. Determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa. Sin embargo, debe decirse que dichos actos no permiten identificación en su contenido y en el supuesto de que lo permitieran, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que en la estadística de este órgano jurisdiccional no se sigue ninguna causa penal contra los quejosos; por tanto, la suscrita en ningún momento ha participado en la emisión de los actos reclamados que se le atribuyen, es decir, son inexistentes. Además, se estima que la presente determinación no deja en estado de indefensión a los inconformes, en razón que ningún caso práctico tendría realizar el trámite de una demanda que a todas luces es improcedente, en tanto que, como se vio, carece de la expresión de voluntad de su promovente. Resta decir que la demanda refiere actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; sin embargo, no se reclaman como presentes, sino como consecuencia de los actos reclamados. Notifíquese; mediante exhorto a la parte quejosa.

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