Juan Manuel Domínguez Torres

Expediente 820/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
820/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Juan Manuel Domínguez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Domínguez Torres, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Sin que se haga mayor pronunciamiento en relación a la devolución de documentos originales dado que no fueron exhibidos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ TORRES...Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Domínguez Torres, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Sin que se haga mayor pronunciamiento en relación a la devolución de documentos originales dado que no fueron exhibidos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Vistos los sobres de cuenta que contienen los oficios 12956, 12960 y 12963, dirigidos al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, actuario y agente de su adscripción, que devuelve el Administrador Local de Correos con la anotación al reverso ".rehusado no existe autoridad.". Ahora, toda vez que en proveído de uno de junio de dos mil diecisiete (foja 559 vuelta) se ordenó que los comunicados dirigidos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se remitieran al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de ese distrito judicial, toda vez que a partir del veintinueve de marzo del año actual, el primero fue cesado en sus funciones mediante acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Estado; en consecuencia, lo procedente es abrirlos y reenvíense dichas piezas postales con la denominación correcta a efecto de que queden debidamente enteradas de su contenido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ TORRES. Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Domínguez Torres, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número II-820/2018, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . ? Fijación del acto reclamado. En principio, a fin de orientar el estudio en torno a la procedencia o no del juicio de amparo conviene hacer la precisión del acto reclamado, por lo que del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa se duele de lo siguiente: ? El auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho dictado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio sumario civil hipotecario 529/2015 . Atento a lo anterior, se tiene que el acto reclamado emerge de un juicio sumario civil hipotecario, por lo que el presente proveído se realizará tomando en consideración los preceptos contenidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, en lo concerniente a las disposiciones para la tramitación de los juicios en la vía sumaria. ? Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Respecto al acto reclamado, este juzgador advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual, de conformidad con el precepto 113 del citado ordenamiento legal, conduce a desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, por las razones de derecho que a continuación se expresan. ? Marco legal. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estime lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo en los artículos 611, 691 y 676, dispone: "Artículo 611. Las reglas del juicio ordinario se aplicarán al sumario en lo que no se opongan a lo prevenido en este título. Artículo 691. Los autos son apelables cuando lo dispone la ley, si, además lo fuere la sentencia definitiva en el juicio en que se dicten. La apelación será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo en aquellos casos en que se disponga expresamente otra cosa. Artículo 676. Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte." El primero de los preceptos invocados (611) establece que las reglas del juicio ordinario se aplicarán al sumario en lo que no se opongan a lo prevenido en el capítulo relativo a los juicios sumarios civiles hipotecarios. En ese orden, el segundo de los numerales citados (691) señala que los autos son apelables cuando lo dispone la ley, si, además lo fuere la sentencia definitiva en el juicio en que se dicten. En tanto que el tercer artículo referido (676) dispone que los autos que no fueran apelables son revocables. Por tanto, si en el apartado legal relativo a la tramitación de los juicios sumarios civiles hipotecarios no existe disposición expresa en torno a la procedencia de recursos en contra de autos o resoluciones determinadas, debe remitirse a las reglas que operan para los juicios tramitados en la vía ordinaria. De ahí que, si el acto reclamado no es la sentencia definitiva, ni existe disposición en el código adjetivo aplicable de que en su contra proceda el recurso de apelación o, bien, que no quepa recurso alguno, es inconcuso que por exclusión el recurso procedente para modificar, nulificar o revocar tal actuación es el de revocación establecido en el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Michoacán. ? Análisis del caso concreto. De los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quejoso celebró contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, siendo el caso que a principios del año dos mil quince, el aludido instituto demandó al solicitante de amparo en la vía sumaria civil hipotecaria el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades, juicio que se registró con el número 529/2015, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil de este distrito judicial. Luego, ambas partes firmaron un convenio, mismo que fue elevado a categoría de cosa juzgada por el juez responsable el tres de septiembre de dos mil quince, actuación con la cual se dio por concluido dicho juicio. Posteriormente, el quejoso solicitó la reducción del crédito establecido en el aludido convenio, razón por la cual el juez responsable dictó el auto de tres de septiembre del año en curso en el que determinó que no había lugar a la modificación del convenio celebrado entre las partes el dieciocho de septiembre de dos mil quince y dejó a salvo los derechos del quejoso a fin de que éste gestione lo que a sus intereses conviniera, siendo éste el acto reclamado. De los hechos anteriores se tiene que el acto reclamado se dictó después de concluido el juicio, pues previo a emitirse el acuerdo de tres de los corrientes, se presentó ante el juez el convenio signado por las partes, mismo se elevó a categoría de cosa juzgada. Ahora, como puede apreciarse, el acto reclamado no constituye la sentencia definitiva ni existe disposición expresa en el código adjetivo aplicable de que en su contra proceda la apelación o no que quepa recurso alguno, por lo que es incuestionable que el quejoso debió haber interpuesto el recurso de revocación previo a instar la acción constitucional. En ese sentido, se insiste, el recurso de revocación es el medio ordinario de defensa idóneo y pertinente para combatir el acto reclamado, pues a través de tal recurso es susceptible modificar o revocar el acto del cual se queja el inconforme, con lo que se puede obtener su modificación. Por tanto, si en la especie el peticionario de amparo atribuyó al Juez responsable el auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio sumario civil hipotecario 529/2015, de su índice, y contra dicho acto procede el recurso de revocación, medio ordinario de defensa previsto en una ley material y formal, como lo es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, resulta inconcuso que debió agotar el principio de definitividad. Por añadidura, se precisa que el principio de definitividad tiene excepciones, las cuales se especificaron en el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a)", "b)", "c)"y "d)", de la ley en la materia, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza civil y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b). Así, tampoco se actualiza la hipótesis marcada con el inciso c), dado que quien comparece al presente juicio le reviste el carácter de demandado dentro del juicio subyacente, el cual fue legalmente llamado al contradictorio de origen, tan es así que firmó el convenio que le puso fin a dicho sumario, lo cual lo excluye de la hipótesis a que se contrae el inciso c). Por último, como se aprecia del propio acto reclamado, no se trata de un auto de vinculación a proceso, por tanto, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral citado. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis IV.2º.C.3K (10ª.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución.". Se precisa que la determinación que nos ocupa consiste en un auto emitido por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, que negó la modificación del convenio que puso fin al juicio sumario civil hipotecario número 529/2018, el cual no puede ser apelable ya que este constituye un acto emitido después de concluido el juicio, el cual la ley no establece expresamente que sea apelable, ni existe disposición en la norma que refieras que en su contra no quepa recurso alguno. Sin que pase inadvertido el contenido del artículo 743 del multicitado código, que dispone: "Artículo 743. De las resoluciones dictadas en y para la ejecución de una sentencia no procede recurso alguno, con excepción de las segundas, que serán apelables cuando impliquen exceso o defecto en lo ejecutado. Por resolución pronunciada para la ejecución de una sentencia, debe entenderse aquélla que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución material del fallo, es decir, la que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal posterior; en cambio, las resoluciones emitidas en ejecución de sentencia son las que comprenden los actos orientados en forma indirecta a preparar y lograr esa ejecución". Lo anterior, pues con independencia de que el acto reclamado se haya dictado después de concluido el juicio, esa sola circunstancia no actualiza la hipótesis contenida en el precepto antes transcrito que dispone que las resoluciones dictadas en y para la ejecución de una sentencia no procede recurso alguno, con excepción de las segundas, que serán apelables cuando impliquen exceso o defecto en lo ejecutado, ya que el auto que se combate en esta vía no está encaminado directa e inmediatamente a la ejecución material del fallo, ni comprende un acto orientado en forma indirecta a preparar y lograr esa ejecución, sino que se trata de una respuesta a la solicitud del quejoso de modificar el convenio que dio por concluido el juicio de origen, por lo que, al no encuadrar en los supuestos contenidos en dicho numeral, es evidente que sí procede el recurso de revocación en su contra. ? Conclusión. En tales condiciones, tomando en consideración que respecto del acto reclamado la ley ordinaria concede vía para inconformarse, de acuerdo a lo previsto en el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, sin que haya sido previamente agotado, lo conducente es desechar la demanda de garantías que se provee. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Séptima Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". ? Domicilio y autorizado. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, así como autorizando en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Carlos Octavio Barroso Rueda, dado que su cédula profesional se encuentra registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. ? Habilitación de días y horas Inhábiles. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. ? Oficios. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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