Juan Manuel Chacón Ceja
Expediente 872/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Manuel Chacón Ceja
Actuaciones
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Agréguese a los autos el escrito signado por Juan Manuel Chacón Ceja, por propio derecho, mediante el cual da cumplimiento a la prevención impuesta en proveído de veinticuatro de julio del año en curso, en el que se le requirió para que aclarara lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad complete los antecedentes del acto reclamado, esto es, indique: 1. Si en el proceso que indica en la demanda de amparo se le dio oportunidad de rendir declaración preparatoria, en caso afirmativo, 2. Si designó defensor particular o le fue asignado el defensor de oficio, en su caso, 3. Qué domicilio señaló para oír y recibir notificaciones, 4. Si le fue notificado a él o a su defensor el auto de formal prisión que describe en la demanda y, en su caso, señale fecha y hora en que ello aconteció, 5. Precise cuáles son los actos que reclamó en la demanda de amparo que describe en el CUARTO concepto de violación, 6. Si solicitó la ampliación del termino previsto en el artículo 19 constitucional, conforme a la redacción que tenía antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho y, 7. Si es su deseo señalar al actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal en esta ciudad como autoridad responsable y, en caso afirmativo, manifieste qué actos u omisiones lo atribuye". Sin que haya lugar a registrar la demanda en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, pues ello se hizo el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 25), correspondiéndole el número V-872/2019. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . ? Fijación del acto reclamado. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados que manifiesta el quejoso, en esta vía se hace consistir en lo siguiente: 1) "Se reclama del Juez Cuarto de primera instancia DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL, la SUJECIÓN A TÉRMINO CONSTITUCIONAL, a partir del momento en que fue puesto a su disposición, preciando día y hora en que iniciaba el término constitucional. 2) Se reclama del Juez aquí responsable, el no haber exhibido copia certificada firmada del auto de formal prisión dictado dentro de la causa penal 128/2016-II lo que causa incertidumbre. 3) Del director del centro de readaptación social "Lic. David franco Rodríguez" el mantenerme privado de la libertad sin que medie UN AUTO DE SUJECIÓN a proceso en el que indique el día, hora, causa penal y autoridad judicial (juez) que justifique mi prisión preventiva que guardo en el centro de readaptación social Lic. David franco Rodríguez. 4) Del director del centro de readaptación social aquí responsable, el mantenerme privado de mi libertad sin que medie un AUTO DE FORMAL PRISIÓN que justifique mi prisión preventiva que guardo hasta el día de hoy." Como es de observarse, los actos reclamados tienen su origen en las actuaciones practicadas dentro de la causa penal 128/2016-II, lo que no afecta derechos sustantivos del quejoso, como se expondrá a continuación. ? Actualización de una causal de improcedencia. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.] Lo anterior es así, ya que el artículo 19 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta antes de la reforma de dos mil ocho señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresaran: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prorroga, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. De la interpretación funcional de este precepto, se advierte que las obligaciones contenidas en el precepto constitucional protegen el derecho humano a la seguridad jurídica, pues el hecho de que las autoridades encargadas de los establecimientos en donde se lleva la prisión preventiva, deban vigilar que el auto de formal prisión se emita en el plazo constitucional y, en caso contrario, llamar atención del juez sobre ese aspecto, garantiza que el auto respectivo se emita en tiempo previsto en la ley fundamental. De lo anterior se obtiene que las obligaciones que párrafo segundo, del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tanto al Juez como al encargado del establecimiento en el que el indiciado guardará reclusión preventiva protege la seguridad jurídica en la materia penal, pues se relaciona con libertad personal del indiciado. Ahora, la obligación que corresponde a la responsable del centro de readaptación social en el que se encuentre internado el indiciado, para que, si dentro del plazo señalado no recibe copia autorizada del auto de formal prisión, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, llame la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad, propicia que las autoridades judiciales competentes para emitir el auto correspondiente ponga especial cuidado en que el plazo previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se rebase injustificadamente. No obstante las obligaciones de las autoridades responsables, el incumplimiento al párrafo anterior, no nulifica el auto de formal prisión una vez dictado, porque éste se pronuncia dentro de un proceso penal en el plazo establecido cuya validez sólo puede ser revisada por un tribunal superior, o por el juez de distrito en el juicio de amparo que al efecto se promueva, no por la autoridad penitenciaria; siendo esto así, aunque la omisión de notificar al responsable del establecimiento en que se encuentra recluido el quejoso se demostrara, así como de aquél de llamar la atención del juez, tales circunstancias no nulifican el auto de formal prisión porque fue emitido por una autoridad judicial dentro de un proceso penal en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Ley Fundamental. Lo anterior, porque el dieciocho de junio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas constitucionales en materia de Proceso Penal Acusatorio y Oral, que cambió el paradigma mexicano de la forma de procesar el delito. El Estado Mexicano transitó, del sistema tradicional mixto, al democrático acusatorio y oral, uno de los aspectos más importantes de esta reforma fue el respeto por los derechos humanos de todos los intervinientes en el proceso bajo el principio de igualdad procesal e igualdad de trata frente a la ley. La libertad personal adquirió un nuevo contexto y se estableció como garantía negativa para la protección de este derecho fundamental, la prohibición de imponer a los imputados como medida cautelar la prisión preventiva, la que sólo se decretaría de forma excepcional, de oficio en aquellos delitos contemplados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del Ministerio Público cuando justificara la necesidad de ello. Tratándose de la libertad personal existen notables diferencias entre el proceso penal tradicional y el acusatorio, pues en el primero, una vez establecido el cuerpo del delito y la probable participación del indiciado en su comisión, después de haberlo oído en declaración preparatoria, se emite un auto de "formal prisión", lo cual significa que el indiciado formalmente está privado de la libertad, sujeto a un proceso penal, pero por las circunstancias particulares del hecho que se le imputa es factible que materialmente sea puesto en libertad si garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, entre ellas la reparación del daño. En este proceso penal mixto no se contemplan medidas cautelares, como si se hace en el proceso de corte acusatorio, y ello se debe a que -como ya se indicó- el auto de formal prisión es el que restringe la libertad del procesado, porque formalmente se le priva de ésta al haberse demostrado los elementos del cuerpo del delito y hacer probable su participación en la comisión del hecho, habida cuenta que en el escrito presentado en la oficialía de partes del este juzgado el veintiséis de julio de dos mil nueve, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el auto d formal prisión le fue notificado a su defensor particular el veintiuno de julio de dos mil diecinueve aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos. En este orden, si ya se emitió el auto de formal prisión por parte de la autoridad judicial, el estado de prisión preventiva deriva de ese auto, y no podría analizarse las violaciones deducidas en este juicio, sin afectar el auto de formal prisión en comento que no se reclamó en este juicio; habida cuenta que en el diverso juicio de amparo 877/2019, que se encuentra en proceso de aclaración, aparentemente uno de los actos reclamados es precisamente el auto de formal prisión. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXII, de artículo 61, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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