Juan Manuel Córdoba García
Expediente 210/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Manuel Córdoba García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad.******************** Regístrese en el libro de gobierno con el número ******************** y fórmese expediente físico y electrónico. DESECHAMIENTO. Antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo planteada, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, del tenor siguiente:******************** "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para el suscrito juzgador determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:******************** "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que en la especie la quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO. EL AUTO DE RADICACIÓN DE FECHA UNO DE JULIO DEL 2019, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO ********************; auto de radicación en el que se decretaron medidas provisionales. Auto de radicación que confirma el pago de una pensión alimenticia en favor de la actora y que resulta violatoria de mis garantías individuales." Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado señala: "PRIMERO. En el expediente Civil ********************, ante el ciudadano Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, Chilpancingo, Guerrero; fui demandado por la C. ********************, GUARDA Y CUSTODIA DE ALIMENTOS, motivo por el cual fue requerido y emplazado a juicio el día 17 de mayo del año 2021 por dicho juzgado; demanda que fue por GUARDA Y CUSTODIA DE ALIMENTOS. SEGUNDO. Con fecha 02 del mes de julio del año 2019, el responsable confirmó el auto de radicación, en el que fue erradicado (sic) y señaladas las medidas provisionales entre las de fijar una pensión alimenticia basada en (CUARENTA DIAS DE SALARIO MINIMO) sin este tener conocimiento alguno de mis percepciones salariales y negándome el derecho a audiencia, en la que el suscrito pudiera haber sido oído y así mismo ofrecerlas pruebas correspondientes." De lo anterior se deduce que la demanda resulta improcedente, en virtud del acto reclamado, puesto que es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, los cuales son los que marcan los artículos, 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Se considera pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo Ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta que el aludido principio supone el agotar o ejercer previa y necesariamente todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado, el cual sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Es oportuno, por la estrecha relación que guarda con lo antes plasmado, invocar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, Tomo XXVII, Página 7, que dice: "AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a 'l, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohíba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción". En ese contexto, el acto reclamado, como ya se dijo en párrafos precedentes, se hace consistir en el auto de uno de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ********************, en el que se decretaron medidas provisionales. Ahora, los artículos 140, 238, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, establecen: "Artículo 140.- Clasificación de las resoluciones. Las resoluciones judiciales son decretos, autos, sentencias interlocutorias, o sentencias definitivas; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio; sentencias interlocutorias cuando decidan un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del negocio. Artículo 238.- Admisión de la demanda y prevención. El juzgador examinará el escrito de demanda y los documentos anexos, para resolver de oficio: . V. Si la vía intentada es la procedente. Si el juzgador encontrare que la demanda fue oscura, irregular, debe por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o complete dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se le dará curso a la misma. Para tal efecto, se le señalará en forma concreta el defecto o irregularidad que se encuentre. Si encontrare que está arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o personas contra quienes se proponga; y se les emplace para que la contesten dentro del plazo de nueve días. En el mismo auto se resolverá sobre la exhibición de documentos en poder del demandado y sobre las medidas de conservación del bien litigioso solicitadas por el actor. El auto que de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo. El que la deseche es recurrible en queja. Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración; II. Apelación; y III. Queja. Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles.******************** Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia:********************I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables;********************II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo. Artículo 393.- Apelaciones admitidas en el efecto suspensivo. La admisión de la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: . III. No obstante la admisión de la apelación en el efecto suspensivo, el que obtuvo sentencia favorable de condena puede pedir que se efectúe embargo provisional para el aseguramiento de lo sentenciado y de las medidas que puedan garantizar la ejecución. Estas medidas provisionales sólo se llevarán a cabo si se otorga caución para responder de los perjuicios que llegaren a ocasionarse a la contraparte, pero sin que se requiera prueba para acreditar su necesidad. Si la resolución contiene una parte que se refiera a alimentos, en esta parte se ejecutará sin necesidad de caución. El remate o adjudicación no podrán llevarse adelante, pero si podrán tener verificativo las diligencias previas como avalúo, incidentes de liquidación de sentencia y otras similares. En caso de que a petición de alguna parte se lleven a cabo estas medidas de aseguramiento, y posteriormente se revocare la sentencia, la parte que las pidió indemnizará a la otra de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado con el embargo o medidas provisionales, haciéndose en su caso efectiva la caución;******************** De la lectura de los indicados preceptos, se desprende que el Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, establece que contra el acto que reclama la parte quejosa procede el recurso de apelación; de ahí que previo al juicio constitucional, la parte quejosa debió interponer el mencionado recurso, y si no lo hizo, es inconcuso que no se agotó el principio de definitividad, por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, de datos, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2010515 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Civil Tesis: PC.XXI. J/5 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, página 1428 Tipo: Jurisprudencia ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código." Así como la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, mayo de 2002, página 902, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el diverso numeral 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las demás personas que relaciona, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido.******************** USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º de citado Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Asimismo, se exhorta a las partes a efecto de que proporcionen algún medio electrónico de contacto (por ejemplo correo electrónico o Whatsapp), a fin de contar con un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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