Juan Maldonado Sanchez

Expediente 1121/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1121/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
09/01/2018

Partes del expediente

  • Juan Maldonado Sanchez
  • Juan Maldonado Sanchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el oficio firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja laboral 177/2017. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por JUAN MALDONADO SÁNCHEZ, en contra del auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en el juicio de amparo indirecto 1121/2017, mediante el cual desechó de plano la demanda promovido por dicho quejoso." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Juan Maldonado Sánchez por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, en el juicio de amparo 1121/2017, al que le fue asignado el número de recurso de queja laboral 177/2017; por tanto, glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta firmado por Jesís Montalván Ramírez, apoderado legal de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase a dicha parte interponiendo recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio (fojas 7 a 10). En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, y ríndase informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictado en autos del juicio de amparo 1121/2017, se desechó la presente demanda. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas.

  4. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Montalván Ramírez, quien se ostenta como apoderado de JUAN MALDONADO SÁNCHEZ, personalidad que se le tiene por reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, pues exhibe copia certificada del auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 8/2013, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, contra actos de la citada autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1121/2017, y fórmese expediente. De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia vigente, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Cabe destacar que el acto reclamado debe ser en función de la etapa en que se encuentra el procedimiento natural. En ese sentido se tiene que el quejoso reclama el auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se señaló las trece horas del seis de febrero de dos mil dieciocho, para el verificativo de la diligencia relativa a la reinstalación del quejoso JUAN MALDONADO SÁNCHEZ, en su centro de trabajo. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora bien, en el caso concreto, la parte promovente se duele de que la autoridad responsable señaló fecha para el verificativo de la diligencia relativa a la reinstalación del quejoso JUAN MALDONADO SÁNCHEZ, en su centro de trabajo, fuera del plazo establecido en la legislación laboral; sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurre, pues en relación con la fecha en que se dictó el acuerdo que reclama (veinte de octubre de dos mil diecisiete) y la proximidad en la fecha señalada por la responsable, en dicho auto para el desahogo de las misma, es que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral, incluso, en relación con el tiempo que existe entre la fecha en que se dictó el acuerdo que se reclama y la data señalada para el desahogo de la misma, máxime que se comisionó al actuario que se constituyera en el domicilio del Ayuntamiento demandado, esto es, Cutzamala de Pinzón Guerrero, en compañía de JUAN MALDONADO SÁNCHEZ, lo que requiere de una organización mayor, que justifica el tiempo de programación en el caso concreto. Lo anterior, en razón de que lo aquí determinado se sustenta en lo establecido en la jurisprudencia 2ª.J.48/2016 (10ª.), precitada de aplicación obligatoria, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, y la cual señala que por regla general el amparo interpuesto contra actos relativos a la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de violaciones intraprocesales no afectan derechos sustantivos, y por tanto resulta improcedente, a menos que el juez de amparo, de la propia demanda advierta que existe una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización total del mismo, hipótesis que a juicio de la suscrita no se actualiza conforme a lo expuesto con antelación. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir a trámite el juicio de amparo en que se actúa, a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado del análisis de las constancias que obran en autos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En las condiciones apuntadas, lo que procede es desechar la demanda planteada, con apoyo en el diverso precepto 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que designa, por tratarse de la parte obrera.

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