Juan Manuel Becerril Vilchis

Expediente 934/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
934/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Manuel Becerril Vilchis
  • Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintidós. AGREGA OFICIO Intégrese el oficio signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite el testimonio dictado dentro del recurso de queja 43/2022 de su índice, del que se advierte que resolvió lo siguiente: "UNICO. Se declara sin materia el presente recurso de queja. Ahora bien, no pasa desapercibido este juzgador que del contenido del testimonio aludido, se precisa que se ordenó devolver los autos originales, sin embargo, sólo se remitió copia certificada de las actuaciones en el incidente en que se actúa, las cuales se adjuntaron al mismo, por lo que se ordena destruirlas en razón de que resultan innecesarias conservarlas. Háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE 22 DE JUNIO D E2022 SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 20 DE JUNIO DE 2022, EL CUAL, EN ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el quejoso, a través del cual desahoga la prevención formulada el siete de junio anterior, al respecto reproduce el acto reclamado y bajo protesta de decir verdad formula antecedentes; atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento de que fue objeto y provéase lo correspondiente a la demanda de amparo. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es pertinente destacar que, en la especie, el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, consiste esencialmente en: El auto de siete de octubre de do mil veintiuno, mediante el cual se observa que se proveyó respecto de pruebas supervenientes, en la que la responsable declaró que no tienen dicho carácter, por ende, se desecharon. Así como la resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, por el que se resolvió improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado en contra de los autos de cinco (en el que autoridad responsable señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento de pruebas) y seis (que resolvió el incidente de acumulación), ambos del mes de abril del año dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, en la especie se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que los actos de molestia consistentes en el auto de siete de octubre de do mil veintiuno, mediante el cual se observa que se proveyó respecto de pruebas supervenientes, en la que la responsable declaró que no tienen dicho carácter, por ende, se desecharon; así como la resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, por el que se resolvió improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado en contra de los autos de cinco (en el que autoridad responsable señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento de pruebas) y seis (que resolvió el incidente de acumulación), ambos del mes de abril del año dos mil veintiuno, no afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, a favor de la quejosa, como se expondrá a continuación. Los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De acuerdo a lo establecido en los numerales trascritos, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones tales como la libertad, vida, propiedad, entre otros; para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es preciso señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa premisa, el juicio constitucional intentado resulta improcedente en la especie, toda vez que, respecto al acto reclamado consistente en auto de auto de siete de octubre de do mil veintiuno, mediante el cual se observa que se proveyó respecto de pruebas supervenientes, en la que la responsable declaró que no tienen dicho carácter, por ende, se desecharon; así como la resolución interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintiuno, por el que se resolvió improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado en contra de los autos de cinco (en el que autoridad responsable señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento de pruebas) y seis (que resolvió el incidente de acumulación), ambos del mes de abril del año dos mil veintiuno, no constituyen actos que tengan una ejecución de imposible reparación; esto así, porque dichos actos, en todo caso, sólo afectan derechos procesales de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente contra actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, toda vez que el acto reclamado, no es de aquellos que lleve en sí una ejecución de imposible reparación, ya que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, sino que solamente repercute en el procedimiento de origen, y puede ser reparable con la sentencia que ponga fin al juicio de origen si es acorde a los intereses de la quejosa; de ahí que, el acto reclamado no es considerado de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese tenor, es dable sostener que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse el laudo o auto y/o resolución que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, los actos combatidos únicamente tienen efectos de carácter formal o intraprocesal, por lo que se puede extinguir en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos del peticionante del amparo y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Máxime que en el juicio de origen a la fecha en que se emite el presente auto, no se ha dictado sentencia que ponga fin a ese procedimiento; de ahí que si al momento en que esta se dicte, resulta favorable a los intereses del quejoso, ningún perjuicio le causa a este última, ya que los efectos del acto reclamado habrán desaparecido, lo que conlleva a establecer que el auto no es de imposible reparación y, por ende, el juicio biinstancial se torna improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 208717, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Por lo anterior, debe insistirse que los actos reclamados no constituyen actos de ejecución irreparable, sino más bien es una cuestión de naturaleza eminentemente procesal, en virtud de que no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la quejosa, en virtud de que el desechamiento de las pruebas supervenientes, así como la determinación que resolvió el incidente de acumulación, ni el auto que fija fecha de audiencia; afectan derechos procesales o adjetivos; máxime que una vez que esta se lleve a cabo, contra del laudo que resuelva en definitiva la controversia puede hacerse valer el amparo directo, en términos de la fracción l del diverso ordinal 170 de la legislación en comento, toda vez que hasta ese momento del dictado la sentencia definitiva se podrá apreciar si se vulneraron sus defensas, trascendiendo tal violación al resultado del fallo, pues de no considerarse así, todos los actos de carácter procesal, tendrían que ser combatidos en la vía indirecta y se haría nugatoria la mencionada fracción I del numeral 170 de la Ley de Amparo; de ahí que no proceda el juicio de amparo indirecto, porque contrario a lo que se pretende, el último de los ordinales citados, dispone que procede el juicio de amparo directo, contra las sentencias definitivas, en las que se podrá alegar las violaciones que se cometan durante el procedimiento y que afecten las defensas de las impetrantes del amparo que hayan trascendiendo al resultado del fallo. Tiene aplicación a lo antes expuesto, por el tema que informa, la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, publicada en la página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el epígrafe siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ELARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. " Es por ello que cuando el acto reclamado pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado de la resolución mencionada, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si el laudo es adverso a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del proceso de referencia, cuestión que, se insiste no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, cuyo rubro es: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de actos que afectenp materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata de la el desechamiento de las pruebas supervenientes, así como la determinación que resolvió el incidente de acumulación, ni el auto que fija fecha de audiencia, determinaciones que como ya se dijo no trastocan derechos sustantivos de la quejosa sino únicamente de carácter adjetivo, los cuales -como se ha dicho- podrán ser reparados con el laudo que se emita en el juicio de origen. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Juan Manuel Becerril Vilchis.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil veintidós. Intégrese el escrito del perito oficial en materia agropecuaria, ********************, por el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de mayo del año en curso manifiesta que no resulta necesario que se constituya en compañía de las partes en el inmueble en el que se realizó la afectación materia de la indemnización a determinar, para el desarrollo y emisión del dictamen que le fue requerido. En consecuencia, hágase del conocimiento de dicho experto que el plazo de diez días para exhibir el estudio aludido, iniciará a computarse el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído. En la inteligencia que de no exhibir el dictamen respectivo en el plazo concedido o informar la imposibilidad que tenga para lo anterior, le será impuesta una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal del sumario en que se actúa se advierte que en acuerdo de veintiséis de mayo próximo pasado se reservó proveer respecto del escrito de ********************, perito en materia de Topografía y Agrimensura nombrado por la Dirección de obra Tramo V y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; hasta en tanto el diverso experto ********************, desahogara el requerimiento realizado en auto de diecisiete de mayo anterior; por tanto, toda vez que dicha circunstancia ya aconteció, se levanta la reserva de mérito y al efecto se provee. En atención a la solicitud realizada por el experto de la autoridad responsable para que se fije fecha y hora a efecto de que, en compañía de la parte quejosa, se constituyan en este Juzgado para trasladarse al inmueble materia de las periciales ordenadas en el presente juicio y dicho experto se encuentren en oportunidad de obtener la información necesaria para rendir su informe pericial correspondiente, se fijan las diez horas del diecisiete de junio de dos mil veintidós; por lo anterior, se comisiona al actuario adscrito para que notifique la presente determinación a la parte quejosa y al experto ********************, por conducto de sus designantes. En el entendido que el plazo de diez días para efecto de que exhiba su dictamen correspondiente, comenzará a computarse al día siguiente de la diligencia antes mencionada; apercibido que de no hacerlo así, o informar imposibilidad alguna, le será impuesta una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo.

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