Juan Manuel Arzaluz Velázquez

Expediente 1449/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1449/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Juan Manuel Arzaluz Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. COMPARECENCIA Agréguese el escrito del quejoso, por el cual desiste del presente juicio; asimismo, intégrese la comparecencia por la que el impetrante Juan Manuel Arzaluz Velázquez ratifica su escrito de desistimiento, presentado en esta fecha en la oficialía de partes de este juzgado. SOBRESEIMIENTO En ese tenor, tomando en consideración que los asuntos de esta naturaleza, sólo pueden seguirse a instancia de parte agraviada y ante la manifestación expresa de la parte quejosa, se le tiene por desistido del juicio constitucional en que se actúa de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. De lo anterior se colige que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistirse el quejoso en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad; por consiguiente, con dicho desistimiento se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Así, en la inteligencia que al haber expresado dicho justiciable su voluntad a desistirse del presente juicio, ante presencia judicial; esto es, ante el Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, es evidente que no es necesario ordenar la ratificación de su decisión. En tal virtud, al haberse consentido expresamente por la parte quejosa el sobreseimiento decretado en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado analógica y supletoriamente, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas del diez de octubre de dos mil dieciocho; háganse las anotaciones respectivas. Desistimiento que trae como consecuencia que el incidente de suspensión quede sin materia, ya que éste sigue la suerte del principal. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se concedió y negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. ADMISIÓN Vista la demanda de cuenta, promovida por ****; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 1449/2018-IV-A. INCIDENTE. Por haberse solicitado, se tramita el incidente de suspensión. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación, para lo cual en la actuaría se deja copia de la demanda. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas del diez de octubre de dos mil dieciocho. INFORME JUSTIFICADO REQUERIMIENTO AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor del justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. La información deberá ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite4@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3252. NOTIFICACIÓN AUTORIDADES Asimismo, se le informa a la autoridad responsable, que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la Jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. PRUEBAS Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba del quejoso la presuncional en su doble aspecto legal y humano, para ser tomada en cuenta en la audiencia constitucional. Se reserva proveer en cuanto a los diversas pruebas ofrecidas, cuando estas se hallen en los presentes autos.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en el cuaderno principal, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1449/2018-IV-A. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con quince minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental. INFORMES PREVIOS Requiérase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, para lo cual se adjunta copia del escrito de demanda. Informe en el que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos que se le atribuyen; asimismo, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite4@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3252. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama la resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de revisión RR-PAR/200/2016, en la cual se le fija responsabilidad administrativa resarcitoria por un monto de $906,108.73 (novecientos seis mil ciento ocho pesos 73/100 moneda nacional); así como, su ejecución. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR CUANTO HACE A LA EMISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en los artículos 128 y 138 fracción I de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada respecto a la emisión del acto, toda vez que reviste el carácter de consumado, contra los cuales no procede la concesión de la medida cautelar solicitada, pues equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión, los cuales son propios de la sentencia que en el juicio principal de donde emana esta incidencia se pronuncie; así pues, los mismos no son susceptibles de suspenderse. Resulta aplicable la jurisprudencia 1090, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a continuación: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." (5a. Época; 1a. Sala; Ap. 2000; Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN; página 13). DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO SUS CONSECUENCIAS. Por otra parte, respecto a las consecuencias del acto reclamado, con fundamento en el multicitado artículo 128 y 138 fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se concede la suspensión provisional, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se realicen actos tendentes a hacer efectiva la responsabilidad administrativa resarcitoria por el monto de $906,108.73 (novecientos seis mil ciento ocho pesos 73/100 moneda nacional), hasta que se resuelva la interlocutoria sobre la suspensión definitiva. Los efectos de la suspensión dejarán de surtir, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación que del presente asunto se le realice a la parte quejosa, ésta no constituye la garantía del total de la responsabilidad administrativa resarcitoria impuesta al impetrante, es decir, la cantidad de $906,108.73 (novecientos seis mil ciento ocho pesos 73/100 moneda nacional), ello ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; de conformidad con lo que disponen los artículos 135, 136 y 138 de la Ley de la materia. Por lo tanto, se le impone acreditar la constitución de la garantía con el recibo respectivo que deberá exhibir en el incidente en que se actúa, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se haya realizado dicho depósito, y hasta en tanto, no se dicte interlocutoria sobre la suspensión definitiva, de conformidad con lo que disponen los artículos 135, 136 y 138 de la Ley de la materia. Apoya la anterior determinación, por analogía, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, SURTE EFECTOS DE INMEDIATO, Y SU EFECTIVIDAD QUEDA SUJETA A QUE SE GARANTICE EL INTERÉS FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE DICHO ORDENAMIENTO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 43/2001 Y 2a./J. 74/2006). Durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 43/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", en la que consideró que de la interpretación armónica de los artículos 125, 130 y 139 de aquel ordenamiento, en atención a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la suspensión, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, debía concluirse que la suspensión provisional que puede decretarse con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, surte efectos inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación, sin que ello implicara que de no exhibirse esa garantía, dejara de surtir efectos. Asimismo, la Segunda Sala del propio Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).", en la que precisó que el criterio establecido en la jurisprudencia indicada era aplicable también respecto de la garantía contenida en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que preveía la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria relativa se señaló que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de concederla y que éstas se establecían en el artículo 124 de dicha ley, mientras que los requisitos de efectividad estaban contenidos en sus diversos preceptos 125, 135, 136 y 139, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; asimismo, que los requisitos de efectividad se referían a la causación de los efectos de la medida, por lo que bien podía acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no operara la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad; y que la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 mencionado tendía a satisfacer los fines relativos a salvaguardar el interés fiscal, que esencialmente se asemejaban a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 referidos, por lo que de acuerdo con el principio de derecho que establece: "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", los argumentos contenidos en la jurisprudencia inicialmente indicada podían aplicarse en esos casos. Luego, el criterio jurídico contenido en esas tesis de jurisprudencia es aplicable a los casos en que se reclame el cobro de contribuciones o créditos fiscales, tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, porque no se contrapone con sus disposiciones, ya que su artículo 128 establece requisitos de procedencia de la suspensión a petición del quejoso que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al tomar la decisión correspondiente, en términos similares a los que preveía el artículo 124 de la ley abrogada en sus fracciones I y II; y los artículos 132, 135 y 136 de la ley vigente, instituyen requisitos de efectividad que también resultan similares a los contenidos en los numerales 125, 135 y 139 de la abrogada. Por tanto, la suspensión provisional en este tipo de asuntos surte efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que se garantice el interés fiscal en términos del artículo 135 de la ley de la materia vigente. (10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo II; Pág. 1925)". La medida suspensional no surtirá efectos si los actos provienen de autoridad diversa a la aquí señalada. En el entendido que en el caso particular no es aplicable el numeral 137 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso se le impuso responsabilidad resarcitoria como persona física y no como representante de algún municipio. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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