Juan Manuel Becerril Soto
Expediente 357/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel Becerril Soto
Actuaciones
- Principal
Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al que anexa el juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución pronunciada por el referido Tribunal, en el recurso de queja ***; la cual, en lo que interesa dice: ÚNICO Es infundado el presente recurso de queja. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. En diez de mayo de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de referencia, signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por ***, mismo que fue radicado como recurso de queja ***, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. En veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como corresponda, copia del escrito signado por ***, por propio derecho; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley en cita, se le tiene interpuesto recurso de queja contra el proveído de seis de octubre del año en curso, pronunciado por este juzgado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. ? Remisión de escrito de agravios. Atento a lo anterior, una vez que se encuentre debidamente integrado y sin ulterior acuerdo, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, en turno, el original del escrito de expresión de agravios y las copias de éste, a fin de que provea lo conducente. ? Se rinde informe. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber a la superioridad que es cierto que el seis de octubre de dos mil veinte, se emitió el proveído que se impugna, en el cual constan los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para emitirlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos de la promovente del amparo. Para justificar lo anterior, adjúntese al indicado informe con justificación copia certificada de todas las constancias que integran el sumario en que se actúa, con la atenta solicitud del acuse de su recibo.
- Principal
Cumple parcialmente la prevención Agréguese el escrito signado por Juan Manuel Becerril Soto, con el que cumple parcialmente con la prevención de dieciocho de septiembre del año en curso, respecto a la cual se acuerda lo siguiente. Consideraciones previas. Así, mediante proveído de dieciocho de septiembre actual, se determinó prevenir a la parte quejosa para que precisara lo siguiente: Único. Aclare si al juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, le atribuye algún acto relacionado con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, estos se atribuyen a un grupo de gente relacionada con delincuencia organizada, sin embargo este último al no ser autoridad tendría que denunciar tales hechos ante la instancia correspondiente. Cuestión que deben dilucidarse a fin de determinar la litis constitucional sobre los actos relacionados con la extorsión y amenazas de privación de la vida, y estar en condiciones de proveer sobre la procedencia o no de la demanda y, en su caso, sobre la suspensión de los actos reclamados." Al respecto, el promovente se pronunció en los términos siguientes: 1. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se han llevado a cabo diversas diligencias desde el día cinco de marzo del año en curso, por el juez Primero de Partido Civil de Acambaro, Guanajuato dentro del expediente del juicio especial civil sobre juicio hipotecario número ***. 2. Reclama del C. ***, -actor en el juicio de origen- que se le pretenda privar de su propiedad mediante actos de extorsión, con amenazas de privarle de la vida, lo cual es inconstitucional, al existir prohibición expresa en el artículo 22 de la Constitución Federal. Así, de acuerdo a la narración del inconforme, atribuye por un lado, a un "grupo de personas" pertenecientes a un grupo delictivo y por otro al actor, los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y no así al juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. Ahora, estas últimas acciones las atribuye a un grupo del crimen organizado y a una persona en particular, lo cual para efectos del juicio de amparo, no les asiste el carácter autoridades responsables, ya que si bien la ley de la materia prevé amparo contra particulares, para encajarlos en ese supuesto deben realizar actos equivalentes a los de autoridad; esto es, afectar derechos en los términos que marca la presente ley, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; lo cual no embona en el supuesto, ya que de lo manifestado por el quejoso, se advierte que señala de las personas en mención, actos prohibidos por el el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que son constitutivos de delito; por lo que quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante la instancia correspondiente. Lo anterior es así, pues de la narración de los hechos que hizo bajo protesta de decir verdad, se inadvierte que los actos de extorsión y amenazas de privarlo de la vida, no le son atribuibles al juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, ya que a este último se le reclama la orden de desposesión de bienes propiedad del quejoso, dentro del juicio hipotecario expediente 51/2020, que en todo caso es la materia a estudio. Pronunciamiento respecto del acto reclamado consistente en la desposesión de bienes. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. La lectura de la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios permite identificar como actos reclamados, los siguientes: La orden de desposesión de bienes propiedad del quejoso, dentro del juicio hipotecario expediente ***, del índice del juzgado Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. En la especie, esta juzgadora considera que la acción constitucional intentada en torno a tales actos reclamados resulta extemporánea. Para demostrar lo anterior, es necesario atender al contenido de los artículos 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Así, del primer precepto legal se aprecia que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputados como tales los reclamos fuera de los plazos previstos en la ley. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado y, no obstante, deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta, en tales circunstancias, presume conformidad con el acto. A su vez, la interpretación sistemática de los diversos numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo se obtiene como regla general, que el juicio constitucional debe instarse dentro del término de quince días, que se contabilizarán a partir del día siguiente: I. Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, II. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto; o, III. Al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. Al respecto, se precisa, no es impedimento para aplicar la jurisprudencia citada, que se hubiera pronunciado durante la vigencia de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, pues como refiere el Sexto transitorio de la actual: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", y en el caso particular, por las razones expuestas, la jurisprudencia aludida se encuentra vigente. De esto se aprecia que la Ley de Amparo prevé tres formas fundamentales para computar el término de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda, todas con características propias, pues, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal de Justicia, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio constitucional fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de donde se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Análisis del caso concreto. Con base en este marco normativo, los actos reclamados, se ubican dentro de la primer regla antes enunciada, esto es, el quejoso al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto reclamado, esto es, como él mismo lo refiere -bajo protesta de decir verdad- que fue emplazado al juicio natural el cinco de marzo de dos mil veinte. De ahí que al ser parte en el juicio natural, dicha notificación surte efectos al día siguiente seis de marzo del presente año, y por tanto, el término para promover el juicio de amparo le corre a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos, esto es a partir del nueve de marzo de dos mil veinte. Motivo por el cual, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto reclamado, ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día hábil siguiente al en que fue notificado, esto es a partir del nueve de marzo al once de agosto del presente año. Descontándose del diecinueve de marzo al dos de agosto del presente año, por no correr términos por la suspensión de plazos y términos procesales en los juicios de amparo, con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2, esto, en atención a lo dispuesto por el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Suspensión que, se vio extendida hasta el treinta y uno de julio de este año, en atención a los diversos acuerdos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Reanudandose los términos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Por tanto, debió promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue emplazado al juicio natural, y la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Guanajuato, con sede en Celaya, el diecinueve de agosto de dos mil veinte, tal como se corrobora del sello de recibido que consta en la parte superior de su escrito de demanda. Lo anterior evidencia que, la presentación sucedió de manera extemporánea. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata.
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