Juan Manuel Acevedo Quiles
Expediente 400/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel Acevedo Quiles
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ****; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos d e la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de treinta y uno de marzo de este año, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra los actos que reclama del Juez de Control en Materia Penal de Oralidad de la Tercera Región y Agente del Ministerio Público Investigador Número III de tramitación Común, ambos con sede en Celaya, Guanajuato, que estima violatorio de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14, 16, 20, 21, 24, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 400/2017-I.2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Juez de Control en Materia Penal de Oralidad de la Tercera Región y del Agente del Ministerio Público Investigador Número III de tramitación Común, ambos con sede en Celaya, Guanajuato; que hace consistir en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el cuadernillo de proceso número Z0616-10, por la que NO se admite a trámite el Recurso de Reclmación interpuesto a su vez, contra los acuerdos de ocho y trece de marzo del actual, dictados en la Carpeta de Investigación 26282/2016; estos últimos, relativos al desahogo de determiada prueba ofertada en esa indagatoria. Como antecedentes del acto reclamado se desprende, en lo que aquí interesa, que ante la Agencia del Ministerio Público Investigador Número III de tramitación Común, con sede en Celaya, Guanajuato, se tramita la Carpeta de Investigación 26282/2016, en la que el promovente ***, ostenta el carácter de indiciado; y en su trámite, se ordenó el desahogo de determinada prueba pericial, emitiéndose los acuerdos de ocho y trece de marzo del actual, con relación a las solicitudes expresas del ahí indiciado para su diligenciación. Contra dichos autos, el referido ***, interpuso Recurso de Reclamación, medio ordinario de defensa que fue desechado mediante resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, por el Juez de Control en Materia Penal de Oralidad de la Tercera Región con sede en Celaya, Guanajuato, en el cuadernillo de proceso número Z0616-10; acto en último relatado que constituye la materia del reclamo constitucional en la demanda que se analiza. Precisión que encuentra apoyo en las Tesis de Jurisprudencia siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, página 32, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Fijado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61 fracción XII, en relación con el 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo; numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los transcritos numerales 61, fracción XII, 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, así como que el carácter de parte quejosa le asiste a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que los actos reclamados produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio personal y directo con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley que cuando se transgrede por la actuación de la autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para solicitar el cese de esa violación, presupuesto que representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado sino otros de diversa índole que no tengan ese carácter el juicio de amparo deviene improcedente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia abordada, en atención a que el acto reclamado como se dijo, se hace consistir en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el cuadernillo de proceso número Z0616-10, por la que NO se admite a trámite el Recurso de Reclmación interpuesto a su vez, contra los acuerdos de ocho y trece de marzo del actual, dictados en la Carpeta de Investigación 26282/2016; lo que se traduce en que la Agencia del Ministerio Público Investigador Número III de tramitación Común, con sede en Celaya, Guanajuato, continuará el trámite de la Carpeta de Investigación 26282/2016, en específico, el desahogo de la prueba pericial, admitida evidentemente para la integración de esa indagatoria. Además, el desahogo de esa prueba pericial como está ordenado por el Agente del Ministerio Público, no genera efectos de imposible reparación, ya que, intregrada esa Carpeta de Investigación, los argumentos en que se sustentarían los actos consignatorios, pueden ser desvirtuados mediante las instancias y recursos que se estimen idóneos, en el supuesto de que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede someter a juicio a una persona, momento en el cual real y efectivamente afectará su esfera jurídica. Así, resulta aplicable por analogía de razón, la jurisprudencia 87/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Fderación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, Materia Penal, página 71, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." De ser el caso, desahogado tal medio de prueba, así como los diversos que integrran la Carpeta de Investugación, el Agente del Ministerio Público integrador quedará en aptitud de emitir una determinación en la que concluya dicha indagatoria; por tanto, si resuelve no ejercer acción penal los efectos de la resolución reclamada serán reparados, pues al promovente de amparo (indiciado en aquella averiguación) no se le vinculará a proceso. En este orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Juez de Control en Materia Penal de Oralidad de la Tercera Región y Agente del Ministerio Público Investigador Número III de tramitación Común, ambos con sede en Celaya, Guanajuato. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase por autorizadas a ***, y como domicilio para tal efecto, el ubicado en ***, de esta Ciudad. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo.
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