Juan Manuel Barajas
Expediente 920/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel Barajas
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. I. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 920/2023-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Juan Manuel Barajas. III. Autoridad responsable. Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades. IV. Fijación del acto reclamado. Del contenido del ocurso de amparo se obtiene que la parte impetrante reclama a las autoridades responsables: ".la omisión de dar contestación a las peticiones realizadas el diez de mayo de dos mil veintitrés -cuyos acuses de recepción datan el veintitrés, veinticinco y veintiséis de mayo del presente año-, mediante las cuales solicita informen al quejoso el número de seguridad social asignado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los movimientos afiliatorios, altas y bajas del régimen de aseguramiento obligatorio existente en el sistema de datos personales del Instituto Mexicano del Seguro Social." V. Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, y el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8° constitucional, toda vez que el acto reclamado no viola el precepto constitucional citado. De la señalada norma constitucional, se advierte que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí, así como respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y que ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, el veintidós de agosto de dos mil veintitrés señalándose como acto reclamado la falta de respuesta a las peticiones realizadas el diez de mayo de dos mil veintitrés -cuyos acuses de recepción datan el veintitrés, veinticinco y veintiséis de mayo del presente año-, mediante las cuales solicita informen al quejoso el número de seguridad social asignado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los movimientos afiliatorios, altas y bajas del régimen de aseguramiento obligatorio existente en el sistema de datos personales de dicho Instituto. De lo que se colige que no existe violación al derecho de petición que consagra el artículo 8º constitucional, toda vez que entre la fecha en que las autoridades señaladas como responsables recibieron el escrito de petición (veintitrés, veinticinco y veintiséis de mayo pasado) y la presentación de la demanda de amparo (veintidós de agosto del año en curso) que se analiza, aun no han transcurrido tres meses, por lo que es evidente que las autoridades responsables siguen contando con pocos día de plazo para dar analizar y, en su caso, contestar la solicitud del quejoso cuya omisión de proveer o falta de respuesta se duele, esto es, emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación personal, tomando en consideración la distancia entre la Ciudad de México (lugar de residencia de las potestades) y esta localidad (en la que se encuentra el domicilio del quejoso), así como la forma en que las autoridades habrán de notificar tal determinación que en su caso se emita, esto es, si por conducto de algún notificador del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrito a esta ciudad, o vía correo ordinario, o bien, por mensajería acelerada Estafeta; lo que por el momento, la omisión destacada por el quejoso, no podría tenerse por válida para la admisión de la demanda de amparo, debido a que sigue transcurriendo el plazo con que cuenta las potestades en comento para emitir pronunciamiento a la petición del impetrante. Cierto, la parte quejosa señala que son casi tres meses de falta de respuesta; sin embargo, no se puede soslayar que el plazo en comento debe verificarse en su totalidad para considerar que efectivamente ha existido una omisión por parte de quienes se señala como responsables, plazo que habrá de considerarse como se verá en líneas subsecuentes. La Ley del Seguro Social, no establece término preciso mediante el cual dicho organismo debe dar contestación o respuesta a alguna petición que le sea dirigida, no obstante ello, dicha omisión no debe interpretarse en stricto sensu, sino que ante ese vacío legal debe operar la integración análoga (supletoriedad), de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". Bajo esa óptica, al ser la autoridad responsable del orden federal, por similitud de "fuero", debe aplicarse por analogía el Código Fiscal de la Federación, en particular el artículo 34, fracción III, cuarto párrafo, que establece: "Artículo 34.- Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente: (.) III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. (.) Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva (.)" Lo subrayado no es de origen. Apoya lo anterior la tesis I.4o.A.507 A, número de registro 176320, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2361, de la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA. El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo". Por consiguiente, aun cuando se admitiera a trámite la demanda de amparo que se analiza, la inexistencia del acto reclamado no podría ser desvirtuada, en razón de que es incuestionable que a la fecha de presentación de la demanda constitucional, la omisión reclamada todavía no existe pues, como ya quedó asentado, aun y cuando (por pocos días) casi se cumple el plazo en la especie se encuentra transcurriendo un término prudente (tres meses), para que las autoridades responsables analicen la solicitud planteada por la parte quejosa, den contestación a la misma y notifiquen el acuerdo o acuerdo recaídos y, por ende, no existe la violación al derecho de petición reclamado. Por tanto, se considera que la violación al derecho de petición reconocido por el artículo 8º constitucional no se actualiza, pues si bien es claro que existe un período entre la solicitud y la fecha de la presentación de la demanda en donde no se ha atendido, esto de ninguna forma puede considerarse como una afectación a los derechos del peticionario de amparo, pues en la especie (como se dijo) aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que las autoridades responsables analicen la solicitud de la parte inconforme, den contestación a la misma y notifiquen el acuerdo o acuerdos recaídos, se itera, en razón de que el lapso transcurrido entre la recepción del último escrito (es decir el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés) y la fecha de promoción de la demanda de amparo que se analiza, no supera los tres meses que tienen para ello, de ahí que no puede considerarse suficiente para que materialmente éstas puedan dar contestación a dicha petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación, a foja 767, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Así como la tesis XVII.2o.P.A.1 CS (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1674, de la Décima Época, con número de registro 2022559, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ. El artículo 8o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades la obligación de dar respuesta en "breve término" a la solicitud formulada por un particular; sin embargo, ese concepto no ha sido acotado por el Constituyente, por lo que no es posible fijar un plazo único y genérico para que las autoridades den respuesta a la solicitud que se les plantea en ejercicio del derecho de petición. En esa tesitura, por "breve término" debe entenderse el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad." En razón de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII y el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el numeral 8° de la Constitución Federal, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Sin que lo anterior implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues de continuar las autoridades responsables en la omisión reclamada por un tiempo mayor al necesario para la emisión de la respuesta relativa a su escrito, podrá promover nuevamente el juicio de amparo indirecto que corresponda o el medio legal que considere pertinente. VI. Domicilio y autorizados. Como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se ordene practicar personalmente en el presente juicio al usuario que proporciona, esto es (AlexaDELAR). Asimismo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez el usuario mencionado se encuentra registrados en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para las notificaciones y consulta electrónicas del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios de la del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alexandra Delgado Arias, Gregorio Miguel Acevedo Flores, Reyes Carlos León Cordero, Daniel Alberto Mireles Medel y Daniel Cruz Cano toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral y su correlativo 24 ambos de la ley de la materia, a las diversas personas que menciona por así haberlo solicitado. VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretaria Judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). X. Se ordena generación de versión pública de determinación. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, quien actúa asistida de José Luis Sánchez García, secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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