Juan Manuel Alvarado
Expediente 948/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Manuel Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Causa estado proveído de veintiuno de octubre del año en curso (fojas 31-32). En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, se ordena destruir el cuadernillo original y duplicado del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Autoridad informa. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a través del cual en atención al requerimiento formulado en proveído de once de octubre del año en curso, anexa copia autógrafa del auto de dieciocho de octubre de la presente anualidad, por el que invoca una causa de improcedencia, la cual solicita se tome en consideración y que de ser aún necesarias las constancias requeridas, las remitirá a la brevedad. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por la autoridad oficiante, de lo que se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que de la constancia que remitió la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación por conducto de su Presidenta, así como de lo informado en el oficio de cuenta, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la Junta responsable de acordar las promociones presentadas por el apoderado legal del quejoso en el juicio laboral 2484/2020/E1/CA/IND, en el sentido de que cierre la etapa de instrucción y emita laudo; ahora, de la documental remitida por la autoridad responsable se advierte que, en cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en la audiencia incidental celebrada el siete de octubre de la presente anualidad, en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, emitió el laudo en dicho contradictorio laboral e implícitamente acordó los escritos presentados por el quejoso, dado que la finalidad de los mismos era que se emitiera el laudo correspondiente, lo que ya aconteció; constancia a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con la cual se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión de la Junta responsable de acordar las promociones presentadas por el apoderado legal del quejoso en el juicio laboral 2484/2020/E1/CA/IND, en el sentido de que cierre la etapa de instrucción y emita laudo; pues, mediante resolución en forma de laudo, emitida el seis de octubre de dos mil veintidós, la Junta responsable dictó el laudo correspondiente e implícitamente acordó los escritos presentados por el quejoso, dado que la finalidad de los mismos era que se emitiera el laudo, lo que ya aconteció. Se afirma lo anterior, pues si bien al ocho de septiembre del año en curso, -fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional- existía el acto reclamado, cierto es que dejó de existir el seis de octubre de la presente anualidad, dado que la referida Junta responsable dictó el laudo correspondiente e implícitamente acordó los ocursos presentados por el solicitante del amparo, en virtud de que la finalidad de aquellos era que se emitiera laudo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 21 DE OCTUBRE DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "... SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA ..."
- Principal
Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por conducto de su Presidenta, con el cual se da vista a las partes, por un término de ocho días previos a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza la documental que la autoridad responsable allegó a su informe con justificación, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. Requerimiento. Ahora bien, visto el informe justificado de cuenta, así como el anexo consistente en la copia autógrafa del documento que allega la autoridad oficiante, se advierte que fue omisa en remitir copia certificada de la totalidad de las constancias que conforman el juicio laboral de origen. En ese tenor, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente que reciba el oficio que de este auto derive, remita copia certificada, completa y legible de las constancias que conforman el juicio laboral de origen. Apercíbase a la autoridad requerida que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), con apoyo en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo.
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