Juan Manuel Aldecua Toraya
Expediente 378/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Manuel Aldecua Toraya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente; archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil veinte. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en su primer punto resolutivo se sobreseyó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 378/2020-VII-III, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables los cuales obran en los presentes autos y con las demás constancias que integran en este expediente. A lo anterior el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias, para ser consideradas al momento de resolver el presente juicio. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales remitidas por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, autoridad señalada como responsable, junto con su informe justificado. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, que se tenga por admitidas las probanzas de referencia, cerrándose dicho periodo. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaria da cuenta con el alegato ministerial de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone solicita se niegue el amparo a la parte quejosa o en su caso de sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 378/2020-VII-III promovido por Jorge Valencia Palomo, a favor de Juan Manuel Aldecua Toraya, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por violación al artículo 20 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veintisiete de febrero de dos mil veinte, contra actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, los cuales hizo consistir en: "La ilegal incomunicación e ilegal detención de mi defendido." Segundo. Concesión de la suspensión de plano. Por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, se tuvo por presentada la demanda, se concedió la suspensión de plano por lo que refiere a dichos actos atribuidos a la autoridad señalada como responsable; y se requirió al directo quejoso la ratificación de la demanda promovida a su favor. Tercero. Admisión de demanda. Mediante acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, se admitió la demanda de amparo; se tuvo por ampliada la demanda de la directa quejosa por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que fueron puestos a la vista de las partes oportunamente; y se dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete. Cuarto. En su oportunidad, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclaman actos cuya ejecución tuvieron lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es: - "La ilegal incomunicación e ilegal detención de mi defendido." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación del directo quejoso, todas las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron el acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. En virtud de lo anterior, en lo particular respecto de dicho acto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo XLIII, a foja 181, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos existentes. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Secretario de dicha corporación y del Secretario de Dzilam de Bravo, Yucatán, al rendir sus informes justificados aceptaron el acto reclamado respecto de la privación de la libertad (detención) del quejoso. Ahora bien, el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, hizo manifestaciones que evidencia su certeza, por lo que se tienen por ciertos. Quinto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. En principio, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procedimental, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El referido numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo en virtud de que ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. En ese sentido, para que se actualice la causal de improcedencia que se analiza, es necesario lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas especialmente por la autoridad responsable Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán, como anexo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que el quejoso Juan Manuel Aldecua Toraya fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y puesto a disposición de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Yucatán a través del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora de esa Delegación, quien mediante acuerdo de veintinueve de febrero de dos mil veinte, por considerar que no existe un riesgo latente de evasión de la justicia por parte del aquí quejoso, ordenó en términos de lo dispuesto en el numeral 149, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales la inmediata libertad bajo las reservas de ley del quejoso Juan Manuel Aldecua Toraya, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito contra la biodiversidad previsto y sancionado en el numeral 420 fracción IV, del Código Penal Federal, la cual fue cumplimentado en esa misma fecha. Por tanto, la detención del quejoso Juan Manuel Aldecua Toraya, ha cesado en sus efectos, pues el peticionario de amparo fue puesto en libertad, y en tal medida se destruyeron todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos jurídicos del acto reclamado respecto a la directa quejosa, desde el momento en que fue liberada por la autoridad que la tenía a su disposición; por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo aplicable, Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Valencia Palomo, a favor de Juan Manuel Aldecua Toraya, contra los actos que reclama de las autoridades que han quedado relacionadas en el presente fallo, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse las copias certificadas a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes, que en su caso podrán proporcionar un correo electrónico para la remisión digital del informe de cuenta. Por lo que refiere a la Agente del Ministerio Público de la Federación, en caso de que estime necesario imponerse del informe de cuenta, deberá solicitarlo a través del correo institucional 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, a efecto de que se ordene la remisión del mismo vía correo institucional blanca.ortiz@pgr.gob.mx. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
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