Juan Luis Vázquez Huerta

Expediente 1173/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1173/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Luis Vázquez Huerta
  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
  • Juan Luis Vázquez Huerta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de doce de julio del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no obre en autos constancia de notificación de la sentencia dictada en estos autos, respecto de las autoridades responsables que tienen su residencia fuera de esta ciudad, toda vez que considerando el sentido en que se resolvió el juicio, con el dictado de la misma no se vulnera derecho alguno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas del doce de julio de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1173/2018-I se procede a celebrarla ante la presencia del Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, asistido de la secretaria licenciad Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, en el que se admitió la competencia para conocer de la demanda de amparo; constancias de notificación a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El Juez, acuerda: téngase por hecha la relatoría de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la constancia con las que las responsables justificaron los actos reclamados, así como con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa en su demanda de amparo. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán consideradas al momento de resolver el presente asunto. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, se abre el período de alegatos, en el que la secretaria informa que las partes no los presentaron, con lo anterior se concluye este período. A continuación tomando en cuenta todo lo actuado, se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 1173/2018-I, promovido por Juan Luis Vázquez Huerta, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, primer párrafo, 14, primer párrafo, 25, párrafos primero, sexto y séptimo y 31, fracción IV constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, declinó competencia para conocer del juicio de amparo, por cuestión de territorio. Segundo. Por cuestión de turno se recibió la demanda en este juzgado; que en acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, aceptó la competencia declinada; se admitió a trámite; se notificó a las partes, sin pedir informe justificado a las autoridades porque ya obraban en autos; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró el día de hoy en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo que se promovió contra actos cuya ejecución es dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados, son los siguientes: 1. De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, la aprobación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de diciembre de dos mil trece. 2. Del Presidente de la República, la promulgación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Tercero. Actos existentes. Las autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 134, 137, 165 a 200 y 532 a 568, respectivamente); al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman dentro del ámbito de su competencia. Certeza que es implícita a los actos relacionados con el proceso legislativo de las normas impugnadas, atendiendo al principio de derecho consistente en que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, agosto de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 260, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia invocadas por las partes. Al respecto, la autoridad responsable Presidente de la República plantea la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que el quejoso carece de interés jurídico para impugnar la norma general reclamada, pues no acreditó que hubiera sido aplicada en su perjuicio (foja 536). El precepto legal dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" La porción normativa transcrita determina que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y, contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen afectación al peticionario de garantías, sino que se necesita de un acto posterior de aplicación que lo origine. Por su parte, en el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia se dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Debe puntualizarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de actos de autoridad que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el citado artículo 5° de la Ley de Amparo, en cuanto previene que el juicio de garantías puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre acotado a que tal agravio sea real y actual. Ahora, para la impugnación de una disposición general mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que afecta de manera real y actual la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. En el presente caso, la parte quejosa reclama la aprobación y promulgación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, difundida el once de diciembre de dos mil trece; cuyo texto es del orden siguiente: "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (.) IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. (.) V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. (.) XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. (.) Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley." Del análisis del artículo trascrito se aprecia que no se pagará el impuesto sobre la renta, por la obtención de diversos ingresos entre los que se encuentran las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, caja de ahorro de los trabajadores y fondo de ahorro establecido por empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad. Se establece que para aplicar la exención sobre tales conceptos se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador, con independencia de quién los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, que no se aplicará en indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de la ley impugnada. Del análisis del artículo trascrito, se advierte que la norma general reclamada es de aquellas que por su naturaleza, y con independencia del inicio de su vigencia, esto es, a partir del primero de enero de dos mil catorce, necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en las hipótesis legales en ellas descritas, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular, es decir, se tratan de normas heteroaplicativas. Sobre esa base, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio, sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Sirve de fundamento la jurisprudencia 2a./J. 76/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio." Así como, la jurisprudencia 1a./J. 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." A fin de acreditar la afectación que produce el precepto legal impugnado, el quejoso ofreció como único elemento de prueba (foja 203 del cuaderno auxiliar), un formato denominado "Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo", correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, de la que se aprecia en el apartado de "pagos del patrón efectuados a sus trabajadores" el concepto denominado "fondo de ahorro", y en éste, se observan cantidades en las columnas correspondientes a "gravado" o "exento", en las que no se aprecia cuál de ellas correspondió a la retención de cantidades gravadas al quejoso conforme al artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley que reclama. La parte quejosa tampoco exhibió recibo alguno expedido por Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable, del cual se desprenda la deducción de alguno de los conceptos previstos en la normatividad que impugna; esto es, no se advierte la aplicación del Impuesto Sobre la Renta en cuanto al artículo que por esta vía se tilda de inconstitucionalidad, ni la actualización de los supuestos normativos en ella previstos. Máxime que no basta la mera presunción de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que ello no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." En tales condiciones, es fundada la causa de improcedencia analizada, toda vez que el peticionario de amparo no acreditó el acto de aplicación en su perjuicio del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo y hace procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En mérito de lo anterior, es innecesario analizar las restantes causas de improcedencia que plantean las responsables, ya que su análisis no variaría el sentido del fallo. Robustece lo determinado, la jurisprudencia 414, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, materia común, Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73 a 78 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Juan Luis Vázquez Huerta, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por lo motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando quinto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas del doce de julio de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1173/2018-I se procede a celebrarla ante la presencia del Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, asistido de la secretaria licenciad Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, en el que se admitió la competencia para conocer de la demanda de amparo; constancias de notificación a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El Juez, acuerda: téngase por hecha la relatoría de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la constancia con las que las responsables justificaron los actos reclamados, así como con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa en su demanda de amparo. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán consideradas al momento de resolver el presente asunto. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, se abre el período de alegatos, en el que la secretaria informa que las partes no los presentaron, con lo anterior se concluye este período. A continuación tomando en cuenta todo lo actuado, se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 1173/2018-I, promovido por Juan Luis Vázquez Huerta, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, primer párrafo, 14, primer párrafo, 25, párrafos primero, sexto y séptimo y 31, fracción IV constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, declinó competencia para conocer del juicio de amparo, por cuestión de territorio. Segundo. Por cuestión de turno se recibió la demanda en este juzgado; que en acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, aceptó la competencia declinada; se admitió a trámite; se notificó a las partes, sin pedir informe justificado a las autoridades porque ya obraban en autos; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró el día de hoy en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo que se promovió contra actos cuya ejecución es dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados, son los siguientes: 1. De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, la aprobación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de diciembre de dos mil trece. 2. Del Presidente de la República, la promulgación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Tercero. Actos existentes. Las autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 134, 137, 165 a 200 y 532 a 568, respectivamente); al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman dentro del ámbito de su competencia. Certeza que es implícita a los actos relacionados con el proceso legislativo de las normas impugnadas, atendiendo al principio de derecho consistente en que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, agosto de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 260, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia invocadas por las partes. Al respecto, la autoridad responsable Presidente de la República plantea la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que el quejoso carece de interés jurídico para impugnar la norma general reclamada, pues no acreditó que hubiera sido aplicada en su perjuicio (foja 536). El precepto legal dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" La porción normativa transcrita determina que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y, contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen afectación al peticionario de garantías, sino que se necesita de un acto posterior de aplicación que lo origine. Por su parte, en el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia se dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Debe puntualizarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de actos de autoridad que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el citado artículo 5° de la Ley de Amparo, en cuanto previene que el juicio de garantías puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre acotado a que tal agravio sea real y actual. Ahora, para la impugnación de una disposición general mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que afecta de manera real y actual la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. En el presente caso, la parte quejosa reclama la aprobación y promulgación del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, difundida el once de diciembre de dos mil trece; cuyo texto es del orden siguiente: "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (.) IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. (.) V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. (.) XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. (.) Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley." Del análisis del artículo trascrito se aprecia que no se pagará el impuesto sobre la renta, por la obtención de diversos ingresos entre los que se encuentran las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, caja de ahorro de los trabajadores y fondo de ahorro establecido por empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad. Se establece que para aplicar la exención sobre tales conceptos se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador, con independencia de quién los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, que no se aplicará en indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de la ley impugnada. Del análisis del artículo trascrito, se advierte que la norma general reclamada es de aquellas que por su naturaleza, y con independencia del inicio de su vigencia, esto es, a partir del primero de enero de dos mil catorce, necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en las hipótesis legales en ellas descritas, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular, es decir, se tratan de normas heteroaplicativas. Sobre esa base, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio, sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Sirve de fundamento la jurisprudencia 2a./J. 76/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio." Así como, la jurisprudencia 1a./J. 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." A fin de acreditar la afectación que produce el precepto legal impugnado, el quejoso ofreció como único elemento de prueba (foja 203 del cuaderno auxiliar), un formato denominado "Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados, Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo", correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, de la que se aprecia en el apartado de "pagos del patrón efectuados a sus trabajadores" el concepto denominado "fondo de ahorro", y en éste, se observan cantidades en las columnas correspondientes a "gravado" o "exento", en las que no se aprecia cuál de ellas correspondió a la retención de cantidades gravadas al quejoso conforme al artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley que reclama. La parte quejosa tampoco exhibió recibo alguno expedido por Teléfonos de México, sociedad anónima bursátil de capital variable, del cual se desprenda la deducción de alguno de los conceptos previstos en la normatividad que impugna; esto es, no se advierte la aplicación del Impuesto Sobre la Renta en cuanto al artículo que por esta vía se tilda de inconstitucionalidad, ni la actualización de los supuestos normativos en ella previstos. Máxime que no basta la mera presunción de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que ello no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, de rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." En tales condiciones, es fundada la causa de improcedencia analizada, toda vez que el peticionario de amparo no acreditó el acto de aplicación en su perjuicio del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo y hace procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En mérito de lo anterior, es innecesario analizar las restantes causas de improcedencia que plantean las responsables, ya que su análisis no variaría el sentido del fallo. Robustece lo determinado, la jurisprudencia 414, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, materia común, Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73 a 78 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Juan Luis Vázquez Huerta, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por lo motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando quinto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de junio del año en curso, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, como titular de este órgano jurisdiccional, en sustitución del ahora Magistrado René Rubio Escobar, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes en el presente juicio por el término de tres días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas del doce de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 18926/2019 remitido por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remite copias certificadas del informe justificado del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de la República, con sede en Ciudad de México, rendido en el juicio de amparo 2201/2017 de su índice, solicitadas en proveído de veinticinco de abril del año en curso, los cuales se ordenan agregar a estos autos únicamente para que obren como corresponda, en virtud de que mediante acuerdo de seis de los cursantes, se tuvieron por recibidas dichas constancias. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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