Juan Manuel Aguilar Cruz
Expediente 1051/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Manuel Aguilar Cruz
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, donde se desechó la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo haya hecho. Se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. En atención a la razón actuarial de cuenta, se hace constar la imposibilidad para notificar a la parte quejosa el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. La razón de la imposibilidad: el domicilio designado por el peticionario de amparo no existe. Se ordena notificar al impetrante el referido proveído y los subsecuentes que surjan, por lista de acuerdos. Notifíquese y cúmplase. -------Inserción------ "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1051/2018. Desechamiento. Este juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Aguilar Cruz. En el caso, la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad, a través (i) del superintendente General, (ii) del agente Comercial de la División de Distribución Oriente, zona Papaloapan, (iii) del jefe del departamento de Medición de la Distribución Oriente, zona Papaloapan, (iv) del jefe del Departamento de Medición y Servicio de la División de Distribución Oriente, zona Papaloapan y (v) del apoderado y representante legal, lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo los actos de aplicación consistentes en el cobro excesivo, por el aumento de tarifa del servicio eléctrico, del medidor 05E6A3, esto en razón del cobro excesivo, como se puede apreciar en el cargo impuesto en forma unilateral por parte de Comisión Federal de Electricidad con el recibo de luz que en copia simple anexo a la presente, toda vez que este se me hace llegar en forma electrónica, suministro que sólo la Comisión Federal de Electricidad brinda en todo el país de forma monopólica sin dejar opción al hoy quejoso de poder tener un criterio de oportunidad en obtener un servicio distinto, reclamando desde este momento el recibo por consumo de energía, que se me impone de forma excesiva, llevando acabo un aumento de tarifa por más de una 1000%, situación que me casusa un grave perjuicio en mi economía, haciéndome imposible llevar acabo el pago de dicho suministro de energía eléctrica, dicho número de servicio 855170101940, que en forma por demás arbitraria COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pretende imponerme en forma arbitraría, además de que el hoy quejoso no ha incurrido en un uso fuera de lo normal de lo que es mi consumo diario, situación por la cual desconozco el incremento de cobro excedido que hoy pretende hacerme valer la paraestatal ya mencionada, está por demás mencionar que la suscripción del contrato que el hoy quejoso realizo, me sometieron a las condiciones que dicta la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, sin posibilidad de negociación, alguna es decir siendo un contrato unilateral, siendo que este no es característico de los contratos entre particulares en un plano de igualdad, de manera tal que el contrato no emerge de un plano de igualdad, considerando que en el país la CFE es el único organismo que presta el servicio de energía eléctrica, me vi obligado a firmar lo que dicta el contrato que me impone COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pues de lo contrario no podrían obtener el servicio, que es de primera necesidad, por lo que solicito el amparo y protección de la justicia federal previendo un posible daño patrimonial y moral que me causaría tener que pagar el cobro excesivo que me realiza la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Lo anterior, con motivo de que el quejoso aduce que el once de octubre de pasado, llegó a su domicilio el recibo de pago de Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de $238,293.00 (doscientos treinta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), por el consumo de energía eléctrica (kilowats). Además, indica que el pago de dicha cantidad es estratosférico, por lo que le resulta imposible de liquidar; también refiere que no fue avisado de un aumento de tarifa y demás prestaciones que Comisión Federal de Electricidad comenzó a realizar, esa falta de notificación, le causa daño en su economía y patrimonio. Sin embargo, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación al numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de actos de autoridad, preceptos cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo con tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Causal de improcedencia fundada que imposibilita jurídicamente a este juzgador emprender el análisis de fondo, tocante al acto que por esta vía pretende combatir el quejoso, consistente en el recibo de consumo de energía eléctrica, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al período del treinta y uno de agosto al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $238,293.00 (doscientos treinta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), con motivo del consumo de energía eléctrica (kilowats) en el medidor 05E6A3, del servicio 855170101940. Lo anterior, debido a que dicha circunstancia deriva de un acto comercial donde la emisora (Comisión Federal de Electricidad) no funge como autoridad, sino más bien se trata de cuestiones inherentes al campo de derechos y obligaciones que derivan del contrato de suministro de energía eléctrica. Para dar sustento a la calificativa aludida, resulta oportuno tener presente el contenido del artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada, así como el numeral 43 del Reglamento de dicha ley -cabe precisar que si bien dichos artículos no fueron citados en los actos reclamados, son útiles para justificar la relación entablada entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 30.- La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación" "Artículo 43. El suministrador es el único facultado para vender energía eléctrica destinada al servicio, previa celebración del contrato de suministro correspondiente y de acuerdo con las tarifas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las disposiciones correspondientes a la contratación, facturación, prepago de energía eléctrica, medición, contenido del aviso-recibo, períodos de consumo y demás conceptos relacionados con la venta de energía eléctrica, estarán contemplados en el Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, que elaborará el suministrador y aprobará la Secretaría. Dicho manual se publicará en el Diario Oficial de la Federación". De los reproducidos artículos se advierte que los actos que despliega la Comisión Federal de Electricidad, en relación con la prestación del servicio público de energía eléctrica, entre otros, es el suministro de energía eléctrica a quien lo solicite, mediante la suscripción del contrato respectivo. Es así, porque el artículo 43 del Reglamento expresamente disponía que el suministrador es el único facultado para vender energía eléctrica destinada al servicio, previa celebración del contrato de suministro correspondiente y de acuerdo con las tarifas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por tanto, si bien es verdad que de las constancias del sumario constitucional no se advierte que se haya exhibido el contrato respectivo, esa razón no resulta suficiente para desvirtuar la actualización de la citada causal de improcedencia, dado que no sería factible que el impetrante acudiera a defender su derecho de suministro de energía eléctrica sí previamente no hubiera contratado con la Comisión Federal de Electricidad. Máxime que en la legislación aplicable vigente, específicamente en el artículo 51 de la Ley de la Industria Eléctrica, se prevé también que previo al inicio del suministro básico, el usuario final deberá celebrar un contrato de suministro con un suministrador. Por tanto, la causa de improcedencia se sustenta primordialmente en la existencia del contrato de suministro de energía eléctrica, pese a que no se exhibió como prueba, pues su existencia queda patentizada con las disposiciones legales citadas en líneas precedentes. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 532, libro 53, abril del dos mil dieciocho, tomo I, materia común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". Además, conforme a la normatividad vigente ahora es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, y ha dejado de ser un organismo público descentralizado, que fue una de las cuestiones torales por las que, en su momento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la llegó a considerar como autoridad para los fines del juicio de amparo. Sin embargo, la nueva normatividad obliga a analizar si en la actualidad las funciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, constituyen actos desplegados por el Estado, en tanto que ahora, la legislación secundaria prevé que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva de aquél. En ese sentido, los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada el once de agosto de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, establecen lo siguiente: Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta ley son de interés social y orden público.[...]. La prestación del servicio de energía eléctrica podrá llevarse a cabo a través de una persona distinta de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 51 de la citada ley, el cual dispone: Artículo 51. Previo al inicio del Suministro Básico o Suministro Calificado, el Usuario Final deberá celebrar un contrato de suministro con un Suministrador. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico y, en el caso del Suministro Básico, deberán ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El Suministro de Último Recurso se preverá en los contratos de Suministro Calificado y los contratos de Participante de Mercado que celebren los Usuarios Calificados. Por otro lado, conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta constituye ahora una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene por objeto prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y que tiene como fin el desarrollo de las actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. Lo hasta aquí expuesto, permite llegar a la conclusión que si bien los actos que realice la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público, ya no pueden entenderse como actos desplegados por el Estado. Lo anterior es así, pues ese servicio ya no es facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, dado que si bien en el desarrollo de su actividad de generar, conducir, transformar, distribuir y vender energía eléctrica, actúa bajo un marco legal establecido, lo cierto es que ahora, al menos en la comercialización de la energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Derivado de lo anterior, ya no puede afirmarse que los actos que emite o que haya emitido la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica constituyen actos administrativos, debido a que por disposición de la ley, no emanan de un ente del Estado, pues como se dijo, ahora se considera a la citada Comisión como una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal y ya no cuenta con la función pública exclusiva consistente en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Por tanto, la nueva regulación en cuanto al servicio de energía eléctrica incide en la naturaleza de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad y por ende, en que no puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. No es óbice a lo anterior que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ahora sea más flexible para considerar ciertos actos de autoridad a los de particulares, sin embargo, para ello se deben de cumplir ciertas características en las que actualmente no encuadra la Comisión federal de Electricidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014 interpretó el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y precisó que el legislador ordinario determinó que los particulares tendrán el carácter de autoridad cuando "sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II (del artículo 5o.) y cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta", de modo tal que su reconocimiento, como tal "dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar, por el tribunal, el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales". Puntualizó que de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Dijo que a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. Que en este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. Que en ese orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo, el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. En resumen dijo, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son los siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Las características aludidas, como se dijo con anterioridad, no se actualizan en la especie, porque conforme a la nueva normatividad que regula las actuaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ahora tiene la calidad de empresa productiva del Estado, que la ubica en una relación de coordinación con el particular, pues se asemeja a cualquier empresa privada como suministrador o transportista que ofrece el servicio de suministro eléctrico. En efecto, si el legislador al establecer la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad, usó el término "empresa", es indudable que tiene una connotación de tipo económico, distinta a la de un organismo público descentralizado -como era considerada anteriormente-, pues por empresa se entiende al conjunto de personas y cosas organizadas por el titular, con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes o de servicios destinados al mercado. En ese sentido las empresas públicas, o sea, aquellas que el Estado (federal, local o municipal) organiza y explota en forma exclusiva, también deben considerarse como mercantiles, porque responden a la naturaleza, a la actividad y a la finalidad propias de ellas de esta materia, que es ejercer una actividad comercial o industrial en forma habitual o profesional, para ofrecer bienes y servicios al mercado; y en segundo lugar, porque los actos y la actividad que realicen se consideran como actos de comercio y de carácter lucrativo, tomando el concepto de lucro en sentido amplio, no sólo como beneficio del titular o del socio titular, sino como plusvalor del costo total de la producción de la mercancía o del servicio. Es importante apuntar que los contratos y todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán, en términos del artículo 7º de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común, debiendo cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Por tanto, conforme a la regulación actual, las relaciones jurídicas que existen entre la empresa productiva del Estado -Comisión Federal de Electricidad-, en calidad de suministrador de energía eléctrica y los ciudadanos como usuarios, no pueden considerarse como de autoridad, en razón de que dicho ente dejó de ser un organismo público descentralizado, para convertirse en una empresa productiva del Estado, por lo que con esa calidad, a la fecha de presentación de la demanda no puede encuadrar en la hipótesis que prevé el último párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Inclusive, siguiendo en la misma línea, cabe indicar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido pronunciamiento respecto de la vía en la cual se debe conocer de los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, al resolver la contradicción de tesis 250/2018, en que la parte que interesa, determino lo siguiente: "QUINTO.-Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.(7) Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014.(8) [...] Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.(9) Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. (.)" De la transcripción anterior, se advierte que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, determino que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por constituir un acto de comercio, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos, como se dijo, de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. [...]. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Francisco Dehesa Sánchez por estar inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Joaquín García Patatuchi. Notifíquese personalmente.
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