Juan Luis Chávez Ramírez
Expediente 555/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Luis Chávez Ramírez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 555/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Desechamiento. Conforme a lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal argumento tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que supuestos de improcedencia se actualiza en el caso. En el caso, en la demanda de amparo, el quejoso señala como autoridad responsable a la Comisión Mixta Disciplinaria del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), de cuyos antecedentes se advierte que los actos que reclaman derivan de las facultadas de ésta con motivo de la relación laboral existente entre ambo, pues señala que dicha comisión ordeno el cambio de su área de trabajo, como personal administrativo de base, adscrito al plantel treinta y dos (32) Cuilapam, del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5°, fracción II y 107 fracción II, todos de la Ley de Amparo; ya que los actos de los cuales se duele la quejosa derivan de una relación en plano de igualdad y no de supra a subordinación. Los preceptos legales invocados textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (.)". Del análisis de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, así como por Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También, de conformidad con la última fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente por motivos que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De ahí que, si el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en este caso la causa operaría en atención a que la autoridad señalada como responsable no tiene dicho carácter. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable, en los que ha precisado que ésta es aquélla que, con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. En ese sentido, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Así, es preciso destacar que, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es necesario el estudio de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, cuyo análisis se requiere para acreditar la naturaleza de los actos que por esta vía se impugnan. Sobre el particular, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel y, para dirimir sus controversias deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, como ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos y garantías para su protección como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Ahora bien, respecto al tema de las relaciones laborales entre los organismos descentralizados de todos los niveles de Gobierno, como lo es el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) y sus trabajadores, en el caso lo es el quejoso, pues señaló que es personal administrativo de base, adscrito al plantel treinta y dos (32) Cuilapam, del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 6490/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), con registro digital 2012980 de título y subtitulo siguiente: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]" sostuvo que los Estados Federados tienen la potestad constitucional para regular las relaciones laborales entre los distintos órganos locales -centralizados, descentralizados e incluso constitucionalmente autónomos- y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con el apartado A o el apartado B del artículo 123 constitucional, porque forman parte de la atribución prevista en el artículo 116, fracción VI, constitucional, por lo que las Legislaturas Locales están facultadas para emitir la normatividad correspondiente que atienda a las características y particularidades de cada localidad. Bajo los razonamientos anteriores se tiene que el legislador del Estado de Oaxaca, emitió mediante decreto 41, la Ley que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en la que reconoció en su artículo 1 al instituto como un organismo descentralizado de enseñanza de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. No obstante, en el decreto 205 por el cual se reforma, adicionan y derogan artículos del diverso decreto 41, publicado en el Periódico Oficial el veintisiete de junio del mismo año, se advierte que en el artículo 19 estableció que las relaciones laborales del "COBAO" se sujetará a lo dispuesto por el apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, la actuación de la Comisión Mixta Disciplinaria del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) está regulado en un reglamento que se rige por la Ley Federal de Trabajo y el contrato colectivo de trabajo de dicho colegio, creado con motivo de ese contrato colectivo, por tanto su actuación debe someterse a la autoridad laboral competente, en virtud de que así se estableció en el decreto 205 mencionado anteriormente. Por tanto, debe concluirse que los actos que reclaman en esta instancia constitucional no fueron emitidos por un ente público a un gobernado, sino por la relación burocrática que se rige por ordenamientos de derecho laboral, por lo cual, en ese supuesto la posición de los quejosos frente a la autoridad señalada como responsable, no es la de un gobernado. En ese contexto, los actos que se reclaman no se tratan de actos de autoridad para efectos del amparo, pues versa acerca de una relación laboral, cuyos conflictos con el ente que señaló como responsable, no invade sus derechos fundamentales como gobernado, sino, en todo caso, los mismos derivan de la relación jurídica de trabajo, por lo que el origen de dicha controversia, no da origen a los tribunales de la federación, para conocer de ellos en juicio de amparo, pues, en todo caso, debe hacer valer su pretensión ante el órgano jurisdiccional competente, ya que, se insiste, la actuación de quien señala como autoridad responsable, no fue en su carácter de autoridad propiamente dicha, pues entre el quejoso y la que señala como tal, no existe una relación de supra a subordinación, para los efectos de los actos que refieren como reclamados, sino que el vínculo que los une obedece a la relación de trabajo que tuvo desde que ingreso a laborar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Por tanto, se patentiza que los actos reclamados tienen una naturaleza eminentemente laboral, ya que lo que se combate por esta vía son actos que afectan los derechos del peticionario de amparo en carácter de trabajador. En tales condiciones, al no constituir lo reclamado, actos de autoridad para efectos del amparo, dado que su naturaleza y origen versa acerca de una relación entre patrón y trabajador, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa; asimismo, se tiene como autorizado en temimos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por encontrarse registro a su favor en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y en términos restringidos del citado artículo a las personas restantes por así haberlo solicitado expresamente. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalado el correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente al promovente.
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