Juan Luis Rodríguez Castro
Expediente 17/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Luis Rodríguez Castro
- Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el suscrito Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del trece al veintiocho de marzo del año en curso. Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Que dentro del presente juicio sí se tramitó incidente de suspensión y que no se exhibió billete ni alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; asimismo, que no existe recurso pendiente por resolver.Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictado por este Juzgado el cinco de los actuales, en el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por lo que en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es destruible. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es destruible el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se negó la suspensión definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el punto vigésimo, fracción II del aludido acuerdo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable magistrada presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
- Principal
El cinco de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 2754. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos la promoción de cuenta signada por la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por la que en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, remite copia certificada de la resolución de catorce de febrero de la anualidad que transcurre, en la que se declaró procedente la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 16/2018, instruida contra el ahora quejoso Juan Luis Rodríguez Castro. Ahora, de lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dentro del toca de apelación oral 287/2018, en la que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Juan Luis Rodríguez Castro, contra el auto que autorizó la prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria, solicitado por la víctima el Ministerio Público, dictado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 16/2018. Sin embargo, en esta instancia constitucional, se advierte que mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso (foja 33) la magistrada presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; informó que mediante resolución de catorce de febrero del año en curso, declaró procedente la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso a favor del aquí quejoso, otorgándole como plazo un año, seis meses, mismo que concluirá el catorce de agosto de dos mil veinte; adjuntando copia certificada de la constancia que remitió la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez de García Salinas, a través de la cual le notificó a la citada magistrada. En la misma data, se requirió a la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez de García Salinas, a fin de que remitiera a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución en comento, dictada dentro de la causa penal 16/2018 de su estadística. Ahora de la copia certificada de la resolución de catorce de febrero de la anualidad que transcurre, dictada por la citada juez dentro de la causa penal de referencia, se desprende que se declaró procedente la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 16/2018, instruida contra el ahora quejoso Juan Luis Rodríguez Castro, resolución que, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 199 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez cumplidas por el imputado las condiciones establecidas por el juez de Control para la suspensión condicional del proceso, dentro del plazo establecido, sin que se hubiera revocado dicha suspensión condicional, se extinguirá la acción penal y por ende se decretará el sobreseimiento correspondiente, de ahí que el acto reclamado, consistente en la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dentro del toca de apelación oral 287/2018, en la que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Juan Luis Rodríguez Castro, contra el auto que autorizó la prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria, solicitado por la víctima el Ministerio Público, dictado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 16/2018, cesó en sus efectos. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de la resolución expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de la cual se advierte que Juan Luis Rodríguez Castro obtuvo la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 16/2018. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO: "...El cinco de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 2754. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos la promoción de cuenta signada por la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por la que en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, remite copia certificada de la resolución de catorce de febrero de la anualidad que transcurre, en la que se declaró procedente la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 16/2018, instruida contra el ahora quejoso Juan Luis Rodríguez Castro. Ahora, de lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dentro del toca de apelación oral 287/2018, en la que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Juan Luis Rodríguez Castro, contra el auto que autorizó la prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria, solicitado por la víctima el Ministerio Público, dictado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 16/2018. Sin embargo, en esta instancia constitucional, se advierte que mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso (foja 33) la magistrada presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; informó que mediante resolución de catorce de febrero del año en curso, declaró procedente la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso a favor del aquí quejoso, otorgándole como plazo un año, seis meses, mismo que concluirá el catorce de agosto de dos mil veinte; adjuntando copia certificada de la constancia que remitió la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez de García Salinas, a través de la cual le notificó a la citada magistrada. En la misma data, se requirió a la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez de García Salinas, a fin de que remitiera a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución en comento, dictada dentro de la causa penal 16/2018 de su estadística. Ahora de la copia certificada de la resolución de catorce de febrero de la anualidad que transcurre, dictada por la citada juez dentro de la causa penal de referencia, se desprende que se declaró procedente la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 16/2018, instruida contra el ahora quejoso Juan Luis Rodríguez Castro, resolución que, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 199 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez cumplidas por el imputado las condiciones establecidas por el juez de Control para la suspensión condicional del proceso, dentro del plazo establecido, sin que se hubiera revocado dicha suspensión condicional, se extinguirá la acción penal y por ende se decretará el sobreseimiento correspondiente, de ahí que el acto reclamado, consistente en la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dentro del toca de apelación oral 287/2018, en la que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Juan Luis Rodríguez Castro, contra el auto que autorizó la prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria, solicitado por la víctima el Ministerio Público, dictado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 16/2018, cesó en sus efectos. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de la resolución expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de la cual se advierte que Juan Luis Rodríguez Castro obtuvo la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal 16/2018. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 2226. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos la promoción de cuenta signada por la magistrada presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; por la que informa que mediante resolución de catorce de febrero del año en curso, declaró procedente la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso, otorgándose como plazo un año, seis meses, mismo que concluirá el catorce de agosto de dos mil veinte. Al respecto, adjunta copia certificada de la constancia que remitió la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez de García Salinas, a través del cual le notificó a la citada magistrada. Por otra parte, de la constancia que anexa la referida magistrada, se advierte que la resolución que declaró procedente la solución alterna en su modalidad de suspensión condicional del proceso fue dictada por la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez de García Salinas, por tanto, requiérase a la citada juez para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución en comento, dictada dentro de la causa penal 16/2018 de su estadística. Bajo apercibimiento de que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, o no exponer los motivos legales que le impidan hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.
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