Juan Llanas Montoya

Expediente 1849/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1849/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Juan Llanas Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El treinta de enero de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del dieciséis al veintinueve de enero del dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el proveído de ocho de enero de la presente anualidad, dictado por este juzgado dentro del juicio de amparo 1849/2018. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de ocho de enero de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, y este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Finalmente, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios secretaria que autoriza y da fe. Wendy Díaz*

  2. Principal

    El ocho de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con las promociones con folios 172 y 183, así como con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguense los oficios de cuenta signados por el presidente de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre (por sí y en representación del actuario de su adscripción) y presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, manifiestan que el exhorto enviado para emplazar a Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable, ya fue devuelto y diligenciado por medio de instructivo. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, se tienen como pruebas de las mencionadas responsables las copias certificadas de las documentales que adjuntan, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente de las documentales que se adjuntan a los oficios de cuenta, de las que se advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 193758, aparece visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que con número de registro 176051, está localizable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En el caso, el quejoso reclama de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre y actuario de su adscripción; así como de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, la omisión para llevar a cabo el emplazamiento a juicio de la empresa Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable, dentro del juicio laboral 156/2018 y ordenado mediante exhorto 221/2018. Sin embargo, de las constancias que remiten las autoridades responsables recibidos el siete de enero de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de este juzgado, se advierte que la referida demandada fue emplazada por medio de instructivo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, recibido por quien dijo llamarse Maguayal Ramírez María Guadalupe (nombre ilegible), a quien le entregó escrito inicial de demanda, auto de radicación, acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho; lo anterior, realizado dentro del expediente 156/2018 (fojas 39 y 46), por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento impugnado en esta instancia constitucional. De lo anterior destaca que el emplazamiento de la demandada Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable, fue realizado como se aprecia del instructivo que obra a foja 39 y 46. Por tanto, al haberse realizado el emplazamiento a la demandada que se cita, ya que su omisión constituía el acto reclamado en el presente asunto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número de registro 2005150 aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". De ahí que, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a éste el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse realizado el emplazamiento a la parte demandada Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable pues no es factible que la falta de emplazamiento reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 2ª./J. 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de enero de dos mil diecinueve; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, que actúa con José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN b), DE LA LEY DE AMPARO: El ocho de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con las promociones con folios 172 y 183, así como con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguense los oficios de cuenta signados por el presidente de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre (por sí y en representación del actuario de su adscripción) y presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, manifiestan que el exhorto enviado para emplazar a Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable, ya fue devuelto y diligenciado por medio de instructivo. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, se tienen como pruebas de las mencionadas responsables las copias certificadas de las documentales que adjuntan, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente de las documentales que se adjuntan a los oficios de cuenta, de las que se advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 193758, aparece visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que con número de registro 176051, está localizable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En el caso, el quejoso reclama de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre y actuario de su adscripción; así como de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, la omisión para llevar a cabo el emplazamiento a juicio de la empresa Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable, dentro del juicio laboral 156/2018 y ordenado mediante exhorto 221/2018. Sin embargo, de las constancias que remiten las autoridades responsables recibidos el siete de enero de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de este juzgado, se advierte que la referida demandada fue emplazada por medio de instructivo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, recibido por quien dijo llamarse Maguayal Ramírez María Guadalupe (nombre ilegible), a quien le entregó escrito inicial de demanda, auto de radicación, acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho; lo anterior, realizado dentro del expediente 156/2018 (fojas 39 y 46), por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento impugnado en esta instancia constitucional. De lo anterior destaca que el emplazamiento de la demandada Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable, fue realizado como se aprecia del instructivo que obra a foja 39 y 46. Por tanto, al haberse realizado el emplazamiento a la demandada que se cita, ya que su omisión constituía el acto reclamado en el presente asunto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número de registro 2005150 aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". De ahí que, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a éste el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse realizado el emplazamiento a la parte demandada Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada Sociedad Anónima de Capital Variable y/o quien resulte responsable pues no es factible que la falta de emplazamiento reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 2ª./J. 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de enero de dos mil diecinueve; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, que actúa con José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con veinte minutos de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; asimismo, se advierte que del informe rendido por la autoridad responsable Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato, con residencia la ciudad del mismo nombre, y de las constancias que adjunta, consistentes en el citatorio e instructivo de fechas doce y trece de noviembre del presente año, respectivamente (fojas 23 y 24), mediante las cuales emplaza al juicio Laboral Ordinario 156/2018 del índice de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Zacatecas a Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Quien Resulte Responsable, sin embargo, la referida autoridad no envía constancia alguna con la que acredite haber remitido dichas actuaciones a la diversa autoridad responsable Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, esta última para estar en aptitud de continuar con la prosecución del juicio natural del cual deriva el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guanajuato, con residencia la ciudad del mismo nombre, para que en el término de tres días contado a partir de su legal notificación; informe a este juzgado si ya remitió las constancias del exhorto correspondiente al emplazamiento de la aquí tercero interesada Sistemas Sinópticos de Seguridad Privada, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Quien Resulte Responsable, a su homóloga exhortante Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Zacatecas. Por otra parte, y por lo anteriormente manifestado requiérase de igual forma a la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, para que en el término de tres días contado a partir de su legal notificación; informe a este juzgado si ya recibió el referido exhorto, y en su caso, si ya notificó al quejoso Juan Llanas Montoya. Con el apercibimiento de que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido, o no exponer los motivos legales que les impida hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; en relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VENTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado

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