Juan Luis Linares Farías
Expediente 478/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Luis Linares Farías
Actuaciones
- Principal
Intégrese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad que lo suscribe, a través del cual acusa recibo del comunicado por medio del cual se remitió el cuaderno de amparo III-A 478/2021, formado con motivo de la demanda promovida por Juan Luis Linares García e informa que no insiste en declinar la competencia sobre el presente asunto. Se ordena remitir al archivo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de tres años a partir del día de la fecha, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE).
- Principal
Recepción del oficio de incompetencia. Visto el oficio de cuenta 10835, de la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, al que adjunta el juicio de amparo 176/2020 de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por ******* contra actos del: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán y otras autoridades. A quien le atribuye el acto siguiente: La omisión por parte de las autoridades responsables de atender y realizar los trámites correspondientes para trasladar al aquí quejoso Juan Luis Linares Farías, del Centro de Reinserción Social de Tacámbaro, Michoacán, en donde actualmente se encuentra recluido, al Centro de Reinserción Social de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Lo anterior, debido a que la homóloga referida consideró actualizada la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues, a su decir, el acto reclamado tendrá Ejecución en Tacámbaro, Michoacán, lugar donde se encuentra recluido el quejoso, y dentro de la jurisdicción de este juzgado. No se acepta la competencia declinada Respetuosamente, el suscrito no comparte el criterio en el que se sustenta la declinación de la competencia virtud a que, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados -omisivos-, éstos carecen de ejecución material, veamos. El promovente señaló como acto reclamado la omisión de acordar lo correspondiente para ser trasladado del Centro de Reinserción Social de Tacámbaro, Michoacán, en donde actualmente se encuentra recluido, al Centro de Reinserción Social de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Por su parte, en su escrito de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad, esencialmente, lo siguiente: Que desde el treinta de marzo de dos mil veinte acudió a las instalaciones del juzgado en la ciudad de Uruapan, que conoce la causa penal con número ********************, que se sigue en contra del quejoso a solicitar el traslado voluntario al Centro de Reinserción Social de Morelia o Uruapan, Michoacán; lo anterior en virtud a que de su llegada al Centro de Reinserción Social de la Población de Tacámbaro, Michoacán, ha sido blanco de amenazas a través de anónimos en los que se establece que tarde o temprano lo van a matar, que ha caído en sus garras y que lo tienen donde querían, por lo que ante el peligro inminente en el que se encuentra, aunado a que su familia también ha recibido objeto de dichas amenazas y desconocer quienes están ligados a las mismas, además de que el domicilio familiar se ubica en la ciudad de Uruapan, lugar donde también se tramita la causa penal que se sigue en su contra, que posteriormente fue informado por el oficial de partes que después de hacer una llamada al juez de la causa le comunicó que no es posible que atiendan la solicitud en virtud de que no es un asunto grave, pero que puede hacer su petición por correo electrónico. Aduce que el siete de abril de dos mil veintiuno, hizo su petición mandándola a la dirección establecida la cual es jefecausa.n.r.@poderjudicialmichoacan.gob.mx, sin que a la fecha le haya sido notificada la respuesta dada a su petición, dicha omisión es la que constituye el acto reclamado. Y si bien, en el expediente obra manifestación del juez responsable de haber dado respuesta negativa a dicha solicitud de traslado la misma no fue señalada como acto reclamado, ni las diversas determinaciones por las cuales se declaró legal su traslado de la ciudad de Uruapan a Tacámbaro, ambas ciudades del Estado de Michoacán. Por consiguiente, del análisis integral de las constancias del expediente 176/2020 y, atendiendo a la causa de pedir, este juzgado de distrito advierte que el acto reclamado por el promovente es de naturaleza omisiva, pues a su decir la responsable jurisdiccional no ha acordado la solicitud de siete de abril d dos mil veintiuno en la cual pide sea trasladado al Centro de Reinserción Social de Morelia o Uruapan, Michoacán. Dicho de otro modo, la determinación reclamada, por sí misma, como acto reclamado para efectos del juicio de amparo no conlleva una obligación de hacer o dar; de ahí que por su naturaleza dicho acto carece de ejecución material. De ahí que cuando la autoridad es omisa en acordar sobre petición de traslado, no existe alteración alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues, como ya se dijo, las cosas se mantienen en el estado en que se encuentran; por ende, no existe una ejecución material por realizar. Resulta necesario precisar lo que establece el artículo 37 de la Ley de amparo, con respecto a la competencia por territorio para conocer de un asunto planteado ante los órganos de control constitucional del Poder Judicial de la Federación, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto invocado se desprenden cuatro reglas de competencia y dos excepciones, todas determinantes a fin de establecer, en este caso, qué juzgado debe conocer del asunto. Reglas Es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame: Deba tener ejecución; Trate de ejecutarse; Se esté ejecutando; Se haya ejecutado. Es decir, de lo anterior se obtiene que las reglas establecidas por el legislador para determinar la competencia por territorio, únicamente se circunscriben al lugar donde el acto reclamado deba, trate, se esté o se haya ejecutado, no así al lugar de residencia de la parte quejosa que resienta una afectación. Excepciones a las reglas: Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, se actualiza el caso hipotético identificado con el inciso B, ya que del análisis realizado en párrafos que anteceden se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de derecho humanos no contiene una ejecución material, por ello, no es posible atender a la primera excepción a la regla. No se soslaya que ante la eventualidad de que en un asunto -como el particular- se llegara a resolver el fondo del amparo visualizándose que el acto (puramente omisivo) podría ser inconstitucional y que, por ende, la sentencia impusiera a la responsable la obligación de hacer (ejecución material) a favor de la quejosa; empero, los efectos potenciales de la sentencia tampoco son orientadores para establecer la competencia territorial atendiendo a la regla de ejecución material prevista en la Ley de Amparo; pensar lo contrario, conllevaría a establecer que todos los actos declarativos tuvieran ejecución material por sola circunstancia de que potencialmente, a través de la sentencia de amparo, procediera la reparación de la conducta declarativa inconstitucional y que ésta se verificara en el lugar donde se ejecutoría la pretensión del quejoso, lo que, desde luego, escapa a la cualquiera de las reglas previstas en la Ley de Amparo para dilucidar las problemáticas competenciales en razón de territorio. Asentado lo anterior, es menester precisar que este juzgado de distrito comparte por analogía jurídica la jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Criterio legal éste que, permite sostener válidamente que, si en la demanda de garantías se reclaman omisiones que, per se, no contienen una ejecución material, será competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda. En esa tesitura, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de garantías ante la autoridad de amparo que previno el conocimiento de la demanda, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para la justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado, dado que el promovente optó por acudir ante un Juez de esa localidad y no al del otro territorio relacionado. Por tales motivos, no se acepta la competencia declinada, pues, al margen de que la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, haya determinado declinar la competencia, tomando en consideración que los actos reclamados por la parte quejosa tendrían ejecución material dentro de la jurisdicción de este juzgado, ante una eventual e hipotética sentencia concesiva, pues contrario a ello, este órgano de control constitucional advierte que el acto reclamado al ser de naturaleza omisiva carece de ejecución material, motivo por el cual se actualiza la excepción a la regla contenida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Devolución de constancias En virtud de lo expuesto en el apartado anterior, se ordena la devolución del juicio de amparo remitido por el Juez declinante, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, y se solicita al Juez declinante acuse el recibo de estilo correspondiente. Autorización de oficios Se autoriza a los secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones, capturas e integración del expediente electrónico Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Juan José Ventura Gamboa Mora1034/2019
- Juan Larios López370/2018
- Juan Lucio Cahue440/2022
- Juan Luis Arreola Vargas137/2019
- Juan Luis Bautista Lozano733/2021
- Juan Luis Ceja Rodríguez693/2021
- Juan Luis Pineda Cárdenas134/2018
- Juan Manríquez Gómez461/2022
- Juan Manuel Alva Contreras762/2019
- Juan Manuel Argueta Suárez740/2019
- Juan Manuel Ávalos Ramírez542/2020
- Juan Manuel Ávalos Ramírez543/2020