Juan Luis Arreola Vargas
Expediente 137/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Luis Arreola Vargas
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de la secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso, a través del cual se le remitió el juicio de amparo V-137/2019 del que deriva este cuaderno de antecedentes e informa que declinó la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en esta ciudad, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental e histórica, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Acúsese recibo del oficio 502 del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa los autos del juicio amparo II-91/2018, un tomo de pruebas y testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese órgano colegiado, en sesión de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dentro del amparo en revisión civil 236/2018, que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Barrera Guzmán, contra los actos y autoridad precisados en el considerando segundo del fallo recurrido". Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, asimismo del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la substanciación del recurso de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias certificadas. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en las hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. De igual manera, por lo que hace al original del incidente de suspensión, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se negó la medida cautelar provisional y definitiva solicitada. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación, tanto en el expediente principal como en los incidentes respectivos. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión correspondiente. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Toda vez que del sumario se aprecia que el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar de este distrito judicial, allegó las constancias de las que deriva el acto reclamado, en razón de que este juicio de amparo se encuentra concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo; en la inteligencia que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidas a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JUAN LUIS ARREOLA VARGAS. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Juan Luis Arreola Vargas solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Magistrada Titular del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito y Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número V-137/2019. En primer término, debe destacarse que el artículo 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a los promoventes para que llenen los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Consideraciones previas. El análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, dado el contexto en que se realizó la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, permiten interpretar que el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución del doce de diciembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca de apelación 126/2018, que confirmó la sentencia de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en la causa penal 11/2016. La falta de notificación de dicha determinación; y, La ejecución de dicha sentencia. Lo anterior es así, en virtud de que, bajo protesta de decir verdad, el peticionario de amparo manifestó que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, dicto sentencia condenatoria el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 11/2016. Determinación que fue recurrida en apelación por el quejoso. Recurso del cual conoció el Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, registrándolo con el número de toca 126/2018, confirmando tal determinación. Inconforme con esa sentencia interpuso amparo directo del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer circuito, asignando el número 238/2018, quien determinó revocar la sentencia de veintisiete de junio de dos mil dieciocho. En cumplimiento a esa determinación el Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, emitió la de doce de diciembre de dos mil dieciocho, siendo ésta uno de los actos reclamados. También hace referencia a la reposición de la notificación de la resolución anterior (foja 4 de su demanda). Y finalmente manifiesta que el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho se le amonestó en cumplimiento a dicha sentencia lo que refiere fue de manera anticipada sin que se le diera el derecho a defenderse (foja 7 de su demanda). Incompetencia. De lo expuesto, este juzgador estima carecer de competencia legal, por razón de jerarquía y grado, para conocer de la demanda en cuestión por cuanto hace a los actos atribuidos a la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en cuanto ordenadora consistente en la determinación de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 126/2018, por la que confirmó la sentencia de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, así como de los actos de ejecución emitidos por este último, por ser consecuencia de la sentencia del unitario. Lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra establecen: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del Tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VII." "Artículo 36.- Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." "ARTICULO 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado;" De las transcripciones que anteceden, se aprecia que la competencia para conocer de las resoluciones dictadas por un tribunal unitario de circuito, corresponde al tribunal unitario de circuito más próximo a la residencia de aquél de la misma jerarquía que emitió el acto reclamado. Así las cosas, si del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama la resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 126/2018, por la que en cumplimiento a una ejecutoria de amparo se confirmó la determinación de doce de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez de Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal federal 11/2016, la falta de notificación de la sentencia dictada por el unitario y la ejecución, a su decir anticipadamente; por tanto, dado que los actos son atribuidos a un tribunal unitario de circuito, entre ellas, la falta de notificación de la sentencia de doce de diciembre pasado, es decir, por un tribunal de mayor jerarquía a este órgano jurisdiccional, se considera que en la especie opera la regla de competencia prevista en la fracción XII del artículo 107 constitucional ya antes transcrita, de ahí que la competencia para resolver lo que en derecho corresponda en este asunto concierne a otro tribunal unitario de circuito, con fundamento en los artículos 36 de la Ley de Amparo y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sustenta lo anterior la jurisprudencia número P./J. 25/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, tomo VII, abril de 1998, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama". Por tanto, con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Amparo, se considera respetuosamente que resulta competente para conocer del presente asunto el Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 1a./J. 14/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, libro VI, marzo de 2012, tomo 1, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador. Cuaderno de antecedentes, remisión a la Oficina de Correspondencia Común. Atento a lo anterior, previo testimonio que se deje en este juzgado, remítanse los autos originales al Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para los efectos legales correspondientes, solicitándose respetuosamente el acuse de recibo respectivo. Lo anterior sin que se soslaye que atribuye al juez de distrito que refiere la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario, toda vez que dicha ejecución es consecuencia directa de lo resuelto por el unitario. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda, así como autorizados para tales efectos a las personas que indica, quienes no gozarán de las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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