Juan Luis Hernández Delgado

Expediente 85/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
85/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Luis Hernández Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado electrónicamente por el quejoso Juan Luis Hernández Delgado, mediante el cual da cumplimiento a la totalidad de los puntos de la prevención que le fue formulada en auto de trece de febrero del año en curso. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, del contenido del escrito de demanda de amparo y ocursos aclaratorios, se extrae que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: La resolución emitida el siete de febrero del año en curso, en la investigación administrativa DGPL-SAD-GLRP-LCARDENAS-0128-2023, donde se determinó imponer al quejoso la sanción consistente en la separación de su comisión o cargo que venía desempeñando como ayudante de operario especialista en diversos oficios, en "Petróleos Mexicanos" (PEMEX); y, La ejecución de dicha resolución. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al respecto, se advierte que en la especie se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; ello es así, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad, sino que es resultado de la relación laboral que existe entre el quejoso como trabajador y "Petróleos Mexicanos" (PEMEX), como patrón. Ahora bien, la conducta de que se duele la parte peticionaria de amparo, evidentemente, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación. En efecto, la autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es menester destacar que en las relaciones de coordinación entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones entabladas entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así pues, la determinación adoptada por la parte patronal "Petróleos Mexicanos" (PEMEX), respecto a las sanciones de sus trabajadores -separación de la comisión o cargo que venía desempeñando el aquí quejoso como ayudante de operario especialista en diversos oficios- no constituye un acto de autoridad, sino precisamente un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional. En esa tesitura, la resolución emitida el siete de febrero del año en curso, en la investigación administrativa DGPL-SAD-GLRP-LCARDENAS-0128-2023, donde se determinó imponer al aquí quejoso, la sanción consistente en la separación de su comisión o cargo que venía desempeñando como ayudante de operario especialista en diversos oficios, en "Petróleos Mexicanos" (PEMEX), así como su ejecución, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, acto de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues las señaladas como autoridades responsables, no obran con el imperio de su soberanía, sino como patrón, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril 2016, Tomo III, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." También, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Octubre de 1991, página 164, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero- patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 113 del ordenamiento legal antes indicado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de febrero de dos mil veintitrés. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado electrónicamente por el quejoso Juan Luis Hernández Delgado, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de trece de febrero del año en curso; lo que así se considera toda vez que únicamente precisa los actos que en concreto reclama de cada una de las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, no da cabal cumplimiento a lo requerido en el inciso a) del referido auto de prevención, en el que se le previno en los términos siguientes: "a) Realice una narración sucinta, cronológica y detallada de los antecedentes del acto reclamado consistente en la resolución DGPL-SAD-GLRP-LCARDENAS-0128-2023, de siete de febrero del año en curso, que emana de la investigación administrativa a que hace referencia en su ocurso, especificando el contenido de la resolución que tilda de inconstitucional, y de ser posible, exhiba copia de la misma (en el entendido de que la exhibición de la copia no es obligatoria), o bien, transcriba su contenido íntegro, asimismo, narre los relativos a la investigación de la que emana el acto reclamado." Toda vez que únicamente manifiesta haber sido citado a la investigación administrativa DGPL-SAD-GLRP-LCARDENAS-0128-2023, sin embargo, refiere la existencia de una sanción "separación de mi comisión o cargo y apertura de un procedimiento en la función pública", sin que realice la narración sucinta cronológica y detallada de los antecedentes de la resolución reclamada en el presente juicio como le fue requerido de los que se advierta inclusive el cargo que ostenta, la dependencia en que se desempeña. Máxime que el quejoso aduce ser parte dentro del referido procedimiento, por lo que se encuentra legitimado para gestionar dentro del mismo y consultar el respectivo expediente. SUBSISTE PREVENCION. Por tanto, mediante notificación personal, dígase al promovente que subsiste la prevención y plazo otorgado en autos, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."; el plazo que se le otorgó se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta, recibido en este Juzgado de Distrito el diecisiete de febrero del año en curso, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. APERCIBIMIENTO. En el entendido que de no cumplir con dicha prevención en el lapso indicado para tal efecto, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado auto de trece de los actuales. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta, signado electrónicamente con evidencia criptográfica de Augusto Xavier Téllez Ballesteros, autorizado en términos amplios del quejoso Juan Luis Hernández Delgado, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés. Al respecto, no ha lugar a tener por desahogada dicha prevención de la demanda, en razón de que el autorizado del promovente carece legalmente de facultades para tal efecto, pues es de explorado derecho que no puede actuar como si fuera él quien resintiera un agravio personal y directo, lo que repercute también en cuestiones relacionadas directamente con el libelo constitucional, pues esa facultad sólo está reservada para quien tiene a su favor el principio constitucional de instancia de parte agraviada, esto es, el promovente del amparo Juan Luis Hernández Delgado. Lo que pone de relieve, que la aclaración que bajo protesta de decir verdad, se hace del libelo constitucional, en cuanto a cuestiones de fondo, sólo incumbe, en el caso, al promovente del amparo y no a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque éste únicamente cuenta con facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de los interesados e influyan en la configuración de la litis constitucional. Máxime que la demanda que dio origen al presente juicio de amparo fue presentada electrónicamente con evidencia criptográfica del citado quejoso Juan Luis Hernández Delgado, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. En apoyo a la anterior consideración, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 50/2014 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." SUBSISTE PREVENCION. Por tanto, mediante notificación personal, dígase a la parte quejosa que subsiste la prevención y plazo otorgado en autos, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."; en el entendido de que el plazo que se le otorgó se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta, recibido en este Juzgado de Distrito el quince de febrero del año en curso, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. APERCIBIMIENTO. En el entendido que de no cumplir con dicha prevención en el lapso indicado para tal efecto, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de los actuales. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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