Juan Luis Hernández Delgado

Expediente 300/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
300/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Luis Hernández Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, Fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, reguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. PRINCIPAL ********************/2023 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************/2023-VI, promovido por ********************, por propio derecho. En audiencia pública la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado del Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, quien actúa asistida del Secretario licenciado Iván Pérez Rivera, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario da lectura a las principales constancias que obran en el expediente, entre las que destacan por su importancia: escrito de la demanda de amparo; proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por el que éste órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto en cumplimiento a la resolución dictada en el conflicto competencial ********************, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, planteado por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; constancia de notificación realizada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; informe justificado de la autoridad señalada como responsable, así como con las demás constancias que obran en autos. A lo que la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario certifica que la autoridad responsable Dirección General de Pemex Logística, con sede en la Ciudad de México, a través de su delegado, remitió digitalmente la reproducción de las constancias relacionadas con el acto reclamado (fojas 47 a 52). A lo que la Jueza provee: En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en razón de su naturaleza jurídica las documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Al no existir probanza pendiente de admitir o desahogar, se da por concluido el presente periodo. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó escrito que los contenga, por lo que se tiene por perdido el derecho para formularlos. Se cierra el periodo de alegatos. Por último, al no obrar en autos más que relacionar se da por terminada la presente audiencia; se levanta para constancia la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución; y, VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************/2023-VI, promovido por ********************, por propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintidós, turnado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló los preceptos legales que consideró transgredidos. TERCERO. Radicación. Por razón de turno, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, radicó la demanda con el número ********************/2022-IV y previno al quejoso para que la aclarara (fojas 18 a 21). Luego de colmar la prevención, por auto de veinticuatro de agosto siguiente, se admitió a trámite la demanda y se dictaron las providencias relativas a la integración del asunto (fojas 32 y 33). Posteriormente, el Gerente Jurídico Región Pacífico Bajío compareció a juicio a rendir informe justificado en representación de la autoridad responsable Director General de Pemex Logística, con sede en la Ciudad de México; además, el delegado de tal autoridad proporcionó diversas constancias relacionadas con los actos reclamados (fojas 38 a 40 y 48 a 52). Más adelante, el tres de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, respecto de la inexistencia de las autoridades responsables Subdirección de Almacenamiento y Despacho de Gerencia Logística Regional Pacífico Terminal de Almacenamiento y Despacho y Reparto Lázaro Cárdenas; y, Superintendente de la Terminal Lázaro Cárdenas; cuya notificación se efectúo vía electrónica al quejoso (fojas 162 y 164). Después, la titular del referido órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda, por razón de materia; y la declinó al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno (fojas 165 a 170). CUARTO. Radicación en Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo. El asunto fue turnado al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México y por acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintitrés, su titular aceptó la competencia en razón de materia, registrando el asunto con el número ********************; no obstante, declaró carecer de competencia legal por razón de territorio y ordenó su remisión al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad en turno (fojas 119 a 123). QUINTO. Conflicto competencial. El juicio de amparo fue turnado a este Juzgado de Distrito, sin embargo, en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, no se aceptó la competencia planteada; ante lo cual, la autoridad declinante planteó conflicto competencial, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, bajo el número ********************; y en sesión ordinaria virtual de once de agosto de dos mil veintitrés, los magistrados integrantes decidieron que este órgano jurisdiccional debe conocer de la demanda en cuestión (fojas 174 a 181 y 229 a 259). SEXTO. Trámite del juicio. Consecuentemente, en cumplimiento a dicha ejecutoria, en acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés (fojas 261 a 268), este juzgado se avocó al conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encontraba; se señaló fecha y hora para el celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; asimismo, se tuvo por rendido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director General de Pemex Logística, con sede en la Ciudad de México, así como por ofrecidas las pruebas documentales antes señaladas; se declaró la inexistencia de las diversas autoridades Subdirección de Almacenamiento y Despacho de Gerencia Logística Regional Pacífico Terminal de Almacenamiento y Despacho y Reparto Lázaro Cárdenas; y, Superintendente de la Terminal Lázaro Cárdenas; además, se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien no formuló alegato ministerial; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán ejerce jurisdicción y es legal y constitucionalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse un acto que tiene eficacia jurídica en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito (Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo y al diverso de cumplimiento a la prevención, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del epígrafe: Tesis: P. VI/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 181810 1 de 1 Pleno Tomo XIX, Abril de 2004 Pag. 255 Tesis Aislada(Común) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, se tienen como actos reclamados: La resolución de la investigación administrativa ********************, de ********************. La insuficiencia de fundamentación y motivación de la resolución de la investigación administrativa antes señalada. N° AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 Director General de Pemex Logística, con residencia en la Ciudad de México. Negativo 2 Subdirección de Almacenamiento y Despacho de Gerencia Logística Regional Pacífico Terminal de Almacenamiento y Despacho y Reparto Lázaro Cárdenas. Inexistente 3 Superintendente de la Terminal Lázaro Cárdenas. Inexistente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado que el quejoso atribuyó a la autoridad responsable Director General de Pemex Logística, con residencia en la Ciudad de México, pues expresamente negó su existencia al rendir su informe justificado (foja 38 a 42); sin que el peticionario de la tutela federal haya aportado prueba fehaciente para desvirtuar tal negativa. Aunado a lo anterior, de la revisión efectuada al documento que contiene el acto reclamado (foja 52), se advierte que dicha autoridad responsable no emitió el acto reclamado, ni participó en la citada investigación administrativa que lo originó. En efecto, la investigación administrativa que culminó con la referida sanción y suspensión, fue llevada a cabo en el lugar de trabajo del quejoso, el ********************, dadas las faltas de incumplimiento laboral imputadas a éste en fechas anteriores, en la cual intervino el Funcionario Designado por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y el promovente; es decir, se trata de actuaciones en materia de trabajo dentro del ámbito sindical donde, como se dijo, la autoridad responsable no tuvo participación (fojas 48 a 50). Lo cual se corrobora con las documentales aportadas por la autoridad responsable, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, como lo establece el diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. Máxime, la negativa no puede ser desvirtuada en modo alguno, toda vez que las restantes autoridades señaladas como responsables, fueron declaradas inexistentes, como se advierte en párrafos precedentes. Consecuentemente, al ser inexistentes los actos reclamados por la parte quejosa a la indicada autoridad responsable, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley que rige el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2°.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Conforme al sentido de este fallo, es improcedente entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, de acuerdo a lo sostenido en la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, Octubre de 1993, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que se haya admitido la demanda de amparo y que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio, pues ello no resulta incongruente con haber sido admitida a trámite, ya que el auto admisorio de la demanda sólo establece el cumplimiento de determinados requisitos previstos en la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 377, tomo III, segunda parte-1, Octava Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, del siguiente texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional". En el entendido que los diversos criterios contenidos en la presente resolución, resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." CUARTO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. QUINTO. Transparencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta resolución, por lo expuesto en el tercer considerando de la propia sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando quinto de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE; mediante por oficio a la autoridad responsable transmitido vía electrónica mediante usuario.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Se advierte que en el presente asunto se encuentran programadas las diez horas con treinta minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, mediante oficio ******************** de ********************, signado electrónicamente por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se concedió a la Titular de este Juzgado licencia de carácter personal los días veintiuno y veintidós del mes actual; sin que por ese motivo hayan sido concedidas facultades a la Secretaria que fungirá como Encargada del Despacho, para el dictado de resoluciones correspondientes, sino únicamente para celebrar diligencias y providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente, como lo dispone el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En vista de lo anterior, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere, y en su lugar se programan las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. CONFLICTO COMPETENCIAL. Téngase por recibido el oficio 5-107/2023, signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, residente en la ciudad de México, por el que remite testimonio autorizado de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de once de agosto del presente año, pronunciada dentro del conflicto competencial CC. 41/2023, de cuyos puntos resolutivos se advierte que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es legalmente competente el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Uruapan, para conocer de la demanda promovida por JUAN LUIS HERNÁNDEZ DELGADO". Y al efecto, remite los autos originales que integran el expediente de amparo 1443/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que a la postre, con motivo de la propuesta de incompetencia planteada por dicho órgano jurisdiccional para conocer del mismo, originó la tramitación del juicio de amparo 300/2023-VI, de la estadística de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo. Acúsese recibo. AVOCA. Consecuentemente, en atención a lo determinado por el referido Tribunal de Alzada, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto en el estado procesal en que se encuentra. VISTA A LAS PARTES. La presente determinación, hágase del conocimiento de las partes, por el término de tres días, a fin de que estén en aptitud de alegar la actualización de algún impedimento para conocer del presente asunto, como lo dispone el artículo 52 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a ordenar la formación e integración del incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que como se advierte del escrito inicial de la demanda de garantías, el promovente no solicitó su apertura. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En atención a las cargas de trabajo de este juzgado, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO. No es necesario requerir a la autoridad responsable Director General de Pemex Logística, residente en la Ciudad de México, su informe justificado, dado que ya obra agregado en autos; por lo tanto, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe para los efectos legales conducentes, con vista a las partes, así como por ofrecidas las documentales remitidas como sustento a las afirmaciones en él contenida, para los efectos legales a que haya lugar; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. FACULTAD A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la referida autoridad responsable, para que cualquier información relacionada con el presente asunto, la remita al correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, mediante oficio ordinario. DOMICILIO Y DELEGADOS. Con base en el contenido del referido informe justificado, con fundamento en los preceptos 9 y 26, fracción II, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio de la autoridad responsable en mención para recibir oficios de notificación, el ubicado en calle Azcapotzalco, número 102, colonia Bellavista, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, así como delegados a las personas que en tal informe fueron propuestas. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Como lo gestionó la autoridad responsable de que se trata, con fundamento en el artículo 3°, en relación con el numeral 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, así como del precepto 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes los usuarios "rrs1959" e "ivonne1952", con efectos de autorización para recibir oficios de notificación derivados del presente asunto; por tanto, la citada parte procesal está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia correspondiente, en el plazo de veinticuatro horas. PRECISIÓN: Ahora, dadas las peticiones de la autoridad responsable que nos ocupa, respecto de la forma en que desea le sean notificados las determinaciones que le resulten en el presente asunto (en el domicilio procesal, o a través del sistema electrónico), se instruye al actuario judicial adscrito que corresponda, para que éstas las haga de forma indistinta, es decir, podrán practicarse de una u otra forma; empero no de ambas el mismo proveído. Ello, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de establecer un punto de referencia (de ser el caso), para realizar los cómputos correspondientes; es decir, fecha en que fue practicada la notificación, día en que ésta haya surtido sus efectos e inicio y conclusión de la perentoria. Se establece lo anterior, no con la intención de conculcar derechos procesales de dicha responsable, si no como un mecanismo de garantizar una tutela judicial efectiva en favor de las partes involucradas en el presente asunto, como es, el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en caso de duplicar las notificaciones de un mismo proveído (tenerlas por realizadas en momentos y distintas formas), generaría incertidumbre cuál de ellas se tomaría en consideración para efectuar el cómputo correspondiente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: Tesis: I.14o.T.J/3 (10) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Registro digital 2019394 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo II, Febrero de 2019 Pág. 2478 Jurisprudencia, Constitucional (Materia común) "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas." Consecuentemente, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que realizada por vía electrónica la notificación respectiva, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, por una parte, la digitalice para el expediente electrónico y, por otra, haga una impresión que deberá agregarse al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. AUTORIDAD INEXISTENTE. En otro orden, de constancias se advierte que en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, con base en la información proporcionada por el Delegado del Director General de Pemex Logística, se determinó requerir al quejoso para que dentro del término de tres días, computados legalmente, señalara la denominación correcta de las diversas autoridades responsables Subdirector de Almacenamiento y Despacho de Gerencia Logística Regional Pacífico Terminal de Almacenamiento y Despacho y Reparto Lázaro Cárdenas; y, Superintendente de la Terminal Lázaro Cárdenas, ambos con supuesta sede en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante su inexistencia, o bien, manifestara lo que a su derecho conviniera, caso contrario, se tendrían por inexistentes; determinación que le fue notificada personalmente el doce del referido mes y año, sin que hubiese hecho precisión alguna al respecto. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento a que fue conminado el promovente del amparo, esto es, ténganse por inexistentes a las referidas autoridades que el quejoso designó como responsables, para los efectos legales conducentes; suspéndase con las mismas toda comunicación oficial en lo subsecuente. TERCERO INTERESADO. Dado el acto reclamado en el presente asunto, se considera que no existe persona alguna que deba ser emplazada a juicio en su carácter de tercera interesada. REQUIERE A LAS PARTES COMUNIQUEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. En otra línea, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, así como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado, si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, cuando por alguna cuestión tengan conocimiento de ello y, de ser posible, acompañen las constancias que acrediten tal extremo. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a éste órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. PRUEBAS PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que, en su caso, tengan el carácter de terceras interesadas, a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia debe asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista, máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, corriéndole traslado con una copia de la demanda y del escrito de aclaración correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." AUTORIZADO. Ténganse únicamente como persona autorizada de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones personales, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Augusto Xavier Téllez Ballesteros, toda vez que realizada una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, no existe registro de cédula profesional a su nombre que lo acredite como licenciado en derecho. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo gestionó el promovente del amparo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el usuarios "xavierBalle22091", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. De igual forma, como fue solicitado, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se practiquen a la parte quejosa vía electrónica mediante el referido usuario; por tanto, la citada parte procesal está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia correspondiente, en el plazo de veinticuatro horas. Consecuentemente, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que realizada por vía electrónica la notificación respectiva, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, por una parte, la digitalice para el expediente electrónico y, por otra, haga una impresión que deberá agregarse al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. MEDIO ALTERNO DE CONTACTO. Tómese nota del medio alterno de comunicación proporcionado por el quejoso, esto es, el correo electrónico personal xavier.ballesteros@icloud.com; sin que el mismo debe ser tomado en consideración para la práctica de notificaciones personales al promovente, toda vez que la Ley de Amparo no autoriza dicho dispositivo para tales efectos. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CAPTURA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de las autoridades responsables, tal y como se señalaron en la demanda inicial; en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es correcta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, el Secretario encargadlo de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa; y, mediante oficio a la autoridad responsable, a través de los usuarios proporcionados.

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