Juan Lucas Mora Pérez
Expediente 1258/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1258/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Lucas Mora Pérez
Actuaciones
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo presentada por Juan Lucas Mora Pérez contra actos de la Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; en consecuencia, archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 1313 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta el acuerdo dictado en el expediente 36/2018, de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo 1258/2018 de este juzgado, en razón de que mediante acuerdo de veintiséis de diciembre del año en curso, resolvió no aceptar la competencia declinada a favor de ese tribunal para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan Lucas Mora Pérez contra actos del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito y otras autoridades, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, se procede nuevamente a analizar la demanda de amparo y el escrito aclaratorio a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Ello en razón de que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio resulta obligatorio previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." De la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado -en su carácter de Juez de enjuiciamiento-, al Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, ambos con sede en Xalapa, Veracruz así como al Director del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, y como acto reclamado la resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal responsable, la cual confirmó la sentencia de doce de junio del mismo año, dictada por el citado Juez, dentro de la causa penal 07/2016, así como ésta última. De lo anterior se advierte que el promovente reclama la resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, del índice del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante la cual confirma la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal 07/2016, dictada por el Juez de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Sentando lo anterior, cabe traer a colación el contenido de los artículos 170, fracción I y 34, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 104 El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. ." De lo transcrito se desprende que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo promovido contra sentencias definitivas (las que decidan en juicio en lo principal y no puedan ser modificadas o revocadas mediante un recurso ordinario) se debe promover por conducto de la autoridad responsable; sin embargo, cuando se presente un juicio de amparo contra estas resoluciones ante un juez de distrito, éste debe declararse incompetente y remitir la demanda al tribunal colegiado de circuito que corresponda, quien confirmará o revocará esa determinación de incompetencia. En esas condiciones, si el promovente reclama la resolución definitiva de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, del índice del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante la cual confirma la sentencia dictada en la causa penal 07/2016, dictada por el Juez de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, es claro que encuadra dentro de aquellas previstas en el artículo 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, constituye una resolución que pone fin al juicio, ya que lo da por concluido, y por tanto, tal reclamo debe hacerse en la vía de amparo directo y, por ende este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda, correspondiendo su estudio a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del Séptimo Circuito. Sustenta lo anterior, la tesis P.J. 6/2015, emitida por el Pleno, publicada en la página 95, Tomo I, Abril de dos mil quince, Libro 17, Decima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por lo considerado, en cumplimiento al artículo 17 constitucional, a efecto de garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 47, 107 y 170 de la Ley de Amparo, se declara legalmente la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo y ordena enviarla al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a efecto de que en caso de que exista concordancia con la consideraciones expuestas en el auto, provea lo conducente, solicitándole respetuosamente el acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Lo anterior, en razón de que dicho tribunal es el competente para conocer de los juicios de amparo directo en los que la autoridad responsable sea el Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicaturas Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuito Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para notificar al quejoso Juan Lucas Mora Pérez, el auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito mediante el cual el quejoso Juan Lucas Mora Pérez, así como su defensor Antonio Altamirano Contreras, desahogan la prevención efectuada por acuerdo de once de diciembre del año en curso; visto el contenido del escrito de mérito, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento dictado en el presente juicio, en relación a la demanda que promovió inicialmente contra actos del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 1258/2018. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, del contenido íntegro de la demanda así como del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que el quejoso además de reclamar la resolución definitiva dictada por el Juez de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 07/2016, la cual fue dictada por dicho Juez, también refiere señalar como acto la resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, que confirmó la misma en segunda instancia y como autoridad responsable al Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, por ser la autoridad quien la emitió. En este sentido, este juzgador Federal considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 de la Ley de Amparo, y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece que los Tribunales Unitarios conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra otros tribunales de la misma naturaleza, que no constituyan sentencias definitivas, y que será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera o en su defecto, el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. De lo antes expuesto, se colige que el acto reclamado consistente en la sentencia de doce de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, que confirmó la diversa de doce de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa penal 07/2018, del índice del Juzgado de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; no tiene la naturaleza jurídica de sentencia definitiva, ni de resolución que ponga fin al juicio, por no encontrarse en los supuestos del artículo 170 de la Ley de Amparo; por tanto, el conocimiento del presente asunto corresponde a otro Tribunal Unitario de la misma naturaleza, y que en el caso, será competente otro Tribunal Unitario. Sin que haya lugar a tener en consideración, a efecto de determinar la competencia del presente asunto, el hecho de que el quejoso se encuentre privado de su libertad en Villa de Aldama, Veracruz, ya que los preceptos legales antes trascritos son precisos, por lo que resulta innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar dicha competencia, ya que donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 14/2012 (10a.), que por contradicción de tesis, sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo I, Página 79, cuyo rubro y texto establecen: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador. Cabe precisar que la tesis citada, no obstante que fue emitida con anterioridad a la Ley de Amparo en vigor, no contraviene lo dispuesto por su artículo sexto transitorio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia anteriormente transcrita, al reclamarse en la demanda de amparo una resolución emitida por el Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, se declina competencia a favor del Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, en turno. Por tanto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, remítanse al Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, en turno, los autos del presente juicio de amparo 1258/2018; así como, los siete juegos de copias simples de la demanda de amparo que fueron anexadas para correr traslado a las partes. Con copia de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en esta ciudad y por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Altamirano Contreras, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 88058. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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