Juan Lorenzo Hernández Monarrez

Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
333/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Sexta Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad
  • Juan Lorenzo Hernández Monarrez

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el término concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de mayo del año en curso, para que exhibiera dos copias más de su escrito de expresión de agravios, transcurrió del dieciséis al dieciocho de los cursantes, sin que haya desahogado dicho requerimiento; por tanto, llevando adelante el apercibimiento decretado en el acuerdo en cita, se tiene por no interpuesto el recurso de queja en contra de la resolución de veinte de abril del año en curso, acorde a lo dispuesto por el numeral 100, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la citada certificación se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el referido medio de impugnación contra del auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo que promovió, sin que lo haya hecho. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, por lo expuesto se hace innecesario seguir conservando el toca de apelación 324/2018, del índice de la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; por lo tanto, devuélvase dicho expediente a la autoridad de referencia, sin que sea necesario que acuse recibo de su recepción, ya que en autos obrará la constancia de notificación correspondiente. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por Angélica Adriana Bello Moreno, en su carácter de Apoderada Legal de Juan Lorenzo Hernández Monarrez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la resolución de veinte de abril de dos mil dieciocho, en la que se procedió a desechar de plano la demanda de amparo en cuestión. Ahora bien, toda vez que la recurrente exhibió únicamente el original de dicho ocurso, cuando debió exhibir dos copias de éste, una para el Fiscal Federal adscrito al Tribunal que le corresponda conocer del recurso de mérito, y una más para ser glosada al juicio de amparo en el que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 100, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que sea legalmente notificada del presente proveído, exhiba dos copias de su escrito de expresión de agravios, apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. Notifíquese personalmente.Así lo acordó el ciudadano licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 3230 firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite la demanda promovida por Angélica Adriana Bello Moreno en su carácter de apoderada legal de Juan Lorenzo Hernández Monarrez, así como los oficios 1242 y 1175, citatorio, razón actuarial y el toca de apelación 324/2018, del índice de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y dos escritos signado por la promoventee informa que mediante proveído de dieciséis de abril del año en curso, ese órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para resolver ese asunto, fincando dicha cuestión a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado Decimoquinto de Distrito. Con apoyo en los dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 37 y 48, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia de mérito. Acúsese recibo a la superioridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 333/2018. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Angélica Adriana Bello Moreno en su carácter de apoderada legal de Juan Lorenzo Hernández Monarrez, contra el acto consistente en: "Resolución emitida en el Toca 324/2018 formado con motivo del Recurso de Apelación Interpuesto por la Suscrita ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial dictada en el expediente número 1363/2016." AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Magistrados que integran la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 2.- Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, el suscrito se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, cabe precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 113 de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De una interpretación de los artículos citados anteriormente, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia, cuando se reclamen, actos emitidos en juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación. Al respecto, cabe destacar lo previsto por los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (..) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;" De dichos preceptos legales, se aprecia que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; entonces, por excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, o bien, por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, los actos procesales tienen una afectación de imposible reparación cuando éstos afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido constitucionalmente, o por tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Sobre el tema de la imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una nueva interpretación respecto del alcance de dicha expresión, referida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la constitución y por los tratados que formen parte de ella; sin que ahora resulte procedente el amparo contra actos de simple afectación procesal, aunque sea en grado predominante. Esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender en el fallo. Por tanto la afectación, debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese sentido, el legislador estableció dos condiciones para promover amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento; la primera es que el acto de reclamo afecte materialmente derechos y la segunda, que esos derechos afectados revistan la categoría de derechos sustantivos en contraposición a derechos formales o adjetivos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. En ese orden de ideas, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación a los derechos fundamentales del gobernado, puede ser subsanada al resolver la controversia de origen. Puesto que, los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales derechos sustantivos, como son la vida, libertad, patrimonio, salud, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones particulares, sino que sólo producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir, al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Apoya lo expuesto la jurisprudencia por contradicción de tesis 3/89, cuyo tenor es el siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En esta tesitura, cabe precisar que el acto que se reclama consistente en la resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el toca 324/2018, del índice de la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que confirmó la diversa emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en la cual se resolvió en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del diverso incidente de remoción de cargo de albacea número 1363/2016, de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, de esta ciudad. Por otro lado, de los hechos narrados por la parte quejosa, así como de las constancias que forman el toca de referencia, se advierte que en el incidente de remoción de cargo de albacea número 1363/2016-VI, de donde deriva el incidente en el que se dictó la resolución confirmada por la sala responsable, se encuentra en trámite, es decir, aún no se ha emitido la resolución que le ponga fin a la controversia en él suscitada. Por tanto, es evidente que el presente juicio de amparo deviene improcedente, puesto que el acto combatido por la parte quejosa no se trata de un acto de ejecución irreparable, ya que las violaciones alegadas por la accionante en su escrito de demanda tienen efectos meramente procesales, pues las violaciones que se llegaren a cometer dentro del procedimiento del incidente de remoción de cargo de albacea 1363/2016-VI, del índice del juzgado responsable, puede quedar subsanada con posterioridad, si la resolución que ponga fin al referido incidente, resulta finalmente favorable a los intereses de la aquí quejosa. En caso contrario, dicha determinación puede ser combatida como violación procesal mediante el amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, si la promovente estimara que ello afectó su defensa y si aquélla trascendió al sentido del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis número VI.1o.C.7 K (10a.) que a la letra dispone: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO INCIDENTAL. PROCEDE COMBATIRLAS EN EL AMPARO EN QUE SE RECLAME LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. De acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente es similar al de un juicio, y las instituciones juicio e incidente, deben decidir una cuestión planteada. Luego entonces, en su generalidad son similares y, trae consigo que iguales razones deban regir para ambos, por tanto, en el campo de la similitud existente, el momento de reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y en otro debe ser el mismo, es decir, aquel en que se combate la resolución respectiva que pone fin al juicio o al incidente (sentencia definitiva o interlocutoria), a través del juicio de amparo; siempre que esta última (la interlocutoria correspondiente) sea susceptible de reclamarse mediante dicho juicio; consistiendo la diferencia sólo en la vía en que se debe promover la demanda constitucional (biinstancial o uniinstancial)." DESECHAMIENTO. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN CUESTIÓN. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias del índice de la sala responsable, para un mejor manejo del expediente fórmese cuaderno auxiliar constante de un tomo, por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Antonio Figueroa Quezada, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 44468. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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