Juan López Raymundo

Expediente 1109/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1109/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Juan López Raymundo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo por el que se determinó que no había materia para la ejecución del fallo protector, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a la autoridad responsable. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Devolución de constancias Por otra parte, ya que del estado de autos, se advierte que obran los anexos I y II; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvanse los referidos anexos a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa, en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Para efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se cumple con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, resulta necesario precisar que el acto reclamado se hizo consistir en: "Acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitido en los autos de la causa penal 22/2022 en el que se declara el cierre de instrucción y se establece el término de tres años y cuatro días hábiles para que las partes expresen sus conclusiones." Mediante sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veintidós (fojas 68 a 78), en parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió la protección constitucional. Los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "a. En el término de tres días hábiles, contado a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia causó ejecutoria, deje insubsistente el acuerdo reclamado de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en los autos de la causa penal 22/2022. b. Hecho lo anterior, emita uno nuevo en el que reitere lo relativo a su declaratoria de cierre de instrucción de dicha causa y; atendiendo a los razonamientos de esta sentencia, con libertad de jurisdicción, fije el plazo para que las partes formulen sus conclusiones, para lo cual deberá ponderar los actos pendientes de realizar en la secuela procesal y procurar que el tiempo que otorgue para ello no dilate el proceso de manera preponderante, buscando siempre ajustarse y no rebasar -e la mayor medida dentro de las posibilidades jurídicas existentes- los plazos máximos para que el procesado sea juzgado a que alude el artículo 616 del Código Militar. c. Notifique su determinación a los quejosos.". El dieciocho de enero de dos mil veintitrés (fojas 98 y 99), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficios registrados con los folios 277 y 440 (fojas 87 a 90 y 92 a 95), el Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México hizo del conocimiento el acuerdo dictado el dos de enero del año en curso, en el cual declaró con esa fecha nuevamente cerrada la instrucción y puso la causa penal en los términos del artículo 618 del Código de Justicia Militar, esto es, dio vista a las partes, para que en el término de un año y diecinueve días hábiles (dos terceras partes del términos original), el Agente del Ministerio Público Militar y el defensor particular, formularan sus respectivos pliegos de conclusiones, debiendo descontar los sábados, domingos y días festivos, por ser inhábiles. De igual forma, por oficios con números de correspondencia 1448 y 3175 (fojas 104 a 108, 115 a 119), la misma autoridad responsable informó que el trece de enero de este año, el Agente del Ministerio Público, presentó su pliego de conclusiones, por lo que renunció al término que se le concedió, aunado a ello remitió copia certificada del acuerdo de veintitrés de enero siguiente, en donde dejó insubsistente el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós (acto reclamado). En auto de siete de marzo del presente año (fojas 125 a 127), se analizaron las constancias y se concluyó que no se encontraba cumplida la ejecutoria dictada en autos, por lo tanto se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que: "I. Dejara insubsistente el acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos de la causa penal 22/2022, y a su vez, el de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. II. Emitiera un nuevo acuerdo en el que reiterara lo relativo a su declaratoria de cierre de instrucción de dicha causa y; atendiendo a los razonamientos de la sentencia, con libertad de jurisdicción, fijara el plazo con suma brevedad, para que el defensor particular formulara sus conclusiones, para lo cual debería ponderar los actos pendientes de realizar en la secuela procesal y procurara que el tiempo que otorgara para ello no dilate el proceso de manera preponderante, buscando siempre ajustarse y no rebasar -la mayor medida dentro de las posibilidades jurídicas existentes- los plazos máximos para que el procesado sea juzgado a que alude el artículo 616 del Código Militar. III. Notificara su determinación a los quejosos.". Por oficios con folios 4976, 5411 y 5845 (fojas 133 y 134, 142, 240 y 241) la autoridad responsable hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que las partes presentaron sus conclusiones, desistiéndose del plazo otorgado; por lo que el catorce y quince de marzo de este año, se llevó a cabo la audiencia pública con carácter de Consejo de Guerra, en la cual se dictó sentencia. De las constancias que remitió la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento, se advierte lo siguiente: -Respecto al auto para dejar insubsistente el acuerdo de dos de enero del año en curso, la responsable informó que debido a que las partes presentaron sus conclusiones y se desistieron del plazo concedido, se continuó con la secuela procesal y solicitó a la Comandancia de la Primera Región militar la convocatoria para llevar a cabo la audiencia pública con carácter de Consejo de Guerra, en consecuencia, resultó innecesario dejar insubsistente el auto de dos de enero de dos mil veintitrés (foja 240). -El quejoso Juan López Raymundo presentó sus conclusiones de inculpabilidad, mediante escrito de siete de febrero del año en curso (fojas 145 a 226). -Por su parte, el quejoso ******************** presentó sus respectivas conclusiones por escrito de catorce de febrero del mismo año (Anexo II, fojas 3 a 14). -El Agente del Ministerio Público Militar presentó sus conclusiones acusatorias por escrito de trece de enero del año que transcurre (Anexo II, fojas 18 a 359). -Asimismo, se advierte la copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil veintitrés (fojas 227 a 229). De dichas constancias se desprende, que las partes presentaron sus conclusiones antes de que feneciera el plazo otorgado por la autoridad responsable, debido a ello, se convocó a la audiencia pública en la que se dictó la sentencia correspondiente. Ahora bien, el párrafo último del artículo 196 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que el órgano judicial de amparo emita una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales. A su vez, el diverso 214 de la ley de la materia, establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional. Como se observa, la ley contempla dos figuras que pueden ocurrir cuando se advierte un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo, a saber: Imposibilidad material o jurídica. Inexistencia de materia para su ejecución. El primer supuesto aparece cuando los factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, o las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria no están en condiciones de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado en los términos establecidos en la ejecutoria de amparo; lo cual no significa que la misma carezca de efectos o deje de cumplirse, pues ante la eventualidad se busca una alternativa al cumplimiento original. Por lo que hace al segundo, relativo a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, se presenta cuando los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que originó la concesión del mismo; es decir, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. En la especie, se patentiza el segundo de los supuestos en análisis, es decir, no hay materia para la ejecución del fallo protector. Lo anterior, en virtud de que la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable dictara un nuevo acuerdo en el que señalara un plazo para que las partes formularan sus conclusiones, procurando que el plazo que se fijara para ello, no dilatara el proceso; de ahí que si a la fecha las partes ya formularon sus conclusiones, aunado a que ya se dictó la sentencia correspondiente, están superados los lineamientos del amparo. En ese sentido, los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que originó la concesión del mismo -que se fijara un plazo prudente para la formulación de conclusiones, sin que ello retrasara el proceso-. En otras palabras, no existe materia alguna en la que puedan impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada, en virtud de que ya se dictó sentencia en la causa penal militar. Por tanto, como se adelantó, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo ante la imposibilidad material para pronunciarse en torno a ello. Atento a lo expuesto previamente y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. ".

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa, en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Para efecto de establecer si con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se cumple con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, resulta necesario precisar que el acto reclamado se hizo consistir en: "Acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitido en los autos de la causa penal 22/2022 en el que se declara el cierre de instrucción y se establece el término de tres años y cuatro días hábiles para que las partes expresen sus conclusiones." Mediante sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veintidós (fojas 68 a 78), en parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió la protección constitucional. Los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "a. En el término de tres días hábiles, contado a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia causó ejecutoria, deje insubsistente el acuerdo reclamado de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en los autos de la causa penal 22/2022. b. Hecho lo anterior, emita uno nuevo en el que reitere lo relativo a su declaratoria de cierre de instrucción de dicha causa y; atendiendo a los razonamientos de esta sentencia, con libertad de jurisdicción, fije el plazo para que las partes formulen sus conclusiones, para lo cual deberá ponderar los actos pendientes de realizar en la secuela procesal y procurar que el tiempo que otorgue para ello no dilate el proceso de manera preponderante, buscando siempre ajustarse y no rebasar -e la mayor medida dentro de las posibilidades jurídicas existentes- los plazos máximos para que el procesado sea juzgado a que alude el artículo 616 del Código Militar. c. Notifique su determinación a los quejosos.". El dieciocho de enero de dos mil veintitrés (fojas 98 y 99), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficios registrados con los folios 277 y 440 (fojas 87 a 90 y 92 a 95), el Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México hizo del conocimiento el acuerdo dictado el dos de enero del año en curso, en el cual declaró con esa fecha nuevamente cerrada la instrucción y puso la causa penal en los términos del artículo 618 del Código de Justicia Militar, esto es, dio vista a las partes, para que en el término de un año y diecinueve días hábiles (dos terceras partes del términos original), el Agente del Ministerio Público Militar y el defensor particular, formularan sus respectivos pliegos de conclusiones, debiendo descontar los sábados, domingos y días festivos, por ser inhábiles. De igual forma, por oficios con números de correspondencia 1448 y 3175 (fojas 104 a 108, 115 a 119), la misma autoridad responsable informó que el trece de enero de este año, el Agente del Ministerio Público, presentó su pliego de conclusiones, por lo que renunció al término que se le concedió, aunado a ello remitió copia certificada del acuerdo de veintitrés de enero siguiente, en donde dejó insubsistente el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós (acto reclamado). En auto de siete de marzo del presente año (fojas 125 a 127), se analizaron las constancias y se concluyó que no se encontraba cumplida la ejecutoria dictada en autos, por lo tanto se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que: "I. Dejara insubsistente el acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos de la causa penal 22/2022, y a su vez, el de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. II. Emitiera un nuevo acuerdo en el que reiterara lo relativo a su declaratoria de cierre de instrucción de dicha causa y; atendiendo a los razonamientos de la sentencia, con libertad de jurisdicción, fijara el plazo con suma brevedad, para que el defensor particular formulara sus conclusiones, para lo cual debería ponderar los actos pendientes de realizar en la secuela procesal y procurara que el tiempo que otorgara para ello no dilate el proceso de manera preponderante, buscando siempre ajustarse y no rebasar -la mayor medida dentro de las posibilidades jurídicas existentes- los plazos máximos para que el procesado sea juzgado a que alude el artículo 616 del Código Militar. III. Notificara su determinación a los quejosos.". Por oficios con folios 4976, 5411 y 5845 (fojas 133 y 134, 142, 240 y 241) la autoridad responsable hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que las partes presentaron sus conclusiones, desistiéndose del plazo otorgado; por lo que el catorce y quince de marzo de este año, se llevó a cabo la audiencia pública con carácter de Consejo de Guerra, en la cual se dictó sentencia. De las constancias que remitió la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento, se advierte lo siguiente: -Respecto al auto para dejar insubsistente el acuerdo de dos de enero del año en curso, la responsable informó que debido a que las partes presentaron sus conclusiones y se desistieron del plazo concedido, se continuó con la secuela procesal y solicitó a la Comandancia de la Primera Región militar la convocatoria para llevar a cabo la audiencia pública con carácter de Consejo de Guerra, en consecuencia, resultó innecesario dejar insubsistente el auto de dos de enero de dos mil veintitrés (foja 240). -El quejoso Juan López Raymundo presentó sus conclusiones de inculpabilidad, mediante escrito de siete de febrero del año en curso (fojas 145 a 226). -Por su parte, el quejoso ******************** presentó sus respectivas conclusiones por escrito de catorce de febrero del mismo año (Anexo II, fojas 3 a 14). -El Agente del Ministerio Público Militar presentó sus conclusiones acusatorias por escrito de trece de enero del año que transcurre (Anexo II, fojas 18 a 359). -Asimismo, se advierte la copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil veintitrés (fojas 227 a 229). De dichas constancias se desprende, que las partes presentaron sus conclusiones antes de que feneciera el plazo otorgado por la autoridad responsable, debido a ello, se convocó a la audiencia pública en la que se dictó la sentencia correspondiente. Ahora bien, el párrafo último del artículo 196 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que el órgano judicial de amparo emita una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales. A su vez, el diverso 214 de la ley de la materia, establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional. Como se observa, la ley contempla dos figuras que pueden ocurrir cuando se advierte un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo, a saber: Imposibilidad material o jurídica. Inexistencia de materia para su ejecución. El primer supuesto aparece cuando los factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, o las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria no están en condiciones de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado en los términos establecidos en la ejecutoria de amparo; lo cual no significa que la misma carezca de efectos o deje de cumplirse, pues ante la eventualidad se busca una alternativa al cumplimiento original. Por lo que hace al segundo, relativo a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, se presenta cuando los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que originó la concesión del mismo; es decir, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. En la especie, se patentiza el segundo de los supuestos en análisis, es decir, no hay materia para la ejecución del fallo protector. Lo anterior, en virtud de que la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable dictara un nuevo acuerdo en el que señalara un plazo para que las partes formularan sus conclusiones, procurando que el plazo que se fijara para ello, no dilatara el proceso; de ahí que si a la fecha las partes ya formularon sus conclusiones, aunado a que ya se dictó la sentencia correspondiente, están superados los lineamientos del amparo. En ese sentido, los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que originó la concesión del mismo -que se fijara un plazo prudente para la formulación de conclusiones, sin que ello retrasara el proceso-. En otras palabras, no existe materia alguna en la que puedan impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada, en virtud de que ya se dictó sentencia en la causa penal militar. Por tanto, como se adelantó, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo ante la imposibilidad material para pronunciarse en torno a ello. Atento a lo expuesto previamente y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Ciudad de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable que lo signa, por medio del cual en cumplimiento del requerimiento de veintiocho de marzo del año en curso, informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remite las constancias correspondientes; en consecuencia, dése vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y con lo que exponga, o transcurrido dicho plazo sin realizar alguna manifestación, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Con las documentales remitidas por la autoridad oficiante y para el mejor manejo del presente juicio de amparo, ábrase el anexo II. Notifíquese personalmente.

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