Juan Julián Delgado Jiménez

Expediente 525/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
525/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
10/06/2015

Partes del expediente

  • Juan Julián Delgado Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se desechó la demanda de garantías dentro del presente juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, veinticinco de mayo de dos mil quince. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 525/2015-V. Improcedencia Ahora, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así, el citado artículo, establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.". Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, este juzgado de distrito advierte que, en el caso, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, de la lectura íntegra del ocurso constitucional, se desprende que el acto reclamado consiste en el auto por el cual el juez responsable solicita a Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa, para designar un perito en médica forense. Entonces, del análisis de lo anterior, este juzgado de distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61 fracción XVIII de la ley de la materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Ahora bien, en relación a lo anterior es necesario precisar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, en términos de los artículos 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y 107 fracción V de la Ley de Amparo. Dichos criterios son los siguientes: 1o. Como regla general, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la afectación no podría repararse ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual. 2o. De manera excepcional, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior, lo cual acontece, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. En ese orden de ideas, es claro que no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte, para considerarlo como de imposible reparación, pues por un lado, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que se tutelan por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, con motivo del auto por el cual el juez responsable solicita a Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa, para designar un perito en médica forense; lo cual no necesariamente va a ocasionar que la sentencia definitiva que deba dictar la autoridad responsable sea desfavorable a los intereses del impetrante de garantías, sino que únicamente incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario, si la sentencia le resulta desfavorable, y si las violaciones que señala como actos reclamados en la demanda que se provee, trascienden al resultado del fallo, habiendo dejado sin defensa a la parte quejosa, la podrá hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra la respectiva sentencia, atento a lo dispuesto por los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo; en ese tenor, los aspectos que reclama en su demanda de amparo constituyen propiamente cuestiones intraprocesales. Al respecto de las violaciones al procedimiento, la misma Ley de Amparo, en el artículo 171, primer párrafo, indica: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.". Por otra parte, tampoco se está en el supuesto de excepción, derivado de que los actos procesales señalados como reclamados tengan una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias afecten a las partes en grado predominante o superior, pues a juicio del suscrito no se advierte que concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento; pues como ya se señaló, el acto reclamado consiste en el auto por el cual el juez responsable solicita a Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa, para designar un perito en médica forense. Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, y 112, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías que se provee. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.

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