Juan López Mojaráz
Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan López Mojaráz
Actuaciones
- Principal
Agréguese al presente cuaderno de antecedentes, el oficio del secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que ese órgano judicial se avocó al conocimiento de la demanda que motivó el presente cuaderno de amparo 897/2021, con motivo de la incompetencia legal por razón de territorio, planteada por esta potestad federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes-, como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- al haberse declarado incompetencia legal por razón de territorio.
- Principal
Recepción y admisión de la demanda. Vista la demanda de cuenta signada electrónicamente por ****, en contra de actos del juez Primero Civil de Partido de San José de Iturbide, Guanajuato, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 897/2021-III. Separación de juicios. Del escrito de demanda, se desprende que el quejoso reclama, por una parte, de los jueces Primero y Segundo Civiles de Partido, residentes en San José Iturbide, Guanajuato, así como de los actuarios de su adscripción, la falta o ilegal emplazamiento al juicio que "culminó con la declaración del gravamen real, para que se constituya la servidumbre legal de paso que se impuso en el predio de mi propiedad" identificado como "predio rustico ubicado en el Rancho ****; es decir, se ostenta tercero extraño por equiparación al procedimiento de origen. Por otra parte, señala como autoridad responsable al titular del Ministerio Público de Unidad de Tramitación Común I de San José Iturbide, de la Fiscalía Regional "D de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a quien atribuye el mandato para entregar la posesión material del mismo predio a quienes, en su caso, resultan terceros interesados, además de "la demolición o derribo de la malla ganadera y cerca perimetral". Lo anterior, ordenado dentro de la carpeta de investigación ***. La anterior lectura en su integridad, permite entender que el quejoso reclama actuaciones practicadas en un juicio de naturaleza civil, además de otras de naturaleza penal. Si bien, tienen relación en tanto que, según su dicho, el conflicto es respecto del predio cuya titularidad ostenta, lo cierto es que al tratarse de procedimientos distintos en los que intervienen partes y autoridades diversas, además de que las eventuales violaciones atienden a principios constitucionales distintos, es factible concluir que se encuentran desvinculados. Ello se robustece pues las autoridades que señala son de naturaleza distinta (civil y penal). Bajo el panorama expuesto, es decir, que las conductas reclamadas se encuentran desvinculadas entre sí, se obstaculiza que sean estudiadas de manera conjunta en la presente vía constitucional o, dicho de otra manera, en la misma pieza de autos. La razón que lo sustenta es que, de existir las conductas y ser procedente el juicio, su análisis obedecerá a distintos parámetros constitucionales que no ameritan visualizarse en su conjunto; además, dificultarían tanto la integración del expediente como su resolución. En consecuencia, a fin de no violentar las reglas que rigen el juicio de amparo y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, de oficio este tribunal ordena la separación de autos. Es aplicable la parte conducente de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como P./J. 3/2021 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación. "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA RESOLVER ESTOS CONFLICTOS, BAJO LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA ACUMULACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones diversas en cuanto a si los conflictos entre Jueces de Distrito generados por la separación de juicios en amparo indirecto deben resolverse por el Tribunal Colegiado de Circuito competente, o si son cuestiones meramente administrativas que deben ser resueltas conforme a los mecanismos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Criterio jurídico: La separación de autos, aun cuando no se encuentra prevista expresamente en la Ley de Amparo, es procedente dada su vinculación con la figura de la acumulación, de manera que los conflictos que se susciten deben ser resueltos por el Tribunal Colegiado de Circuito competente atendiendo a las mismas reglas. Justificación: La figura de la separación de autos no está prevista en la normativa del juicio de amparo, sin embargo, su aplicación se ha aceptado vía jurisprudencial, bajo las reglas de la figura de la acumulación. En ese sentido, cuando en una misma demanda de amparo se reclamen actos desvinculados entre sí, se podrá decretar de plano la separación de juicios, o bien, tramitar un procedimiento vía incidental, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ello, si llegara a existir oposición del juzgador respecto a quién se le envían los actos que se estiman desvinculados, deberá considerarse que se trata de un conflicto materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá remitir los autos a su superior, comunicándolo al Juez de origen para que haga lo propio. Así, seguido el procedimiento correspondiente, el Tribunal Colegiado de Circuito competente deberá resolver sobre la procedencia o no de la separación, ordenando, si se estima procedente, mantener el estado de separación de los autos y devolverlos a los juzgados competentes para su resolución, o de negarse a la separación, regresar la totalidad de los autos al juzgador que originalmente previno." En tales condiciones, el juicio que se actúa se proveerá respecto del acto atribuido al agente del Ministerio Público señalado como responsable y, por cuanto hace a los actos atribuidos a las autoridades de naturaleza civil, deberá analizarse en un expediente diverso. Remisión a la Oficina de Correspondencia Común. Con copia certificada de la demanda y de todo lo actuado en el presente juicio, se ordena formar cuaderno de amparo por separado y remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a efecto de que registre un nuevo juicio de amparo promovido por **** y lo remita al órgano que por turno corresponda. Incompetencia. Ahora bien, en cuanto al acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común I de San José Iturbide, Guanajuato, consistente, en lo sustancial, en la orden emitida en la carpeta de investigación ***** de desposesión y supresión de los derechos de uso, disfrute y disposición de una fracción del bien, inmueble" identificado como predio rustico ubicado en el ***, se provee: Esta potestad considera que es legalmente incompetente para el conocimiento y substanciación del controversial por cuestión de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, lo que se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia ?por razón de territorio? recae en el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro a continuación se cita: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución. Sobre esa línea, la suscrita juzgadora, estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada dado que, como se dijo, el acto reclamado es la orden emitida en la carpeta de investigación **** "de desposesión y supresión de los derechos de uso, disfrute y disposición de una fracción del bien, inmueble" identificado como predio rustico ubicado en el Rancho el Tulillo de Arriba Municipio de San José Iturbide Guanajuato. Luego, es evidente que puede tener ejecución en ese municipio en el que este Juzgado Octavo carece de jurisdicción y, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción ahí son los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Sirve de sustento, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." Por ende, se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en razón de que, se insiste, el acto reclamado puede tener ejecución en el territorio en el que ejerce jurisdicción Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir el cuaderno principal del presente asunto al juez de distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para lo que a bien tenga ordenar, en compañía de las copias respectivas de la demanda. Solicitar remita el acuse de recibo correspondiente; y Formar el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Notificaciones por lista y autorizados. Toda vez que el promovente no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, hágase esta y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria. No es inadvertido que señaló un correo electrónico para tal efecto; empero, no es un medio legal para la práctica formal de las notificaciones que pretende; no obstante, se le tiene como medio de contacto para los casos en que resulte procedente. Asimismo, se autoriza en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, ya que de la certificación de cuenta se advierte que no tiene cédula profesional federal en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Usuario. Se autoriza únicamente para consultar el presente expediente, por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, a los usuarios **** y ****, tal como fue solicitado, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico. En el entendido de que la Oficial Judicial "A" de este juzgado, deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que si su alta o dato proporcionado no se encuentra en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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