Juan Julian Vázquez Hernández

Expediente 897/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
897/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Julian Vázquez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve (foja 83), se ordenó el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido, sin que se haya dado destino al cuaderno de antecedentes formado con motivo del conflicto competencial suscitado entre este juzgado federal y el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato. Consecuentemente, atendiendo al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el citado cuaderno de antecedentes deberá ser destruido en el plazo de seis meses, contado a partir del auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, en que se ordenó el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el once de marzo del presente año, en el que este Juzgado determinó desechar de plano la demanda promovida por Juan Julián Vázquez Hernández, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de once del presente mes y año, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Juan ************ al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos ordinales de la Ley de Amparo, así como el cardinal 107, fracción III, inciso b) constitucional, y se ordenó su notificación de forma personal a la parte quejosa. Ahora, de la constancia levantada por el actuario de la adscripción (foja 64), no se advierte que esta se hubiere sujetado a los lineamientos previstos por el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 310, párrafo primero del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, pues dicha notificación se pretendió realizar en un domicilio diverso al designado en autos y por conducto de personas autorizadas distintas a las aquí designadas. Consecuentemente, con apoyo en lo establecido por los artículos 62 y 221 de la invocada codificación supletoria, se comisiona al actuario adscrito para que de inmediato efectúe la diligencia de notificación ordenada en autos, con estricto apego a lo señalado en los preceptos legales supracitados.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de once de marzo de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: a) Recepción de testimonio del conflicto de competencia, documentos y acuse de recibo correspondiente. Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, al que anexa: 1. Testimonio en diecinueve hojas, útiles por ambas caras, de la resolución pronunciada en sesión de veintiuno de febrero del presente año, en el conflicto competencial 14/2018, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre y este órgano jurisdiccional. 2. Expediente del juicio de amparo 897/2018-VI, del índice de este juzgado federal. Acúsese recibo. b) Conocimiento del conflicto competencial. En otro aspecto, el tribunal oficiante remitió testimonio de la resolución pronunciada en sesión de veintiuno de febrero del presente año, en el conflicto competencial 14/2018 de su índice, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en la capital y este órgano jurisdiccional, en el que determinó: ".PRIMERO. Sí existe conflicto de competencial. SEGUNDO. Se declara que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es legalmente competente para conocer de la demanda de garantías promovida por Juan Julián Vázquez Hernández en contra del acto reclamado a la autoridad precisada en el primer resultando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente." Atento a lo resuelto por la superioridad, este juzgado federal se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por XXXXXen contra de actos atribuidos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. c) Desechamiento de demanda. Con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo , se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que hace improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" Asentado lo anterior, debe decirse que el "juicio para efectos del amparo" se inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; todos los actos procesales verificados en el período comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse "actos dentro de juicio" para efectos del amparo. Desde esta perspectiva, los "actos dentro de juicio", por regla general, solo pueden reclamarse en amparo directo, hasta que se promueva el juicio de derechos fundamentales contra la sentencia definitiva; es decir, hasta que se promueva un amparo directo, y allí podrán reclamarse los actos dentro de juicio como violaciones procesales, pero siempre y cuando hayan afectado las defensas del quejoso y hayan trascendido al resultado del fallo. De manera excepcional, los actos verificados "dentro de juicio" pueden reclamarse en amparo indirecto, tal como se prevé en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) de la constitución federal y en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo; esto es, si se trata de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas del quejoso, o bien, si el amparo es pedido por un tercero extraño. Ahora, respecto de los "actos dentro de juicio" que tienen ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto se actualiza cuando se genera una afectación directa e inmediata de derechos sustantivos. En estos casos, puede acudirse sin demora al amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, en virtud que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por exclusión, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza meramente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, y que al presentarse se colocan en una posibilidad latente de desaparecer, o bien resultan intrascendentes si es que se dicta una sentencia favorable al afectado. La razón de ser de dichos derechos adjetivos o procesales encuentra sustento en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intocada la esfera jurídica del interesado al no alterarse algún derecho sustantivo y sin dejar huella alguna. Ahora, para determinar que los actos reclamados no tienen efectos de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos, debe decirse que en la legislación de amparo actual, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, por ejemplo, sobre cuestiones de personalidad dentro del juicio laboral, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, es decir, contra actos intraprocesales que no afecten derechos humanos, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo (contra el laudo o sentencia definitiva), que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107, constitucional, para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. Además, señaló que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora bien, de los elementos objetivos que derivan del libelo de demanda, y de sus anexos, se advierten los siguientes antecedentes del caso: - Mediante escrito sin fecha el hoy quejoso XXXXX, demandó a la Secretaría de Educación de Guanajuato, la nulidad del acta administrativa de nueve de febrero de dos mil dieciocho y, por consiguiente, la reinstalación a su centro de trabajo como docente en la escuela primaria "XXXXX" C.C.T. 11EPR0008U, así como la reparación del daño moral, y ofreció los medios de prueba que en el apartado correspondiente anunció (fojas 12 a 17). - En siete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral número XXXXX, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato, se llevó a cabo en sus términos la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas, determinado el tribunal responsable, para un mejor análisis, reservar el acuerdo relativo a la admisión o desechamiento de los medios de prueba ofertados por las partes, y dio por concluida la audiencia estableciendo que de ella quedaban notificadas las partes comparecientes y firmaron para constancia legal (fojas 18 y 19. - Concluida la audiencia de referencia, el actor Juan Julián Vázquez Hernández presentó un escrito en la oficialía de partes del tribunal responsable, por el que refirió adjuntar los originales de las pruebas que en copia simple acompañó con su escrito inicial de demanda, lo que dijo a efecto de evitar depreciación de las mismas. - Mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guanajuato, proveyendo el escrito recibido en la oficialía de partes en fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el hoy quejoso, resolvió lo siguiente: "Primero. Se ordena agregar el escrito de cuenta, con sus anexos, a los autos del expediente para que surta los efectos legales conducentes. [.] Tercero. Por lo que hace a los documentos originales de las pruebas que anexó, en copia simple, a su escrito inicial de demanda, no se acuerda de conformidad, tomando en consideración que la etapa procesal para ofertar pruebas feneció mediante audiencia de fecha 07 de agosto del 2018, por lo que únicamente se ordena guardar en el secreto de este tribunal dichos documentos para debida constancia. Notifíquese a las partes, a la parte actora en los estrados de este tribunal; (.)" Determinación de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado destacado. En esta condición, el acto reclamado lo constituye, precisamente, la resolución recaída al escrito de ofrecimiento de pruebas del hoy quejoso XXXXX dentro del expediente laboral número XXXXXdel índice de la autoridad señalada como responsable, a través del cual denegó acordar de conformidad dicho ofrecimiento contenido en su escrito de siete de agosto de dos mil dieciocho, al señalar que ya había fenecido su derecho para ello; determinación que, desde luego, no puede estimarse como de imposible reparación, pues gira en torno a cuestiones relativas a la prueba, que son de índole procedimental. De ahí que la violación de que se trata, por regla general, es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 del cuerpo de leyes en cita , por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que solo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable. Al tenor de ese marco, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues como se ha puntualizado, el proveído emitido en cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el procedimiento de origen, que se tilda de inconstitucional, incide en una cuestión meramente formal, en tanto que de declarar procedente su petición se violentaría el principio de debido proceso, así como lo estatuido en los artículos 133 y 134 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios , y sus correlativos 180 y 181 de la Ley Federal del Trabajo , supletoria de aquella en términos de su artículo 9, relativos al derecho a ofertar medios de prueba y la etapa correspondiente. En ese contexto, es inconcuso que la decisión de no acordar de conformidad el escrito de ofrecimiento de pruebas ofertado por el hoy quejoso el siete de agosto de dos mil dieciocho, una vez concluida la etapa correspondiente, incluso la audiencia de conciliación, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos del peticionario de derechos. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así como la tesis jurisprudencial P./J. 1/2016 (10a.), con registro 2011428, en lo conducente, localizable en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, tomo I, Materia Común, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Aunado a que la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, libro XX, mayo de 2013, tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda.

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