Juan López Bedolla
Expediente 2036/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2036/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/03/2023
Partes del expediente
- Juan López Bedolla
- Secretario de Hacienda del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Juicio de Amparo 2036/2022 En esta fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste.Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión, pues no fue solicitado por la parte quejosa. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2021, en virtud de la licencia autorizada a Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, titular de este Juzgado Federal, de las 16:00 horas del 13 de marzo de 2023 y hasta las 15:00 horas del 17 siguiente, por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial comunicado mediante oficio CCJ/ST/943/2023, de seis de marzo del año en curso, asistido de Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 2036/2022; y, RESULTANDOS PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito recibido el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad de Mexicali, turnado el mismo día a este Juzgado Federal, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A. SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (.). B. SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. (.); C. COMITÉ TÉCNICO DEL PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. (.). D. DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO (.). E. ÁREA DE PRESTACIONES DE OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. (.). IV.- ACTO RECLAMADO: A todas y cada una de las Autoridades señaladas como responsables, se les reclama la omisión de resolver en forma definitiva, integral, fundamentada, motivada, eficiente, oportuna y congruente, la solicitud de Pago del BENEFICIO POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA A FAVOR DE LOS QUEJOSOS POR EL FALLECIMIENTO DE ********************, Acto consistente en la Omisión de pagar en una sola exhibición el importe de ********************) cantidad que nos corresponde, como BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA DE NUESTRO SER QUERIDO, IMPORTE que resulta de multiplicar el último sueldo mensual que percibió, ******************** pensionado Fallecido el cual fue de ********************) por 65 (meses), con fundamento en los artículos 1, 4, 14, 17, 123 Apartado B, fracción XI, 133 de la Carta Magna; cuyo concepto se establece en el anexo a foja 16, del PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE B. C. (BAJA CALIFORNIA), trabajador pensionado del magisterio, afiliado al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA POR SUS SIGLAS ISSSTECALI; Nuestro Derecho y beneficio tiene su origen en el PLAN MÚLTIPLE DE PREVISIÓN SOCIAL en favor de los Empleados del Gobierno del Estado de Baja California del cual ********************, formaba parte, constituido el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve, estando vigente el texto del 21 de Junio de 1996 y en el que se PREVEE el PAGO en una sola exhibición de 65 meses de pensión o salario mensual ya sea Jubilado o Activo, del cual el trabajador fallecido cuenta con Carta de Adhesión firmada y recibida por el Área de prestaciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California con 13 DE FEBRERO DEL 2001 Solicitud de PAGO que hicimos en fecha 15 de Febrero del dos mil Dieciocho a través de la C. ********************, Presidenta del Fondo Mutualista de Defunción de la Sección 37 del SNTE quien gestiono el referido pago a favor y por cuenta y orden de los hoy quejosos conforme a lo establecido en el texto del Texto del plan Múltiple de Beneficios de los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California, vigente al veintiuno de Junio1996 y su anexo, mediante oficio ******************** de fecha 15 de Febrero del 2018 dirigido a la C. ******************** Coordinadora del área de prestaciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado; el área de Prestaciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, es la unidad que recibe todos los trámites, así como todas y cada una de las solicitudes de pago que realizan los Beneficiarios designados dentro de las Cedulas del PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE B. C. (BAJA CALIFORNIA); y esta Área depende de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California conforme a lo establecido por el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el 28 de Diciembre del 2020, Ley vigente al inicio de nuestro trámite. (.) Por lo cual solo se cuenta con el sello de recibido de esa dependencia ya que, ese Departamento de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado recibió todos nuestros documentos en nuestro carácter de beneficiarios de esta Prestación de nuestro ser querido. (.). La omisión injustificada del pago por parte de las responsables afecta la esfera jurídica de los quejosos, pues restringe derechos sociales, materializándose estos en la afectación de MI patrimonio, violentando lo establecido en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 123 Apartado B fracción XI, 133 de la Carta Magna; violación de Derechos Humanos Sociales; así como el derecho al mínimo vital; el que se entiende como el respeto a las condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que los beneficiarios podamos llevar una vida libre de temor de las cargas de la carencia económica, siendo precisamente ésta prestación social creada para llevar una existencia digna; por lo que los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables son: A.- DEL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA como tal y en funciones de PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclama: COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Se le reclama: La falta Injustificada del PAGO TOTAL en una sola exhibición por el importe de ********************) cantidad que nos corresponde, como BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA DE NUESTRO SER QUERIDO, IMPORTE que resulta de multiplicar el último sueldo mensual que percibió, ******************** pensionado Fallecido el cual fue de ********************) por 65 (meses),,, derecho adquirido el día 01 de Enero de 2017 tras la muerte del trabajador en retiro ********************, conforme a lo establecido en el texto del PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE B.C. (BAJA CALIFORNIA); y del que las responsables tuvieron conocimiento el 19 de Febrero de 2018, por medio del ÁREA DE PRESTACIONES de OFICIALÍA MAYOR del GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA a través del oficio número ******************** de fecha 15 de Febrero del 2018, signado por la C. ********************, Presidenta del Fondo Mutualista de Defunción del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, SECCIÓN TREINTA Y SIETE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, quien gestionó el referido pago a NUESTRO favor, por cuenta y orden de los hoy quejosos conforme a lo establecido en el texto del Texto del plan Múltiple de Beneficios de los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California, vigente al veintiuno de Junio de 1996 y su anexo. Siendo EL BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA, una prestación de carácter social establecida en el referido plan. Del mismo modo se le reclama la omisión de darnos a conocer el cálculo del beneficio por fallecimiento de ********************, así como la fecha y forma de pago de dicho beneficio. En su cargo como SECRETARIO DE HACIENDA se le reclama la orden de pagar y la omisión de tomar medidas necesarias para el pago del beneficio por fallecimiento del PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, esto; a pesar de contar para el caso con la partida presupuestal: RAMO 24: EROGACIONES ADICIONALES, 70000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES, 79912 PROVISIÓN P/ACCIONES, APOYOS Y OBRAS P/NECESIDADES EXTRAORDINARIAS por el importe de $1,365'158,445.00 (mil trescientos sesenta y cinco millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, Tomo CXXVIII. Del 31 de diciembre de 2021, número 109, Sección II, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, visible en: https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Transparencia/index.aspx B. DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Se le reclama la omisión de dictaminar y ordenar el pago total en una sola exhibición del importe ********************) cantidad que nos corresponde, como BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA DE NUESTRO SER QUERIDO, IMPORTE que resulta de multiplicar el último sueldo mensual que percibió, ******************** pensionado Fallecido el cual fue de ********************) por 65 (meses), derecho adquirido el día 01 de Enero de 2017 tras la muerte del trabajador en retiro ********************, conforme a lo establecido en el texto del PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE B.C. (BAJA CALIFORNIA); y del que las responsables tuvieron conocimiento el 19 de Febrero de 2018, por medio del ÁREA DE PRESTACIONES de OFICIALÍA MAYOR del GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA a través del oficio número ******************** de fecha 15 de Febrero de 2018, signado por la C. ********************, Presidenta del Fondo Mutualista de Defunción del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, SECCIÓN TREINTA Y SIETE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, quien gestionó el referido pago a NUESTRO favor, por cuenta y orden de los hoy quejosos conforme a lo establecido en el texto del Texto del plan Múltiple de Beneficios de los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California, vigente al veintiuno de Junio de 1996 y su anexo. Siendo EL BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA, una prestación de carácter social establecida en el referido plan. Asimismo se le reclama la omisión de darnos a conocer el cálculo del beneficio por fallecimiento del C. ******************** así como la fecha de pago de dicho beneficio. C. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Se le reclama la omisión de dictaminar y ordenar el pago total en una sola exhibición del importe ********************) cantidad que nos corresponde, como BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA DE NUESTRO SER QUERIDO, IMPORTE que resulta de multiplicar el último sueldo mensual que percibió, ******************** pensionado Fallecido el cual fue de ********************) por 65 (meses),,, derecho adquirido el día 01 de Enero de 2017 tras la muerte del trabajador en retiro ********************, conforme a lo establecido en el texto del PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE B.C. (BAJA CALIFORNIA); y del que las responsables tuvieron conocimiento el 19 de Febrero de 2018, por medio del ÁREA DE PRESTACIONES de OFICIALÍA MAYOR del GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA a través del oficio número ******************** de fecha 15 de Febrero de 2018, signado por la C. ********************, Presidenta del Fondo Mutualista de Defunción del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, SECCIÓN TREINTA Y SIETE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, quien gestionó el referido pago a NUESTRO favor, por cuenta y orden de los hoy quejosos conforme a lo establecido en el texto del Texto del plan Múltiple de Beneficios de los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California, vigente al veintiuno de Junio de 1996 y su anexo. Siendo EL BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA, una prestación de carácter social establecida en el referido plan. D. ÁREA DE PRESTACIONES DE OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. La omisión de resolver en forma definitiva, integral, fundamentada, motivada, eficiente, oportuna y congruente, la solicitud de pago en una sola exhibición el importe de ********************) cantidad que nos corresponde, como BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA DE NUESTRO SER QUERIDO, IMPORTE que resulta de multiplicar el último sueldo mensual que percibió, ******************** pensionado Fallecido el cual fue de ********************) por 65 (meses), derecho adquirido el día 01 de Enero de 2017 tras la muerte del trabajador en retiro ********************, conforme a lo establecido en el texto del PLAN MÚLTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE B.C. (BAJA CALIFORNIA); y del que las responsables tuvieron conocimiento el 19 de Febrero de 2018, por medio del ÁREA DE PRESTACIONES de OFICIALÍA MAYOR del GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA a través del oficio número ******************** de fecha 15 de Febrero de 2018, signado por la C. ********************, Presidenta del Fondo Mutualista de Defunción del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, SECCIÓN TREINTA Y SIETE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, quien gestionó el referido pago a NUESTRO favor, por cuenta y orden de los hoy quejosos conforme a lo establecido en el texto del Texto del plan Múltiple de Beneficios de los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California, vigente al veintiuno de Junio de 1996 y su anexo. Siendo EL BENEFICIO POR FALLECIMIENTO O SEGURO DE VIDA, una prestación de carácter social establecida en el referido plan." SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, la demanda se radicó bajo el número de expediente 2036/2022, y se admitió a trámite. Luego, substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados en este juicio carecen de ejecución al ser de carácter omisivo, y la demanda fue presentada dentro la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de identificación y contenido: "Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda, y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra: De todas las autoridades: i. La omisión de pagar en una sola exhibición el importe ********************), del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. ii. La omisión de dar respuesta a la solicitud de pago por parte de las responsables. Del Presidente del Comité Técnico del Plan Múltiple de Beneficios para los Empleados y Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, se reclama; iii. La falta injustificada de dar respuesta a la solicitud de pago y ordenar el pago total en una sola exhibición. iv. La omisión de dar a conocer el cálculo del beneficio por fallecimiento del trabajador ********************. Del Secretario de Hacienda del Estado de Baja California, se le reclama; v. La omisión de tomar medidas necesarias para el pago del beneficio por fallecimiento. Del Comité Técnico del Plan Múltiple de Beneficios para los Empleados y Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, reclama: vi. La omisión de dictaminar el pago total en una sola exhibición. vii. La omisión de dar a conocer el cálculo del beneficio por fallecimiento del trabajador ********************. De la Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, y Coordinador del Área de Prestaciones de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, reclama: viii. La omisión de dar seguimiento y ejecución al oficio ********************, de quince de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual la Presidenta del Fondo Mutualista de Defunción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 37 (treinta y siete), comunicó al Coordinador del Área de Prestaciones de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California el fallecimiento del trabajador ********************. Conviene precisar que en el caso, lo que realmente se reclama, es la falta de cumplimiento del pacto denominado Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, no así la falta de respuesta a un derecho de petición puro elevado en términos del artículo 8 constitucional. TERCERO. Consideración preliminar. Determinados los actos reclamados, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éstos, ya que, por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de quien aquí resuelve se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la siguiente jurisprudencia: "Jurisprudencia: XVII.2ºJ/10 Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Gaceta al Semanario Judicial de la Federación. Página 68, Tomo 76. Abril de mil novecientos noventa y cuatro. Octava Época. ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse, en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Deben tenerse como ciertos los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables Secretario de Hacienda del Estado de Baja California; Presidente del Comité Técnico del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California; del Comité Técnico del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California; y, de la Dirección de Auditoria Interna de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, todas con sede en esta ciudad, ya que del análisis de los informes justificados que rindieron se advierte que formularon manifestaciones que evidencian la certeza de los actos reclamados, tales como que, en efecto no han dado respuesta alguna que alega la parte quejosa. En efecto, se estima acreditada la existencia de los actos reclamados, dado que de las constancias que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, tales como copia del oficio ********************, de quince de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual la Presidenta del Fondo Mutualista de Defunción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 37 (treinta y siete), comunicó a la Coordinadora del Área de Prestaciones de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California el fallecimiento del trabajador ********************, con sello de recibido de esta autoridad, de ahí aun y cuando esta última autoridad negó los actos que se le reclaman, también se tengan como ciertos. Aunado a lo anterior, también el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la hoy parte quejosa por escrito solicitó a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, y la Dirección de Auditoria Interna, le informaran el trámite dado para recibir el pago relativo al Plan Múltiple de Beneficios para los Empleados y Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, virtud del fallecimiento de la trabajadora en cuestión. Lo anterior es de tal forma, ya que las documentales de que se trata tienen el sello de recibido en vivo, por tanto acorde a lo previsto por el ordinal 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone su ordinal 2°, dichos documentos prueban en favor de la parte que quiere beneficiarse con ellos y contra su colitigante, virtud que no fueron objetadas. Por las razones que la informan y por identidad jurídica substancial deviene aplicable al caso en particular y como criterio de orientación el que se cita a continuación: "Registro digital: 2020178 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: I.11o.T.14 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5150 Tipo: Aislada COPIAS SIMPLES. CUANDO SON OFRECIDAS COMO PRUEBA POR EL TRABAJADOR ACTOR EN UN JUICIO LABORAL, Y SE AFIRMA QUE LOS ORIGINALES FUERON EXPEDIDOS POR SU CONTRAPARTE (PATRONAL), SIN QUE ÉSTA NIEGUE ESE HECHO AL OBJETARLOS DE MANERA GENÉRICA, ELLO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA EVASIVA QUE PERMITE CONCEDER A DICHAS COPIAS EL VALOR QUE RESULTE PROCEDENTE, INCLUSO PLENO. Del artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo se advierte que en la etapa de demanda y excepciones se configura la controversia del juicio, ya que en ella interviene el actor ratificando su demanda, y el demandado produce su contestación, con la obligación de contestar particularizadamente cada uno de los hechos afirmados por aquél, en cuyo caso, cuando los reconoce, no se genera controversia, pero si se pronuncia en un sentido diverso, se produce la litis del juicio; y es a partir de ello que las partes deberán soportar la carga de la prueba que les corresponda; asimismo, se prevé que el demandado que incurra en silencio o evasivas, se le tendrán por admitidos los hechos sobre los que no se suscite controversia. Ahora bien, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se generan pequeñas litis a debatir en el juicio, como cuando la actora imputa la expedición, origen, autoría o elaboración de un documento a su contraparte. Consecuentemente, si el patrón, al objetar la prueba documental privada ofrecida en copia simple -que le fue atribuida en cuanto a su suscripción, origen, autoría o elaboración- únicamente lo hace en cuanto a su alcance y valor probatorio, deberá entenderse que incurrió en silencio o evasivas, por lo que se le tendrán por admitidos los hechos sobre los que no se suscite controversia, esto es, si no negó la existencia del original, se le tendrá por admitida su existencia. Por ello, si durante el desahogo del cotejo solicitado, el demandado precisa que no existe ese documento y que por esa razón no lo exhibe, al no ser ello la forma en que inicialmente planteó su objeción, siendo ésta la que determina la carga probatoria que las partes deben soportar; la falta de exhibición implica que la documental en copia simple de un original cuya autoría se le atribuye, sin que niegue ese hecho de manera clara y precisa, debe considerarse como una evasiva que genera que adquiera valor probatorio, incluso pleno." Por tanto, la negativa hecha por las autoridades responsables, respecto de los actos que se les relaman, se encuentra desvirtuada y por ende, deben tenerse por demostrados en los términos apuntados los actos que se reclaman en esta instancia constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados existentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta oficiosamente, en razón de que se trata de presupuestos de orden público y de estudio preferente, conforme a la técnica del juicio de amparo, en razón de que su eventual actualización impide el estudio del fondo del presente asunto constitucional. Apoya la consideración anterior la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En relación con los actos reclamados al Secretario de Hacienda del Estado de Baja California; Presidente del Comité Técnico del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California; Comité Técnico del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California; de la Dirección de Auditoria Interna de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California; y, Coordinador del Área de Prestaciones de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, todas con sede en esta ciudad, consistentes en la omisión de pagar en una sola exhibición el importe con motivo del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, así como la omisión de dar respuesta a la solicitud de pago, la omisión de tomar las medidas necesarias para el pago del beneficio, la omisión de dictar y ordenar el pago, con motivo de la defunción del trabajador ********************, quien resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia. El precepto citado en primer término, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis 2a. LXXXVI/99, interpretó el artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, similar al artículo 61 actual, en los siguientes términos: "Registro digital: 193829 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LXXXVI/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 373 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno a las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." De acuerdo con este criterio, la improcedencia del juicio de amparo con base en el artículo en comento sólo puede derivar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. En ese sentido, la interpretación, a contrario sensu, de los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia, evidencian que el presente juicio de amparo es improcedente en razón de lo siguiente: En primer término, es necesaria la remisión al texto de estas últimas normas, las cuales establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Según la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo artículo define, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad, estableciéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a lo anterior, se debe verificar si en el caso concreto el acto reclamado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso, como criterio de orientación, la tesis I.13o.A.29 K, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1620, febrero de dos mil cinco, Tomo XXI, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, ha delimitado el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, como puede observarse en el contenido de la tesis que a continuación se cita: "Registro digital: 199459 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118 Tipo: Aislada AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Atendiendo a las consideraciones contenidas en el criterio invocado, quien resuelve, concluye que una autoridad para efectos del juicio de amparo es, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella; todo lo cual, válidamente permite a la vez estimar que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: 1) Que su emitente tenga características de órgano público; 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, 3) Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En ese orden de ideas, también se concluye con todo sustento que el concepto de autoridad para efectos del amparo, excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente. Ahora, conviene atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Establecido lo anterior, como se precisó, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado al Secretario de Hacienda del Estado de Baja California; Presidente del Comité Técnico del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California; Comité Técnico del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Gobierno del Estado de Baja California; de la Dirección de Auditoria Interna de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California; y, Coordinador del Área de Prestaciones de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, todas con residencia en esta ciudad, las omisiones relativas a efectuar el pago -en una sola exhibición- con motivo del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores y Empleados del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, por el fallecimiento del trabajador ********************. Por tanto, el acto reclamado no puede catalogarse como una relación de autoridad-gobernado, para que se traduzca en un acto de autoridad. En efecto, se considera que a las responsables señaladas por la quejosa, en el caso, no les deviene el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues de lo que se duele la parte quejosa está en aptitud de dirimir dicha controversia, a través del procedimiento ordinario laboral, dado que precisamente dicho acto tiene su origen en una relación de empleado-patrón -Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y ********************-, ya que el hoy quejoso, al ser hijo de dicho trabajador, es la persona que aparentemente tienen un derecho sobre sus bienes y derechos, para que coactivamente ambas partes, se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por dicho procedimiento o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel; por lo cual, es evidente que el acto reclamado en la presente instancia deriva de una relación de coordinación (laboral) y no de supra subordinación, es decir, el acto atribuido a las autoridades de mérito, no creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, menos aún tuvieron sustento en facultades otorgadas por una norma general, al tener en primer término, la autoridad responsable el carácter de patrón. Cuestión que se corrobora del propio contenido del artículo 42 del propio texto del Plan de Beneficios para el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 42. Para todo lo previsto en el presente Plan, se estará a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil, las Condiciones Generales de Trabajo y Convenios de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Sobre el Contrato de Seguro, así como la Legislación común supletoriamente aplicada y el someterse a los tribunales correspondientes, para resolver cualquier controversia que emane del mismo, renunciando al fuero territorial distinto que pudiera corresponderle (.)." Como se ve, insístase, el acto reclamado deriva de una relación de naturaleza laboral, pues del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia reclamando la omisión de dar contestación a la solicitud relativa al pago de los beneficios estipulados en el Plan de Beneficios para los Empleados y Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, con relación al empleado finado ******************** y precisamente del contenido del propio texto del Plan Múltiple de Beneficios para el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, se estableció de manera destacada que ante cualquier controversia que se suscitare con la interpretación y aplicación del mismo, se debía acudir al juicio laboral burocrático; de ahí que se estime que lo ahora reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues los signantes de ese acuerdo de voluntades lo hicieron bajo relación de trabajo, es decir, en igualdad de condiciones. Sin que obste que la parte quejosa reclame de las mencionadas autoridades responsables la omisión de dar contestación a la solicitud relativa al pago de los beneficios estipulados en el Plan de Beneficios para los Empleados y Trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al estimar que éstas eran las autoridades facultadas para ello, lo que podría interpretarse como una violación al derecho de petición; sin embargo, lo relativo al procedimiento, la respuesta a la solicitud de indemnización y quién es la autoridad facultada para ello son cuestiones que, como se dijo, corresponde resolver a los tribunales ordinarios y no en la instancia constitucional. Amén que como se precisó en considerando segundo, en el caso, lo que realmente se reclama es la falta de cumplimiento del pacto antes precisado, no así la falta de respuesta a un derecho de petición puro, elevado en términos del artículo 8 constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra- subordinación." Igualmente es aplicable por analogía la siguiente tesis: "Registro digital: 2013538 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 2/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 608 Tipo: Jurisprudencia MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." Luego, es inconcuso que el acto reclamado se trata de una relación de coordinación, en tanto que no se está en una relación entre gobernantes y gobernados (supra a subordinación) ni entre los órganos del propio Estado (supraordinación). Aunado a ello, el reclamo de la parte quejosa no implica que se trate de una relación de supra a subordinación, pues sólo constituye un conflicto entre particulares, derivado de la relación empleado-patrón, que se desarrolla entre individuos iguales y libres, y que quedan sometidos solamente al imperio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, dándose por entendido que no necesitan ninguna protección externa adicional. Por tanto, es evidente que la parte agraviada no pretende ejercer la acción constitucional contra un acto de autoridad, sino contra un acto derivado de una relación de coordinación, en la que, por ese motivo, no emerge la figura de autoridad, con relación a la quejosa; luego, no procede el amparo porque tal controversia debe dilucidarse ante la autoridad correspondiente, en la que se crean en la legislación relativa los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarla, en términos del apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, ese acto no participa de las características de un acto de autoridad, sino que se trata de una controversia entre un trabajador (quejoso beneficiario) y su empleador (señalado como autoridad responsable), ya que el contrato respectivo, establece las condiciones de trabajo entre ésta y sus trabajadores, según las cuales, la quejosa prestara su servicio subordinado con la misma y las consecuencias del mismo. En esas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, porque en la especie no se reclaman actos de autoridad en relación con un particular gobernado, en una relación de supra a subordinación, sino actos desplegados en un plano jurídico en relaciones de coordinación, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes narrado, es innecesario estudiar las restantes causas de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, pues con independencia del resultado que su análisis arrojara, ninguna incidencia tendría en lo ya resuelto, al haber determinado actualizada la causa de improcedencia analizada en el presente apartado considerativo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J.54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO, BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedencia y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En ese contexto, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UN VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "Registro digital: 2002179 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXII/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587 Tipo: Aislada PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia que señala: "Registro digital: 2005717 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487 Tipo: Jurisprudencia PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento de mérito, quien resuelve está impedido para analizar los conceptos de violación formulados por la quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial, que reza: "Registro digital: 2005717 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014. Tomo I, página 487 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Asimismo, resulta oportuno precisar que no se viola el derecho de acceso a la justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento constitucional, se impartió aquel derecho, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita, por las razones de su integración, la siguiente tesis jurisprudencial: "Registro digital: 2010501 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 1a. CCCLXXI/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 981 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." También sirve de sustento, por las razones que la integran, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 174737 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.2o.C. J/23 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921 Tipo: Jurisprudencia DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Decisión. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia de mérito, lo debido será decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada, cuyo rubro y texto es el siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2010982 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Página 705 Tipo: Jurisprudencia JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis que se transcribe a continuación: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 230605 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 549 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL RESPECTO DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN. Si en el juicio de garantías surge alguna causal de improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios." Precedente vertical. En similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito al resolver el amparo en revisión 43/2021 de su índice. Igualmente, no se inadvierte que la parte quejosa señala diversas omisiones; empero, en términos semejantes se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 361/2022, en sesión celebrada el nueve de diciembre de dos mil veintidós, al establecer en lo que en el caso interesa lo siguiente: "193. Así, cualquier cuestión derivada directamente de los derechos que el difunto trabajador generó, entre ellos el pago de un finiquito por causar baja por defunción, corresponde a la materia laboral y la autoridad de que se trate no tendrá carácter de responsable, pues actúa dentro de la relación de trabajo. 194. Conviene destacar que en términos de los artículos 5º, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se aprecia que autoridad para efectos del juicio de amparo, es aquélla, incluida un particular, que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, esto es, que los actos que emita los pronuncie con imperium, es decir, en una relación de supra subordinación, puesto que sólo de esa manera puede dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar tal acto, o bien, omitir el acto que traería tales efectos. 195. Por ello, este Tribunal Colegiado de Circuito, estima que no es viable admitir que los actos atribuidos a la autoridad responsable, pueda catalogarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que éstos derivan de una relación laboral que guardó el esposo de la quejosa, esto es, de un vínculo de igualdad y coordinación. 196. Se concluye entonces, que la relación con la pretendida responsable es laboral, como se aprecia del propio señalamiento formulado por la quejosa, quien en su demanda de amparo precisó como acto reclamado la omisión de dar respuesta a su escrito de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, relativa a la solicitud de trámite de finiquito y demás prestaciones laborales pendientes, con motivo del fallecimiento, beneficio adquirido por la relación laboral que sostuvo quien fuera su esposo con el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 197. Lo anterior, se insiste, porque la reclamación de la impetrante ante la dependencia supra no puede ubicarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que derivó de una relación laboral y, de forma específica, aborda un beneficio adquirido por el tiempo trabajado, por lo que no se trata de una reclamación en la que exista supra-subordinación entre las partes, ni menos que se actualice el imperium necesario para que se concrete este tipo de actos. 198. Por ende, lo trascedente es que, a no dudarlo, esa posible obligación de la autoridad responsable, no derivan del derecho de petición consagrado en la constitución, sino que, en todo caso, es producto de un trámite en un plano de coordinación por virtud de una solicitud de carácter laboral que elevó la parte quejosa. 199. En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, puesto que en el caso particular, los actos reclamados no se provienen por parte de una autoridad o por un particular con esa calidad, sino del ente patronal, y en su caso de las autoridades que administrativamente están facultadas para dar seguimiento y ejecutar la respuesta a su solicitud, puesto que, se insiste, la quejosa presentó su petición en su calidad de beneficiaria del trabajador que causó baja por defunción, y la reclamación tuvo lugar por virtud de esa calidad de trabajador." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto los actos reclamados y autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el último apartado de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Informe Justificado. Visto lo de cuenta, recíbase el informe con justificación rendido por la autoridad señalada como responsable Área de Prestaciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de que se trata, con el mismo se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de la relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. No ofreció. Domicilio. No señaló. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado de mérito.Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a uno de febrero de dos mil veintitrés. Prueba documental en alcance. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio que signa la Procuradora Fiscal del Estado de Baja California, en representación del Secretario de Hacienda del Estado de Baja California, por su propio derecho y en su carácter de Presidente del Comité Técnico del Plan Múltiple de Beneficios para los Trabajadores del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado y Dirección de Auditoria Interna de la Secretaria de Hacienda del Estado, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido, se tiene por recibida la prueba documental que remite en alcance a su informe justificado rendido en autos, misma que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva. Atento a lo anterior, se ordena dar vista a las partes para que se impongan de sus contenidos y manifiesten lo que a su derecho corresponda, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.Notifíquese.
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