Juan José Vargas Ojeda
Expediente 879/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Juan José Vargas Ojeda
- Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a la parte quejosa para que realizara manifestaciones en relación al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo; por tanto, este Juzgado Federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En atención a lo fundado de los conceptos de violación, se concede el amparo en contra de los actos de aplicación de las normas impugnadas, para los efectos siguientes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo se extiende a todas las normas y actos cuya validez dependa de las normas invalidadas por el Máximo Tribunal de la Nación, lo que se traduce en su inaplicación presente y futura en cuanto a la parte quejosa. Asimismo, en atención a que la parte gestora del amparo solicita la devolución de todos los descuentos efectuados con fundamento en las normas generales reclamadas, cabe precisar que el presente asunto sólo puede tener efectos presentes y futuros, sin que pueda invalidar los actos anteriores al último acto de aplicación en que se sustentó la procedencia del amparo. Por consiguiente, únicamente serán materia de concesión del amparo los descuentos efectuados quince días hábiles anteriores al dieciséis de junio de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "Registro digital: 192846 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 112/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999, página 19 Tipo: Jurisprudencia. AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Los efectos del amparo se traducen en que la autoridad responsable perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, realice lo siguiente: 1. Deje de aplicar en perjuicio de la parte quejosa Juan José Vargas Ojeda, el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 Publicado en el periódico oficial Número 9, el quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro, (76 Reserva Técnica), y el diverso 25 fracción I, (53 servicio médico), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. 2. Devuelva las cantidades que se hubieran descontado a la parte gestora del amparo Juan José Vargas Ojeda, respecto a su pensión con motivo de la aplicación del último párrafo de los preceptos legales antes mencionados, en el entendido de que sólo deberán devolver a partir de los efectuados quince días hábiles anteriores al dieciséis de junio de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. En el entendido que la sentencia surtirá sus efectos, hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita. [.]" Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la delegada de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 431/2022-I. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que modifica y confirma la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector emitido por este Juzgador, en los términos acotados por la superioridad. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: 1. Deje de aplicar en perjuicio del quejoso el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16, y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecisiete de febrero de dos mil quince. 2. Devuelva las cantidades que se hubieran descontado al quejoso Juan José Vargas Ojeda, respecto a la aplicación de los preceptos legales mencionados, en el entendido de que sólo deben devolver los descuentos efectuados a partir de los quince días hábiles anteriores al dieciséis de junio de dos mil veintidós, es decir, los realizados a partir de la presentación de la demanda de amparo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Mediante escrito y anexos, remitidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California, en el que informa que mediante constancia de no aplicación de descuentos a nombre del quejoso de nueve de mayo del presente año, no se le aplicarán las deducciones y/o descuento a que se refiere el último párrafo de los artículos 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y mediante escrito presentado en seis de junio del dos mil veintitrés en este Juzgado, hace constar la devolución de las cantidades que se descontaron a la parte gestora del amparo, conforme a los términos que anteceden. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a las partes quejosa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2 de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Raquel Fernanda García Ojeda, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los presentes autos los oficios presentados por la delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California; y, en atención al contenido del mismo, acuérdese lo siguiente. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la partes quejosa con las constancias que remite la autoridad responsable y dése vista con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Oficios. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la delegada de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California; y, en atención a su contenido acuerdes lo siguiente: Vías de cumplimiento al fallo protector. Se tiene a la citada autoridad responsable, informando las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento al fallo protector; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Continúan subsistentes apercibimientos. En el entendido de que, acorde a lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 193 de la Ley de Amparo, continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos, hasta en tanto se logre dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, pues en la exposición de motivos sobre la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se estableció, en relación con la ejecución de las sentencias de amparo, lo siguiente: "(.) la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos, el oficio remitido por el Subconsejero Jurídico en representación de la Gobernadora del Estado; y, en atención al contenido del mismo, acuérdese lo siguiente. Superior jerárquico. Ahora, en relación a las manifestaciones formularas por la autoridad oficiante, relativos a que dicha autoridad no tiene el carácter de superior jerárquico de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; hágasele del conocimiento que, de conformidad con los artículos 106, 107 y 110 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, los cuales disponen que es el Gobernador del Estado de Baja California quien nombrará y podrá revocar a los directivos de dicha institución; de ahí que, se le reconozca el carácter de superior de las autoridades responsables, y deberá de ordenar a éstas el cumplimiento con la citada ejecutoria, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo; apercibida en los propios lineamientos decretados para su subalternos, para el caso de no demostrar que dio la orden referida. Oficio. Por otra parte, glósese a los autos el diverso oficio de cuenta remitido por la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Vías de cumplimiento al fallo protector. Se tiene a la citada autoridad responsable, informando las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento al fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Prórroga. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se otorga una prórroga de veinte (20) días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que cumpla con los actos que le competen y remita las constancias que así lo acrediten. Continúan subsistentes apercibimientos. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 193 de la Ley de Amparo, continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos, hasta en tanto se logre dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, pues en la exposición de motivos sobre la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se estableció, en relación con la ejecución de las sentencias de amparo, lo siguiente: "(.) la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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