Juan Lazaro Bernal
Expediente 526/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Lazaro Bernal
Actuaciones
- Principal
Como de la certificación que antecede, se desprende que a la fecha transcurrió el término de diez días para que las partes interesadas interpusieran el recurso de revisión contra el auto dictado por este Juzgado el catorce de mayo de dos mil dieciocho... se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes... se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio...
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho... En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por rendido su informe justificado, el que se ordena agregar a sus autos para que obre como legalmente corresponda y al que anexa la resolución dictada el diez de junio del año en curso, dentro del Expediente laboral - Ahora, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que el quejoso -, reclamó en esta instancia constitucional lo siguiente: "4. ACTOS RECLAMADOS: Tienen ese carácter: A) La falta de emisión del laudo definitivo por parte de la Autoridad Responsable, de conformidad con el término señalado en el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios dentro de los autos del Juicio Ordinario Laboral número 583/2012, que sigo frente al Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán...". Mediante oficio recibido en esta data, signado por la autoridad señalada como responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, al que anexó copia certificada de la resolución de laudo, dictada el diez de julio del año en curso, en la cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se tiene a la parte actora por acreditando sus acciones y a la parte demandada por no acreditando su excepciones y defensas opuestas. SEGUNDO. Se absuelve al H. Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, de pagar a favor del trabajador actor respecto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo del año 2011 dos mil once, así como de pagar lo correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre del año 2011 dos mil once, de conformidad con lo establecido en el último considerando del laudo que nos ocupa. TERCERO. Se condena al H. Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, a Reinstalar al trabajador actor - en la misma forma y términos en que se venía desempeñando hasta antes del injustificado despido del que fue objeto; de igual forma se condena a la demandada a pagar a favor del trabajador actor la cantidad de $300.437.52 (trescientos mil cuatrocientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.) salvo error u omisión aritmética en que se haya incurrido, por concepto de 2, 372 dos mil trescientos setenta y dos días de salarios caídos, transcurridos desde la fecha del despido injustificado 9 nueve de enero del año 2012 dos mil doce, a la fecha de la emisión del laudo que nos ocupa 10 diez de julio del año 2018 dos mil dieciocho, sin perjuicio de los que s sigan generando hasta la total conclusión del presente juicio de conformidad con lo establecido en el último considerando del laudo que nos ocupa". Consecuentemente, si la autoridad responsable ya dictó el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 583/2012, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión por parte de la responsable de emitir el laudo dentro de dicho juicio laboral. Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción IV, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de los quejosos queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de los quejosos es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Consecuentemente, como ya se dijo con fundamento en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, del propio ordenamiento legal, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; en consecuencia se deja sin efectos la audiencia constitucional. Lo anterior es así, pues atendiendo a la jurisprudencia de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)"; los alcances de una concesión de amparo, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúa dicho acto reclamado. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado...
- Principal
Morelia, Michoacán, a doce de julio de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por rendido su informe justificado, el que se ordena agregar a sus autos para que obre como legalmente corresponda y al que anexa la resolución dictada el diez de junio del año en curso, dentro del Expediente laboral - Ahora, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que el quejoso -, reclamó en esta instancia constitucional lo siguiente: "4. ACTOS RECLAMADOS: Tienen ese carácter: A) La falta de emisión del laudo definitivo por parte de la Autoridad Responsable, de conformidad con el término señalado en el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios dentro de los autos del Juicio Ordinario Laboral número 583/2012, que sigo frente al Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán...". Mediante oficio recibido en esta data, signado por la autoridad señalada como responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, al que anexó copia certificada de la resolución de laudo, dictada el diez de julio del año en curso, en la cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se tiene a la parte actora por acreditando sus acciones y a la parte demandada por no acreditando su excepciones y defensas opuestas. SEGUNDO. Se absuelve al H. Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, de pagar a favor del trabajador actor respecto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo del año 2011 dos mil once, así como de pagar lo correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre del año 2011 dos mil once, de conformidad con lo establecido en el último considerando del laudo que nos ocupa. TERCERO. Se condena al H. Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán, a Reinstalar al trabajador actor - en la misma forma y términos en que se venía desempeñando hasta antes del injustificado despido del que fue objeto; de igual forma se condena a la demandada a pagar a favor del trabajador actor la cantidad de $300.437.52 (trescientos mil cuatrocientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.) salvo error u omisión aritmética en que se haya incurrido, por concepto de 2, 372 dos mil trescientos setenta y dos días de salarios caídos, transcurridos desde la fecha del despido injustificado 9 nueve de enero del año 2012 dos mil doce, a la fecha de la emisión del laudo que nos ocupa 10 diez de julio del año 2018 dos mil dieciocho, sin perjuicio de los que s sigan generando hasta la total conclusión del presente juicio de conformidad con lo establecido en el último considerando del laudo que nos ocupa". Consecuentemente, si la autoridad responsable ya dictó el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 583/2012, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión por parte de la responsable de emitir el laudo dentro de dicho juicio laboral. Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción IV, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de los quejosos queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de los quejosos es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Consecuentemente, como ya se dijo con fundamento en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, del propio ordenamiento legal, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; en consecuencia se deja sin efectos la audiencia constitucional. Lo anterior es así, pues atendiendo a la jurisprudencia de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)"; los alcances de una concesión de amparo, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúa dicho acto reclamado. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Notifíquese personalmente.
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