Juan Jose Villagran Pineda
Expediente 239/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Jose Villagran Pineda
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de destrucción, dado que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el capítulo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de quince de marzo del presente año, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, signado por -, con el carácter que tiene debidamente reconocido en autos; en atención a su contenido téngasele desahogando la vista ordenada mediante proveídos de catorce y veinte de marzo del año que transcurre, para lo cual hace las manifestaciones que en el mismo refiere, las que serán tomadas en consideración al momento en que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Agente Primero del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número V-239/2018-2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en la integración de la averiguación previa penal seguida en su contra. Respecto del acto de autoridad, este Juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." (.)". Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113, de la Ley Reglamentaria, de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito en párrafos precedentes, se aprecia que el juicio de amparo resulta improcedente y autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61, y del diverso numeral 6° ambos de la ley de la materia, se destaca como requisito de procedencia del juicio de garantías, que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que de manera personal y directa sufra en su esfera jurídica, lo cual es exigido con el objeto de justificar plenamente la facultad del accionante de garantías, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal competente, a demandar la tutela del derecho que afirma se encuentra afectado, lo que se traduce en un presupuesto o condición esencial indispensable, porque implica que quien ejerza la acción constitucional, debe resentir un perjuicio o menoscabo en su esfera jurídica, por la emisión del acto reclamado. Lo anterior, porque un acto de autoridad puede engendrar una situación jurídica concreta, en beneficio o en perjuicio de una o varias personas, en relación con la formación, modificación o extinción, de una relación de derecho; por lo tanto, cuando afecta a uno o varios individuos en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y por el contrario, cuando no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, porque la demanda únicamente puede promoverse por la parte a quien cause perjuicio el acto reclamado, en términos del artículo 6° de la ley de la materia. En conclusión, la esfera jurídica de la parte quejosa, sólo se advierte afectada cuando con la emisión del acto reclamado son alterados parcial o totalmente el cúmulo de derechos y obligaciones que posee. Expuesto lo anterior, debe indicarse que las actuaciones practicadas en la integración de la averiguación previa, constituye una facultad del representante social (investigación y persecución de los delitos) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal; de ahí que dicho acto no afecta en forma alguna los derechos subjetivos del peticionario del amparo, en razón de que no genera perjuicios a los derechos legítimamente tutelados cuya transgresión cometida por una autoridad y haga procedente la acción constitucional para obtener la suspensión o cancelación del inicio y tramitación de dicha averiguación. Se afirma lo que precede, toda vez que el hecho de que las autoridades ministeriales señaladas como responsables investiguen la comisión de delitos e integren averiguaciones previas, consigne y practiquen las diligencias necesarias no implica que con ello cause daños o perjuicios al gobernado, excepto cuando de la misma investigación deriven actos de molestia o privativos de libertad, derechos o posesiones, lo que haría factible la transgresión de derechos y, en consecuencia, la facultad para solicitar la protección constitucional, pero sólo respecto de esos actos de molestia o privativos, mas no de la integración de la averiguación previa, la incompetencia declarada y su procedimiento. En ese contexto y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos", debiendo para ello, realizar todas las diligencias que resulten necesarias para una debida integración de la averiguación previa; tal proceder no puede ser transgresor de derechos sustantivos del gobernado. Orienta el criterio del suscrito, por las razones jurídicas que la sustentan, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Así también, sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia visible en la página 448, Octava Época, Tomo II, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito del rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.". De igual forma, la tesis en materia penal, visible en la página 264, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Enero de 1996, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.". Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio al inconforme, pues no resiente un perjuicio con motivo de la integración de la averiguación previa de que se trata; por lo tanto, las garantías que refiere le han sido transgredidas (garantías de legalidad y seguridad jurídicas previstas en los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales), no encuentran sustento en la fase procesal donde la autoridad ministerial señalada como responsable, sólo se limita a ejercer la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, conferida en el artículo 21 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, por las razones que se expresan, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, y 6° de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, contra los actos reclamados al Agente Primero del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, y otras autoridades, por la razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno de este tribunal federal y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aún en días y horas inhábiles. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, autorizadas para tal efecto a las personas que refiere, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a - virtud a que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
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