Juan Juárez Olvera
Expediente 178/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juan Juárez Olvera
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el veinte de abril de dos mil diecisiete (fojas 42 a 46), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, a partir de cinco años, ello por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que el sindicato tercero interesado no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio recibido en su domicilio el veintiuno de abril de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinte de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, veinte de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo y Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite, entre otras, copia certificada del auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, por el que se le dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa ante la Oficialía de Partes de su adscripción el doce de enero de dos mil diecisiete, dictado en autos del expediente laboral DI-57/2013. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, es preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causal de improcedencia que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado en el juicio accionado. Lo anterior es así, debido a que cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionante de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior, no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese sentido, se tiene que el acto reclamado destacado en el presente juicio se hace consistir en: La omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el doce de enero de dos mil diecisiete, en el juicio laboral DI-57/2013, en la cual solicitó se declarará la prescripción de la parte patronal para ofrecer su reinstalación. Y como consecuencia del mismo: El acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete mediante el cual se fijó fecha y hora para que se lleve a cabo la diligencia de reinstalación. La diligencia de reinstalación de veinte de febrero del año en curso." Ahora, del análisis de las copias certificadas enviadas por las autoridades responsables anexas al oficio de cuenta, se advierte que por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, se pronunció el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, respecto del escrito presentado ante la Oficialía de Partes el doce de enero del año en cita, dentro de los autos del expediente laboral DI-57/2013, en los términos siguientes: ".CUENTA: En fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, doy cuenta a esta H. Junta Local, con los escritos presentados ante la Oficialía de partes de esta H. Junta Laboral en fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, y doce de enero del dos mil diecisiete, a la 1:29 a.m y 1:19 p.m respectivamente.- Conste.- La Secretaria de Acuerdos.---------- Chetumal, Quintana Roo, a trece de marzo de dos mil diecisiete.-------- AUTO: VISTOS los escritos con los que se da cuenta suscritos por el LIC. ARTURO VAZQUEZ CINCO en su carácter de apoderado legal de la parte actora en el presente juicio y atento a su contenido.------------------- EL PRESIDENTE ACUERDA: [.], asimismo en cuanto a su segunda solicitud dígase al promovente que tal y como lo señala el artículo 519 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Por lo que el laudo quedo notificado en fecha 10 de marzo de 2015, no cumpliendo así el término de prescripción en cuanto a la parte demandada, tan es así que en fecha 14 de noviembre de 2016, la parte condenada ha solicitado fecha y hora para la reinstalación del trabajador, señalado para tales efectos las catorce horas del día veinte de febrero del dos mil diecisiete, la cual se llevó a cabo en la fecha y hora señalado y de la cual se desprende la voluntad de dar favorable cumplimiento a lo requerido por esta Autoridad, sin embargo el actor, manifestó que no podía reinstalarse toda vez que había prescrito el derecho por parte del patrón para llevar a cabo la reinstalación, por lo que en vista de lo anterior, y toda vez que dicha reinstalación fue llevada a cabo conforme a lo requerido y a la negativa del trabajador, por lo que únicamente deberá pagársele las cantidades irrenunciables condenadas en el laudo, dicho lo anterior esta Autoridad procede a dictar requerimiento de pago y embargo actualizado en cuanto a los salarios caídos, hasta el día de la fecha de la reinstalación., por lo que conforme a lo anterior, se señala la cantidad de , por lo tanto en términos de lo dispuesto por el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo, requiérase a la parte demandada condenada la cantidad de [.]; sin perjuicio de los que se sigan generando hasta el total cumplimiento de la presente resolución, por lo que proceda el C. Actuario de la adscripción en compañía de la parte actora a realizar dicho requerimiento el cual deberá realizarse en el domicilio de la demandada señalado en autos del presente expediente, facultando al funcionario anteriormente mencionado para el caso de que la demandada SINDICATO UNICO DE CHOFERES DE AUTOMOVILES DE ALQUILER OTHON P. BLANCO se niegue a realizar el pago de las cantidades requeridas, para embargar bienes suficientes que garanticen las cantidades señaladas con anterioridad, lo anterior con fundamento en los artículos 950, 951 y 952 de la Ley Federal del Trabajo agréguese el escrito y el oficio de cuenta a los autos del presente expediente para que obren como legalmente corresponda.- NOTIFIQUESE Y PROVEASE SU FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO.- Así lo acordó la Presidenta de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, ante la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. DOY FE.------------------ En fecha 07 DE ABRIL DEL 2017 se hace la publicación del auto que antecede en lista de estrados de esta Junta.- Conste.- La Secretaria de Acuerdos.--------- [Lo sombreado es propio] En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, dejó insubsistente la omisión reclamada al haber emitido el auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, dentro de los autos del expediente laboral DI-57/2013, notificado por lista de estrados el siete de abril del año en cita, tal como se advierte de las constancias adjuntas a los oficios de cuenta, en segundo lugar, al quedar insubsistente la omisión reclamada, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito de doce de enero de dos mil diecisiete. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Por tanto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis noventa y siete, visible en la página setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, visible en la página 210, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil diecisiete.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ***, parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención inmersa en proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, por lo que señala al respecto: ***. Determinado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de que se trata. Dése la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo. Por otro lado, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como tercero interesado al ***; en ese contexto, con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter. En consecuencia, comisiónese al actuario de la adscripción para que se apersone en el domicilio citado por el quejoso, a efecto de que le notifique el presente proveído, emplace y le corra traslado con la demanda; asimismo deberá hacerle del conocimiento de la instauración de este juicio y del derecho que tiene de apersonarse al mismo. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.
- Principal
En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, así como 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: ÚNICO. Manifieste si es su deseo señalar como acto destacado, la omisión de dar contestación al escrito presentado por el promovente el doce de enero de dos mil diecisiete, en el juicio laboral ***, en el cual solicitó se declare la prescripción de la parte patronal para ofrecer su reinstalación y, en vía de consecuencia, los diversos actos que reclama. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a lo prevenido, se tendrá únicamente como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito presentado por el promovente el doce de enero de dos mil diecisiete, en el juicio laboral ***, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo en relación a la fracción IV, del ordenamiento en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes
- Juan Jose Solis Cancino912/2022
- Juan José Solís Rodríguez924/2012
- Juan José Solis Rodriguez26/2021
- Juan Juárez Olvera46/2016
- Juan Juarez Olvera851/2014
- Juan Juárez Olvera321/2014
- Juan Julian Canul Carrillo695/2014
- Juan Leonardo Canul Mex117/2023
- Juan Lima Cabello748/2015
- Juan Lorenzo Ortegon Pacheco1027/2021
- Juan Lorenzo Ortegón Pacheco851/2023
- Juan Luis Avendaño Gómez470/2020