Juan Juárez Olvera

Expediente 46/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
46/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
02/06/2016

Partes del expediente

  • Juan Juárez Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales que anteceden y atento al estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa y terceros interesados, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis, por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que se hubiesen pronunciado al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa y tercero interesada no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante los avisos fijados el cuatro de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se les notifica el proveído de tres de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presente autos, que mediante oficio STyPS/SSTZS/JLCA/384/2016, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad (foja 51), remitió copia certificada del escrito de diecinueve de mayo de dos mil quince, y el acuerdo de quince de abril de dos mil dieciséis (fojas 52 y 53), mismos que obran en el expediente laboral DI-57/2013, en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto; por lo que en auto de veinte de abril del año en curso (fojas 54 a 56) se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no realizar argumento alguno al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En razón de lo anterior y en atención a la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y terceros interesados, sin que hubieran realizado manifestación alguna al respecto; por consiguiente, este Juzgado procede a resolver de oficio, y analizar si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia veintiséis, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del Apéndice de dos mil, Novena Época, que a continuación se cita: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia por virtud de la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Juárez Olvera (fojas 35 a 41), para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "En el término de tres días siguientes a que se le notifique que causó ejecutoria esta sentencia, se pronuncie respecto del escrito presentado por la parte actora [aquí quejoso] el veinte de mayo de dos mil quince, en el juicio DI-54/2013 de su índice." II. Por auto de doce de abril del presente año, la sentencia dictada en el presente asunto causó ejecutoria (fojas 47 y 48), y se requirió a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo, lo cual le fue debidamente notificado el trece de abril de esta anualidad (foja 50). III. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el oficio STyPS/SSTZS/JLCA/384/2016 (foja 51), signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la constancia siguiente: Escrito presentado por la parte actora (aquí quejoso) el veinte de mayo de dos mil quince y el acuerdo de quince de abril de dos mil dieciséis (fojas 52 y 53). Conviene precisar que a las documentales referidas se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". IV. Por proveído de veinte de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que en el término de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo informado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, (fojas 54 a 56), sin que hicieran manifestaciones al respecto. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se determinó que, efectivamente, la autoridad del trabajo no había dictado el acuerdo correspondiente al escrito presentado por la parte quejosa el veinte de abril de dos mil quince, y que hasta la fecha del dictado de la sentencia no existía constancia que de dicha autoridad hubiese emitido el acuerdo respectivo. Por lo que, se evidenció que la autoridad responsable no cumplió con lo establecido en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, pues transcurrió más de diez meses, sin que se hubiere pronunciado en los términos que debió hacerlo, teniendo como consecuencia que se haya paralizado el juicio natural, lo que se traduce en un acto de ejecución irreparable al privar al quejoso del derecho fundamental de acceso efectivo y completo a la jurisdicción. Por tal motivo, se estableció que la autoridad responsable violentó en perjuicio del quejoso el artículo 17 constitucional y, ante ello, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo el efecto de su concesión, en esencia, que la autoridad responsable: En el término de tres días siguientes a que se le notifique que causó ejecutoria esta sentencia, se pronuncie respecto del escrito presentado por la parte actora [aquí quejoso] el veinte de mayo de dos mil quince, en el juicio DI-54/2013 de su índice. Hecha tal precisión, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento se advierte que, en relación a los efectos de la ejecutoria de amparo, la autoridad competente se pronunció de la manera siguiente: "CUENTA: En fecha quince de abril del dos mil dieciséis, doy cuenta a esta H. Junta Local, al Presidente con el escrito presentado ante la Oficialía de Partes, el día veinte de mayo del año dos mil quince. Así como con el estado procesal que guardan los autos del presente expediente.- Conste.- El Secretario General de Acuerdos. Chetumal Quintana Roo, a los quince días de abril el año dos mil dieciséis. AUTO: V I S T O el escrito con que se da cuenta suscrito por el C. JUAN JUAREZ OLVERA parte actora del presente juicio, y atento a su contenido. EL C. PRESIDENTE ACUERDA: En virtud de la Sentencia de Amparo indirecto y su ejecutoria dictada en el juicio de garantías numero 46/2016 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado esta H. Autoridad procede a dar debido cumplimiento a la misma y toda vez que con fecha quince de agosto del año mil catorce, esta autoridad emitió el Laudo número 050/2014-J, mismo que fuera notificado a las partes demandadas y condenadas en el mismo SINDICATO UNICO DE CHOFERES DE AUTOMOVILES DE ALQUILER OTHÓN P. BLANCO en fecha diez de marzo del dos mil quince, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento a lo ordenado en el Laudo antes mencionado, es procedente con fundamento en los artículos 940, 950 de la Ley Federal del Trabajo, dictar auto de requerimiento de pago y/o embargo en contra de la demandada SINDICATO UNICO DE CHOFERES DE AUTOMOVILES DE ALQUILER OTHÓN P. BLANCO para que cumplan con lo condenado en el laudo dictado en el presente juicio, por lo tanto en términos de lo dispuesto por el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo, requiérase a la parte demandada condenada la cantidad de $410,695.00 (SON CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) misma que se integra de la siguiente manera: la cantidad $4,199.00 (SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de quince días de trabajo correspondientes a la primera quincena del mes de febrero de dos mil trece; la cantidad de $1,922.20 (SON: UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.) por concepto de pago de siete días de trabajo correspondientes a la segunda quincena del mes de febrero del dos mil trece; la cantidad de $64,805.60 (SON SESENTA CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 604/100 M.N.) por concepto de pago de adeudos salariales correspondientes al periodo del diez de mayo del dos mil once al dos de enero de dos mil doce, tiempo laborado y no remunerado dado el conflicto intersindical; la cantidad de $1,269.00 (SON UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de aguinaldo correspondientes al año dos mil doce; la cantidad de $4,942.80 (SON CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) por concepto de pago de vacaciones correspondiente al año dos mil doce; la cantidad de $1,235.70 (SON UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.) por concepto de pago de prima vacacional correspondiente al año dos mil doce; la cantidad de $99,063.30 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.) por concepto de pago de salarios caídos, contados y corridos desde la fecha del despido injustificado, dos de enero del dos mil trece hasta el primero de enero del año dos mil catorce, doce meses, mas la cantidad de $12,357.00 (SON DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) monto correspondiente al 2% de interés mensual sobre el importe de quince meses de salario, de cinco meses transcurridos, del dos de enero de dos mil catorce al primero de junio de dos mil catorce; la cantidad de $24,714.00 (SON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de pago de Indemnización Constitucional; la cantidad de $116,729.71 (SON CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 71/100 M.N.) por concepto de pago de 20 días por cada año de servicios prestados de conformidad con el artículo 50 Fracción II de la Ley Federal del Trabajo; la cantidad de $ 30,136.70 (SON TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SER (sic) PESOS 70/100 M.N.) por concepto de pago de prima de antigüedad; la cantidad de $49,400.00 (SON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.) por concepto del 2% de interés mensual desde la fecha del Laudo hasta la presente fecha; por lo que proceda el actuario de la adscripción a realizar dicho requerimiento el cual deberá realizarse en el domicilio de la demandada quienes tienen su domicilio en Mahatma Gandhi numero ciento cuarenta y siete (147) de esta Ciudad y Avenida dieciséis (16) de Septiembre ciento ochenta y cinco (185) centro de esta Ciudad y/o Mahatma Gandhi numero ciento cuarenta y siete (147) entre dieciséis de septiembre y Miguel Hidalgo de esta Ciudad, facultando al funcionario anteriormente mencionado para el caso de que la demandada se niegue a realizar el pago de las cantidades requeridas, para embargar bienes suficientes que garanticen las cantidades señaladas con anterioridad, lo anterior con fundamento en los articulo (sic) 950, 951, y 952 de la Ley Federal del Trabajo. Agréguense los escritos de cuenta a los autos del presente expediente para que obren como legalmente corresponda.- NOTIFIQUESE Y PROVEASE SU FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO. [.]". De la transcripción anterior, se obtiene que la autoridad competente se acogió al efecto precisado en la sentencia constitucional dictada por este órgano jurisdiccional el cual consistía en pronunciarse respecto del escrito presentado por la parte actora [aquí quejoso] el veinte de mayo de dos mil quince, en el juicio DI-54/2013 de su índice, porque de la lectura integra que se hace al contenido de dicho proveído se evidencia que atendió lo peticionado por escrito por el aquí quejoso. En ese contexto, es evidente que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector al quedar satisfecho el efecto para el que se concedió; en tales circunstancias, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta defecto o exceso en su cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa y terceros interesados por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintiuno de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se les notifica el proveído de veinte de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de doce de abril del año en curso, ya que remite copia certificada del escrito presentado por la parte actora (aquí quejoso) el veinte de mayo de dos mil quince y el acuerdo de quince de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual se pronunció respecto a dicho escrito, dictado dentro del juicio laboral DI-57/2013 de su índice. En mérito de lo anterior, se da vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos que obran en autos.

  4. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de marzo del año en curso (fojas 35 a 41), en el presente juicio sin que las partes hayan hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA EJECUTORIADA, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en la aludida sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión: con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la sentencia de amparo, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, en relación al 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, para iniciar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. Cabe precisar, que dada la naturaleza autónoma que le reviste a la Presidenta de la Junta laboral aquí responsable, este órgano jurisdiccional no requiere agotar mayores diligencias para dar inicio al trámite de ejecución y destitución de cargo que refiere el diverso numeral 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con el diverso 193 de la ley de la materia.

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